Las otras deudas del ¡®proc¨¦s¡¯
Una decena de empresas esperan cobrar los 1,6 millones que les debe la Generalitat por trabajos vinculados al 1-O
Ferran Burriel sabe que ser¨¢ complicado, pero no lo da por perdido. Este empresario de Barcelona espera cobrar los 80.440 euros que la Generalitat de Catalu?a adeuda a su empresa, Nothingad Comunicaci¨®, por una campa?a publicitaria sobre el censo de catalanes en el extranjero. ¡°Espero que la cosa se clarifique y, m¨¢s adelante, podamos cobrar, porque hemos hecho un trabajo¡±, explica. La cifra aparece consignada en el ¨²ltimo informe que la Guardia Civil ha enviado al juez Pablo Llarena, que cifra en 1,6 millones la cantidad que el Gobierno catal¨¢n a¨²n debe abonar por trabajos supuestamente vinculados al refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre. Seg¨²n ese informe, destinado a acreditar la presunta malversaci¨®n de fondos p¨²blicos en el proc¨¦s, el coste total de la consulta fue de 3,2 millones.
M¨¢s all¨¢ del supuesto delito, la investigaci¨®n sobre los gastos del 1-O muestra un efecto colateral: una decena de empresas y entidades se han quedado sin percibir los honorarios a los que se hab¨ªa comprometido la Generalitat. Como Nothingad. Burriel asegura que ha mantenido ¡°conversaciones¡± informales con la Administraci¨®n y que, por ahora, le han dado calabazas: ¡°Tienen intenci¨®n de pagar, pero dicen que ahora no puede ser porque el tema est¨¢ judicializado¡±. El empresario lamenta que un proceso penal al que es ajeno perjudique a su negocio. E insiste en que su campa?a publicitaria nada ten¨ªa que ver con la consulta. ¡°Si esto me pasa hace tres a?os, en plena crisis, me obliga a cerrar¡±, subraya Burriel.
La empresa que s¨ª ha tenido que bajar la persiana (est¨¢ en fase de liquidaci¨®n) es Unipost. Aunque su situaci¨®n financiera ya estaba tocada de muerte antes de recibir el encargo de la Generalitat para el 1-O ¡ªrepartir las tarjetas censales y las cartas certificadas a los componentes de las mesas electorales¡ª, Unipost dej¨® de ingresar por el 1-O casi 975.000 euros, seg¨²n el listado de la Guardia Civil. En su declaraci¨®n ante el juez, el exdirector general de la empresa de mensajer¨ªa, Pablo Ravent¨®s, asegur¨® que no se cobr¨® ni un solo euro por la correspondencia, que fue intervenida por los investigadores.
Frente al gigante Unipost, la peque?a Estudi Dad¨¤ est¨¢ pendiente de recibir 8.950 euros por participar tambi¨¦n en la creaci¨®n del registro de catalanes en el exterior. Para una empresa de ese tama?o, todo ingreso perdido cuenta y supone un desajuste en caja. Un responsable de Dad¨¤ se muestra menos optimista que Burriel: ¡°No hemos cobrado y, tal y como est¨¢n las cosas, no creo que veamos un duro. Toca esperar y ver si un d¨ªa se arregla¡±.
La esperanza de las empresas pasa por que las partidas de la Generalitat ¡ªla mayor¨ªa, aprobadas por el Departamento de Presidencia¡ª queden excluidas de la causa judicial. Solo as¨ª podr¨ªa abrirse, en el futuro, la posibilidad de cobrar el dinero. Un portavoz del Gobierno catal¨¢n ha rechazado pronunciarse sobre los pagos con el argumento de que ¡°el tema est¨¢ judicializado¡±.
M¨¢s dif¨ªcil lo tienen las empresas que recibieron el encargo del Diplocat, porque ya no existe y no hay a qui¨¦n reclamar. El ¨®rgano de relaciones exteriores de la Generalitat, que gestionaba las llamadas embajadas y que sirvi¨® para lanzar el proc¨¦s en la esfera internacional, fue disuelto en aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n el pasado 27 de octubre.
El documento policial recoge que Diplocat contrat¨® por 27.000 euros contenidos en ingl¨¦s para la p¨¢gina cataloniavotes.eu, ¡°la cual ten¨ªa la finalidad de difundir el refer¨¦ndum del 1-O¡±. La empresa adjudicataria fue Ara.cat, editora del diario Ara. Tras el an¨¢lisis de documentaci¨®n contable, los agentes concluyen que la Generalitat lleg¨® a abonar 16.200 euros a Ara.cat y que a¨²n le quedaba por pagar 10.800. Fuentes de la compa?¨ªa editora admiten los trabajos, que desligan de la consulta. ¡°Adquirieron art¨ªculos del peri¨®dico en ingl¨¦s que utilizaron como contenido en esa p¨¢gina¡±, dicen. Sobre el dinero pendiente, admiten que esperan poder cobrarlo en alg¨²n momento. ¡°No entiendo por qu¨¦ no deber¨ªan pagarnos¡±, afirman, antes de reconocer que no han hecho a¨²n ninguna gesti¨®n para reclamarlo.
El Diplocat tambi¨¦n contrat¨® a los observadores internacionales que deb¨ªan velar por la buena marcha del refer¨¦ndum. Al think tank The Hague Center for Strategic Studies le fueron abonados 119.000 euros. Pero a¨²n est¨¢n pendientes otros 47.000. Consultado por este diario, The Hague declin¨® dar explicaciones sobre si piensan reclamar esa cantidad: ¡°Es un pago pendiente entre nuestro centro y la Administraci¨®n y no hacemos comentarios¡±.
Mayor es la deuda que tiene el Govern con la Corporaci¨®n Catalana de Medios Audiovisuales, de la que dependen TV3 y el resto de medios de titularidad p¨²blica de la Generalitat. La emisi¨®n del anuncio institucional de ¡°las v¨ªas del tren¡± ¡ªque invitaba a votar en el refer¨¦ndum¡ª en la televisi¨®n auton¨®mica, Catalunya Radio y distintos medios digitales fue contratada por Presidencia, la consejer¨ªa del hoy encarcelado Jordi Turull, a trav¨¦s de esta compa?¨ªa p¨²blica. La investigaci¨®n ha revelado la existencia de dos facturas, una de septiembre y otra de octubre del a?o pasado, por un valor total de 277.804 euros, emitidas por la Corporaci¨®n al departamento de Turull que, hasta ahora, constan como no abonadas. Fuentes oficiales del ente p¨²blico se limitaron a asegurar: ¡°Toda la informaci¨®n que afecta a esta cuesti¨®n ya la hemos trasladado a la Guardia Civil, primero, y al juez¡±.
Tambi¨¦n han declinado dar detalles sobre la deuda que la Generalitat tiene con ellas tres empresas dedicadas a la impresi¨®n en las que, d¨ªas antes de la celebraci¨®n de la consulta ilegal, la Guardia Civil intervino carteler¨ªa en favor de la misma.
El ¨²ltimo informe policial cifra en cerca de 62.000 euros el valor del material supuestamente pedido por la Generalitat a estas compa?¨ªas a trav¨¦s de ?mnium Cultural y que ten¨ªa como objetivo publicitar el refer¨¦ndum ilegal. En conversaci¨®n telef¨®nica, Marc Marti y Zukoy, de Artyplan, declinaron responder a este diario. Los investigadores destacan que los responsables de estas sociedades se negaron a declarar cuando fueron citados en dependencias de la Guardia Civil y que, de hecho, el valor del material intervenido se hizo mediante una estimaci¨®n.
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