El bot¨ªn m¨¢s cutre de Granados y Gonz¨¢lez

El valor econ¨®mico del ordenador port¨¢til, ya de segunda mano y con al menos siete a?os de uso no es muy grande, pero la an¨¦cdota es reveladora del concepto que tienen algunos cargos pol¨ªticos del patrimonio p¨²blico que las instituciones ponen a su servicio. El pasado 25 de abril, mientras Cristina Cifuentes anunciaba su dimisi¨®n como presidenta de la Comunidad de Madrid, un conductor de la Asamblea regional se person¨® en la Audiencia Nacional con una misi¨®n muy especial: recoger un ordenador Toshiba modelo NB100-12X propiedad del parlamento auton¨®mico que el cabecilla de la trama P¨²nica, Francisco Granados, se hab¨ªa quedado despu¨¦s de dimitir en febrero de 2014 tras publicarse que ten¨ªa una cuenta con 1,5 millones de euros en Suiza.

El port¨¢til, que le fue entregado en 2011 al ser elegido diputado en la IX Legislatura auton¨®mica, fue intervenido en octubre de 2014 por los agentes de la Guardia Civil que detuvieron a Granados en la Operaci¨®n P¨²nica, tras lo que el expol¨ªtico estuvo dos a?os y ocho meses en prisi¨®n provisional. En el registro de su domicilio en Valdemoro, los investigadores se llevaron, adem¨¢s del port¨¢til de la Asamblea, un verdadero bazar de dispositivos tecnol¨®gicos en busca de pruebas sobre la trama de corrupci¨®n. Entre ellos, una tablet Samsung marcada con una pegatina que pone ¡°Senado¡±. Granados fue nombrado senador por designaci¨®n auton¨®mica en aquella legislatura hasta su renuncia por la cuenta suiza. En esa peque?a feria de la inform¨¢tica, hab¨ªa otros tres port¨¢tiles ¨Cestos supuestamente privados¨C, dos discos duros, un iPad y una memoria USB con el logotipo de la Universidad Rey Juan Carlos, adem¨¢s de otros siete pendrive y un ordenador de sobremesa.

Granados pidi¨® la devoluci¨®n de todos ellos el pasado 9 de abril en un escrito en el que alegaba como principal argumento su "colaboraci¨®n total con el Juzgado para el esclarecimiento de los hechos". El pol¨ªtico tambi¨¦n esgrim¨ªa los m¨¢s de tres a?os transcurridos desde que le fueron intervenidos y el hecho de que a otros imputados ya se les hubieran repuesto los equipos inform¨¢ticos que les requisaron cuando fueron detenidos. Tres d¨ªas despu¨¦s, el secretario judicial le anunciaba la devoluci¨®n de tres ordenadores port¨¢tiles, incluido el Toshiba, y le comunicaba que el equipo de sobremesa hab¨ªa sido puesto a disposici¨®n de la Guardia Civil para que lo usara durante la investigaci¨®n.

La respuesta de Granados se produjo el pasado 23 de diciembre con un escrito en el que criticaba que solo se devolvieran parte de los equipos y que uno de los ordenadores fuera utilizado por los agentes de la UCO. Ese mismo d¨ªa, el juzgado decid¨ªa no solo no ampliar el n¨²mero de objetos a devolver, sino que reduc¨ªa los tres port¨¢tiles a entregarle a solo dos. El motivo no era otro que el escrito que hab¨ªa remitido por correo electr¨®nico la directora de Inform¨¢tica y Tecnolog¨ªa de la Asamblea de Madrid en el que informaba de que el Toshiba era, en realidad, del parlamento regional. Dos d¨ªas despu¨¦s, un conductor de la Asamblea acud¨ªa a recogerlo al juzgado de Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor del sumario.?

Granados no ha sido el ¨²nico pol¨ªtico del que se ha sabido que no ha devuelto los ordenadores que le fueron facilitados por raz¨®n del cargo. El pasado marzo, el juez Garc¨ªa-Castell¨®n, rechaz¨® entregar al expresidente madrile?o Ignacio Gonz¨¢lez uno de los cuatro ordenadores que le fueron intervenidos en abril de 2017 en la Operaci¨®n Lezo de corrupci¨®n. Gonz¨¢lez pretend¨ªa que se le entregara un port¨¢til, tambi¨¦n de la marca Toshiba, que en realidad pertenec¨ªa a la Comunidad de Madrid. El magistrado, en una resoluci¨®n del 15 de marzo, orden¨® que el dispositivo fuera devuelto ¡°a su leg¨ªtimo propietario¡±, es decir, a la Administraci¨®n auton¨®mica.

Entonces, la decisi¨®n se produjo despu¨¦s de Gonz¨¢lez y varios imputados se opusieran a que sus equipos inform¨¢ticos fueran utilizados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quienes los hab¨ªan solicitado ante la escasez de equipos inform¨¢ticos con las suficientes prestaciones t¨¦cnicas para abordar las complejas pesquisas que requieren los casos de corrupci¨®n. En su escrito, los agentes consideraban que las caracter¨ªsticas de los ordenadores intervenidos, la mayor parte de ¨²ltima generaci¨®n, los hac¨ªan especialmente id¨®neos "para avanzar en las investigaciones". El magistrado accedi¨® a ello.

Sin embargo, la Secci¨®n Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional revoc¨® a principios de este a?o la autorizaci¨®n y orden¨® que se devolvieran los dispositivos inform¨¢ticos a sus propietarios. Gonz¨¢lez y otros cuatro imputados fueron citados el pasado 12 de febrero en la Audiencia Nacional para que recogieran los equipos. En ese acto, el expresidente de la Comunidad de Madrid recuper¨® tres, pero no el cuarto. El motivo ven¨ªa recogido en la diligencia judicial de entrega en la que se especificaba que la Guardia Civil hab¨ªa acompa?ado los equipos de un oficio en el que destacaba que ese cuarto ordenador que reclamaba el pol¨ªtico como de su propiedad presentaba "una pegatina con el s¨ªmbolo de la Comunidad de Madrid y un c¨®digo de barras con una inscripci¨®n" que pon¨ªa en duda la verdadera propiedad del mismo.

Gonz¨¢lez recurri¨® la decisi¨®n, pero el juez Garc¨ªa-Castell¨®n dict¨® un auto en el que dejaba claro que "el ordenador que solicita [el pol¨ªtico] es propiedad de la Comunidad de Madrid, y por tanto, ser¨¢ a su leg¨ªtimo propietario a quien deber¨¢ devolverse el citado efecto".