Montoro detalla al Supremo nueve denuncias y escritos por financiaci¨®n ilegal del ¡®proc¨¦s¡¯

El ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, ha asegurado a trav¨¦s de un documento dirigido al magistrado Pablo Llarena, que su departamento present¨® nueve escritos denuncia al fiscal general del Estado y al Tribunal de Cuentas entre el 14 de febrero de 2017 y el 7 de febrero de este a?o por posibles delitos relacionados con el mal uso del dinero p¨²blico por parte de la Generalitat, seg¨²n el escrito que ha adelantado este lunes la Ser y al que ha tenido acceso este peri¨®dico.

Con este informe, Montoro trata de explicar al instructor de la causa por rebeli¨®n y malversaci¨®n de los l¨ªderes del proc¨¦s unas declaraciones en una entrevista en El Mundo en las que aseguraba: "No s¨¦ con qu¨¦ dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutenci¨®n de Puigdemont. Pero s¨¦ que no con dinero p¨²blico". Tras publicarse sus palabras, Llarena reclam¨® al ministro que explicara por qu¨¦ dijo que no se us¨® dinero p¨²blico en el refer¨¦ndum ilegal.

En su informe, el titular de Hacienda mantiene esa afirmaci¨®n y pide que se ponga "en el contexto period¨ªstico y pol¨ªtico" en el que se dijo. "Mis declaraciones en modo alguno contradicen los medios de prueba practicados por los Tribunales de Justicia", a?ade en el escrito, de ocho folios.

En su respuesta, el ministro ensalza los sistemas de control de Presupuesto de Catalu?a aprobados por el Gobierno desde el 20 de noviembre de 2015, porque gracias a ellos "se ha impedido que exista la instrumentalizaci¨®n de un presupuesto p¨²blico para conseguir la independencia de una parte del territorio espa?ol". A pesar de ello, considera que se han podido cometer algunos delitos relacionados con el uso de dinero p¨²blico para el proc¨¦s. "En los casos en los que se ha detectado sospecha de indicios de delito, se ha puesto con la debida diligencia en conocimiento de las autoridades judiciales", a?ade.

Los nueve escritos a los que alude son cuatro presentados ante el fiscal general del Estado porque la interventora catalana no facilitaba suficiente informaci¨®n sobre el refer¨¦ndum catal¨¢n y otros que abordan la negativa de la Generalitat a aportar contratos de auditor¨ªa y de prestaci¨®n de servicios bancarios, a la falta de informaci¨®n sobre la partida de publicidad, difusi¨®n y campa?as electorales y a la negativa de las autoridades catalanas a explicar los gastos de Diplocat, el ¨®rgano creado por el ejecutivo catal¨¢n para difundir el proc¨¦s internacionalmente.

Tambi¨¦n detalla otros cinco escritos remitidos al Tribunal de Cuentas. En uno de ellos, de 20 de octubre de 2017, pide que se investigue la actuaci¨®n de ?mnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana en la consulta del 1 de octubre; y en otra carta, fechada el 14 de noviembre de 2017, se pide el inicio de las actuaciones por una posible responsabilidad contable por parte de 200 alcaldes de municipios catalanes que viajaron a Bruselas para participar en un acto convocado por Puigdemont.