El v¨ªdeo de Cifuentes y otras 1.000 reclamaciones

?Puede una grabaci¨®n de un circuito de vigilancia de un establecimiento p¨²blico salir a la luz siete a?os despu¨¦s de que fuera registrada? La ley dice que no, que deber¨ªa destruirse en los 30 d¨ªas siguientes, pero las im¨¢genes que forzaron el mi¨¦rcoles a Cristina Cifuentes a dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid demuestran lo contrario. La difusi¨®n de las im¨¢genes en las que se recoge el supuesto hurto de dos tarros de crema por parte de la pol¨ªtica en un centro comercial cercano a la Asamblea de Madrid cuestionan la seguridad con la que se custodian en Espa?a estos archivos, cada vez m¨¢s numerosos. En 2016, ¨²ltimo a?o del que hay estad¨ªsticas, en Espa?a hab¨ªa cerca de 300.000 ficheros videogr¨¢ficos para custodiar estas grabaciones. 67.000 de ellos correspond¨ªan a establecimientos dedicados al comercio, seg¨²n refleja el ¨²ltimo anuario de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos.

La existencia de la pol¨¦mica filmaci¨®n ha provocado la apertura de dos investigaciones. La propia Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos anunci¨® el mismo mi¨¦rcoles el inicio de una actuaci¨®n previa de investigaci¨®n que en los pr¨®ximos meses -tiene un plazo m¨¢ximo de un a?o- debe concluir si se ha vulnerado o no la ley de protecci¨®n de datos. En caso afirmativo, arrancar¨¢ entonces un procedimiento sancionador contra aquella empresa o persona f¨ªsica a la que se considere responsable de la infracci¨®n. En el transcurso del mismo, que no puede durar m¨¢s de seis meses, estos pueden presentar alegaciones. Al t¨¦rmino, se concluir¨¢ la sanci¨®n, que puede ir desde un simple apercibimiento hasta una multa de 600.000 euros. En 2016, la Agencia abri¨® un total de 1.036 investigaciones relacionadas con irregularidades de todo tipo en la videovigilancia de espacios p¨²blicos, un n¨²mero solo superado por las iniciadas por los ficheros de morosidad. De ellas, 170 acabaron en sanci¨®n, seg¨²n la memoria del organismo.

La segunda investigaci¨®n ha sido abierta por la empresa Eroski, propietaria del supermercado donde se grab¨® a Cifuentes y, por tanto, titular del fichero videogr¨¢fico del que se obtuvieron las im¨¢genes. Un portavoz de la compa?¨ªa insist¨ªa este jueves que la compa?¨ªa hab¨ªa seguido de manera "escrupulosa" el protocolo legal que obliga a destruir esas im¨¢genes en un m¨¢ximo de un mes desde su grabaci¨®n salvo que sean requeridas antes por la polic¨ªa o la justicia, algo que en el caso de las im¨¢genes de la ya expresidenta madrile?a no pas¨® ya que nunca hubo denuncia por el hurto. "El borrado es autom¨¢tico, ni siquiera necesita la intervenci¨®n de nadie. Las im¨¢genes se automachacan siempre antes de un mes porque se graban otras encima", detallan, antes de asegurar que el disco duro que se utiliz¨® entonces ni siquiera existe ya: "Al traspasar aquel centro a otro operador, todo se destruy¨®".?

¡°Alguien tuvo que hace una copia. Eso es evidente. Nuestros servicios jur¨ªdicos est¨¢n analizando todo lo que pudo suceder. Nos reservamos el derecho a emprender acciones legales si fueran oportunas¡±, a?ade este portavoz antes de recalcar que si bien la propiedad del fichero era de Eroski, "la gesti¨®n estaba subcontratada" a la compa?¨ªa que daba seguridad al supermercado, Casesa. "La responsabilidad de la gesti¨®n y del buen uso, y de si alguien tiene que sacar una copia porque hay un proceso judicial o policial que lo requiera, era de la empresa de seguridad¡±.?EL PA?S intent¨® conocer la versi¨®n de Casesa, pero desde esta compa?¨ªa declinaron hacer ning¨²n tipo de declaraciones "a periodistas".

El jueves, Cristina Cifuentes no hab¨ªa decidido a¨²n si iba a emprender acciones legales por la difusi¨®n de aquellas im¨¢genes, seg¨²n fuentes de su entorno. De hacerlo, obligar¨ªa a la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos a paralizar su investigaci¨®n, seg¨²n reconocen fuentes de este organismo. No obstante, la viabilidad de una denuncia penal es dudosa. Artemi Rallo, exdirector de la Agencia y hoy diputado del PSOE, no cree que en el caso del v¨ªdeo de Cifuentes exista alg¨²n tipo de il¨ªcito, "ya que no parece afectada la intimidad de la persona". Id¨¦ntica opini¨®n tiene Samuel Parra, jurista experto en Protecci¨®n de Datos: "Solo habr¨ªa delito si alguien no autorizado, como un pirata inform¨¢tico, hubiera accedido al sistema para hacerse con esas im¨¢genes. Entonces se podr¨ªa hablar de revelaci¨®n de secretos". Sin embargo, est¨¢ convencido de que en este caso "todo apunta a un empleado desleal que s¨ª ten¨ªa acceso autorizado y, por lo tanto, no hubo dicho delito".

Para Rallo, el esc¨¢ndalo provocado es la demostraci¨®n de que todos estamos expuestos cada d¨ªa m¨¢s a la videovigilancia: "La sociedad ha asumido esta realidad de vigilancia permanente. Es inevitable, por lo que debemos dotarnos de mecanismos para evitar que se vulneren la protecci¨®n de la imagen personal". El exdirector de la agencia cree que esos instrumentos existen desde 2006 [cinco a?os antes de la grabaci¨®n del v¨ªdeo de Cifuentes], con una instrucci¨®n que regula desde entonces?el plazo de conservaci¨®n de las im¨¢genes limit¨¢ndolo a un mes. Rallo considera que con este mecanismo "no son necesarias m¨¢s prevenciones legales. Elevar las sanciones econ¨®micas que recoge la ley de protecci¨®n de datos, que ya son altas, no servir¨ªa para nada". El diputado socialista insiste en que la soluci¨®n est¨¢ "en la concienciaci¨®n de la sociedad. Todos debemos saber como actuar y ejercer nuestros derechos frente a estas grabaciones".

Parra matiza dicha opini¨®n y considera que, si bien la actual regulaci¨®n es correcta, a¨²n se podr¨ªan incluir algunas mejoras y, sobre todo, hacerla m¨¢s clara. "Se deber¨ªa evitar, por ejemplo, que las personas con acceso directo a las grabaciones de videovigilancia accedan al lugar donde se visionan o se guardan con dispositivos de grabaci¨®n. En algunas empresas ya te impiden entrar con un tel¨¦fono m¨®vil en determinados lugares precisamente para impedir que hagas una foto al documento que aparece en una pantalla de ordenador. Esa pr¨¢ctica se debe generalizar". A¨²n as¨ª, admite que la seguridad total "no existe" y que es imposible evitar que, como en el caso de Cifuentes, alguien se haga con una grabaci¨®n comprometedora de manera irregular y la guarde siete a?os en un caj¨®n a la espera de sacarla a la luz.