Cuando el que contamina no paga
Dos d¨¦cadas despu¨¦s del desastre de Aznalc¨®llar, los responsables de la mina siguen sin asumir el coste del vertido
Aznalc¨®llar
20 a?os de un desastre medioambiental
Cuentan los vecinos que en la madrugada de aquel 25 de abril de 1998, hace ahora dos d¨¦cadas, un estruendo reson¨® en Aznalc¨®llar. Y esta vez no era una de las habituales explosiones controladas para horadar la roca en la mina del municipio sevillano. Aquel estruendo fue el inicio de uno de los peores accidentes medioambientales en Espa?a y de una interminable carrera para lograr que la empresa que explotaba la mina Los Frailes ¨Cla sueca Boliden¨C asuma el multimillonario coste del desastre. Porque, 20 a?os despu¨¦s, quien contamin¨® a¨²n no ha pagado.
Aquella noche de abril parte del muro de la gigantesca balsa de residuos de la explotaci¨®n minera se vino abajo. Y se desat¨® una riada de lodos t¨®xicos y aguas ¨¢cidas. La brecha ¨Cde 50 metros¨C se abri¨® en la pared de la balsa que daba al r¨ªo Agrio, que a su vez desemboca en el Guadiamar, que termina en el Guadalquivir y en Do?ana... Un recorrido de 62 kil¨®metros por el que discurrieron seis millones de metros c¨²bicos de lodos y aguas contaminados con zinc, plomo, azufre...
La Junta de Andaluc¨ªa, el Gobierno y Boliden llenaron el Guadiamar de diques y represas para evitar que el vertido llegase a Do?ana. Y se logr¨® que se quedaran a las puertas del espacio protegido.
En los meses siguientes se depuraron aguas, se descontamin¨® la tierra y se retiraron los lodos de una superficie de 4.634 hect¨¢reas. La balsa est¨¢ ahora sellada y colmatada ¨Cy coronada por paneles solares¨C y el r¨ªo Guadiamar es un corredor verde. Pero la Junta y el Gobierno siguen reclamando a Boliden m¨¢s de 133 millones.
Cada a?o, esta compa?¨ªa incluye una coletilla en sus informes de resultados cuando se refiere a los procedimientos judiciales abiertos en Espa?a: "La empresa no sufrir¨¢ ninguna p¨¦rdida financiera sustancial como resultado" de esos procesos. "Boliden gast¨® aproximadamente 100 millones de euros", sostiene un portavoz de la empresa a trav¨¦s de un correo electr¨®nico. Esos recursos fueron para "las medidas de limpieza y recuperaci¨®n", a?ade.
Pero Boliden solo se hizo cargo de la zona m¨¢s pr¨®xima a la balsa. La limpieza del resto de la superficie afectada por el vertido t¨®xico ¨Cel 90% de toda la zona da?ada¨C corri¨® a cargo del Gobierno y, sobre todo, de la Junta. Tambi¨¦n las costosas expropiaciones, que superaron los 60 millones de euros.
Estas dos Administraciones no han logrado recuperar lo que costaron aquellos trabajos. La Junta reclama desde 2002 a la multinacional 89,9 millones solo por los gastos de restauraci¨®n de la zona; el Gobierno central intenta cobrar la sanci¨®n de 43,7 millones que le impuso tambi¨¦n en 2002.
"S¨ª, en principio, quien contamina debe pagar", admite uno de los abogados que ha ayudado en estos 20 a?os a Boliden a evitar que las Administraciones cobren. Pero el letrado, que prefiere quedar en el anonimato, apunta como responsable de la cat¨¢strofe a las constructoras de la balsa y a los que hicieron los estudios geol¨®gicos. Boliden demand¨® en su d¨ªa a esas empresas ¨CACS, Geocisa e Intecsa-Inarsa¨C, pero la justicia no le dio la raz¨®n.
Cuando en 2002 la Junta y el Gobierno iniciaron los tr¨¢mites para que Boliden pagara esos 133 millones, la multinacional ya hab¨ªa recurrido a una t¨¢ctica bien conocida en las zonas que han sufrido un desastre medioambiental: echar el cierre de su filial y marcharse. Boliden clausur¨® en 2001 la mina, dej¨® sin empleo a m¨¢s de 400 trabajadores y cerr¨® su filial en Espa?a, Aprisa.
Esta marcha ha complicado la recuperaci¨®n de los fondos p¨²blicos que se emplearon para descontaminar la zona afectada y la sanci¨®n. Tambi¨¦n han influido los vaivenes judiciales de un caso en el que la v¨ªa penal se cerr¨® en 2000 sin que se condenara a nadie. Un buen ejemplo de este periplo interminable es el recorrido de la demanda por los 89,9 millones presentada en 2002 por la Junta. La reclamaci¨®n se present¨® en el Juzgado de Instrucci¨®n 11 de Sevilla y, tras 13 a?os en los que magistrados de diferentes instancias y jurisdicciones declaraban que no eran los competentes para decidir, el caso volvi¨® al punto de partida. En 2015 el Ejecutivo andaluz tuvo que volver a presentar la misma demanda por 89,9 millones en el mismo Juzgado de Instrucci¨®n 11. Hace un par de a?os, el juez intent¨® que ambas partes llegaran a un acuerdo, detallan fuentes del caso. Pero no fue posible y ahora se est¨¢ a la espera de que se fije la vista oral para esta enquistada demanda.
?Podr¨ªa darse ahora un caso similar? "No, la Ley de Responsabilidad Ambiental, de 2007, establece que quien contamina paga", responde el viceconsejero andaluz de Medio Ambiente, Jos¨¦ Luis Hern¨¢ndez Garijo. "Han transcurrido 20 a?os y la normativa, afortunadamente, ha evolucionado", coincide Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. "Tanto la legislaci¨®n espec¨ªfica de responsabilidad medioambiental, que define como da?o medioambiental los causados a la biodiversidad, las aguas continentales y marinas y los suelos, como la legislaci¨®n sectorial establecen un r¨¦gimen para la prevenci¨®n y reparaci¨®n", a?ade. Otra cosa es aspirar a una respuesta veloz. "Es un problema del sistema; si tienes dinero para recurrir, eternizas los casos", explica Carlos Gonz¨¢lez-Ant¨®n, abogado especializado en derecho medioambiental.
Antonio Vercher, el fiscal de sala coordinador de medio ambiente y urbanismo, prefiere ser pragm¨¢tico; es decir, centrarse en evitar que se produzca una tragedia similar. Recuerda que su departamento solicit¨® a principios de esta d¨¦cada al Instituto Geol¨®gico y Minero de Espa?a un listado de las grandes balsas de residuos mineros que puedan ser un riesgo. "Y se present¨® una querella por una balsa de Mazarr¨®n, en Murcia", explica. "Estamos decididos a que no pase otro desastre como Aznalc¨®llar".
Objetivo: salvar Do?ana?
El responsable t¨¦cnico de la oficina de SEO BirdLife en Do?ana, Carlos D¨¢vila, a¨²n recuerda lo que sinti¨® cuando lleg¨® como voluntario a la zona del desastre. "Incredulidad y mucha angustia". Ante sus ojos el r¨ªo Guadiamar presentaba un escenario desolador. La rotura de la balsa hab¨ªa anegado 62 kil¨®metros, da?ado 3.600 hect¨¢reas de cultivos y pastizales, contaminado las marismas de Entremuros, matado a 26 toneladas de peces y afectado a cientos de aves.
"En los primeros momentos, la mayor preocupaci¨®n que ten¨ªamos era impedir que las aguas t¨®xicas entraran en el Parque Nacional de Do?ana. Se construyeron barreras para impedirlo, pero ten¨ªamos miedo de no conseguirlo", apunta el t¨¦cnico, quien rememora que los lodos se quedaron a las puertas del espacio. "A¨²n tengo grabada la imagen de los voluntarios sacando de los nidos los huevos de especies en peligro de extinci¨®n como la cerceta pardilla, traslad¨¢ndolos, tratando de alimentar a los polluelos", recuerda D¨¢vila.
La coordinaci¨®n entre las Administraciones, la limpieza bajo criterios cient¨ªficos en la que participaron unos 800 voluntarios y el desembolso de alrededor de 240 millones de euros de fondos p¨²blicos facilitaron que la zona est¨¦ hoy descontaminada y haya recuperado su riqueza ecol¨®gica. El Guadiamar es ahora un corredor verde protegido.
Sin embargo, un estudio de las Universidades de Granada y Almer¨ªa publicado en 2015 revelaba que a¨²n existe cerca de la mina una peque?a proporci¨®n de suelos afectados por altos niveles de acidez y de metales pesados como ars¨¦nico, plomo, cobre y zinc. "La zona est¨¢ ahora muy parecida a como estaba antes del desastre, podemos decir que no quedan secuelas, salvo esos puntos cercas de la mina", apunta D¨¢vila.
El zinc que a¨²n guarda la mina
Boliden termin¨® march¨¢ndose de Espa?a en 2001. Dej¨® a m¨¢s de 400 personas sin trabajo y miles de toneladas de zinc en Aznalc¨®llar. Dos d¨¦cadas despu¨¦s del desastre, la actividad ha vuelto la mina.
Tras un concurso convocado por la Junta para adjudicar la explotaci¨®n del yacimiento, sobre el que a¨²n pesa una investigaci¨®n judicial por supuesto ama?ado, la empresa Minera Los Frailes (Grupo M¨¦xico y Minorbis) lleva invertidos 17 millones de euros para su reapertura desde 2016. Ahora est¨¢ pendiente de los permisos medioambientales de la Junta y la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir. La empresa prev¨¦ comenzar a construir las instalaciones en el primer trimestre de 2019 y que en tres a?os pueda comenzar a extraerse metal.
Con 6.100 habitantes y una tasa de paro del 28%, Aznalc¨®llar ha mirado hacia la mina como soluci¨®n al desempleo desde que la Junta anunci¨® su intenci¨®n de reabrirla en 2013. Seg¨²n datos de la empresa, se prev¨¦ la creaci¨®n de 450 empleos directos, 780 indirectos y 825 inducidos. Actualmente, hay 41 trabajadores. "Casi podremos llegar al pleno empleo", asegura el alcalde de la localidad, Juan Jos¨¦ Fern¨¢ndez (IU). "Poco a poco la ilusi¨®n va trayendo la inversi¨®n, aunque nos gustar¨ªa que todo fuese m¨¢s r¨¢pido", reconoce.
El proyecto minero, que cuenta con una inversi¨®n prevista de 316 millones, contempla que anualmente se generar¨¢n 170.0000 toneladas de concentrado de cinc, 50.000 de plomo y 20.000 de cobre. La fase de explotaci¨®n durar¨¢ en torno a 17 a?os.?
Fotograf¨ªas y v¨ªdeos con dron de Paco Puentes
Dise?o y maquetaci¨®n de Ruth Benito y Nelly Natal¨ª S¨¢nchez
Edici¨®n de v¨ªdeo y grafismo de Paula Casado
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