Juristas de la Xunta dictaminan que Meir¨¢s siempre fue una propiedad p¨²blica
Un informe documenta los gastos y usos oficiales que recibi¨® el pazo y abre una v¨ªa judicial para que el Estado obligue a los Franco a devolver la finca
Desde que en plena Guerra Civil el pazo de Meir¨¢s cay¨® en manos de Francisco Franco en forma de donaci¨®n supuestamente popular, el chorreo de dinero p¨²blico en la finca fue continuo. Estas millonarias inversiones en obras de mantenimiento y personal y el uso como residencia oficial que se hizo de la propiedad entre 1938 y 1975 son las premisas en las que se apoya el informe presentado este lunes en Santiago por un equipo de juristas contratado por la Xunta para concluir que el predio que 80 a?os despu¨¦s siguen disfrutando los herederos del dictador fue siempre un bien p¨²blico.
Los expertos, citando el C¨®digo Civil y diversa jurisprudencia, consideran viable la recuperaci¨®n de la propiedad sin que la familia Franco reciba, en principio, ni un solo euro. La Administraci¨®n General del Estado, explican, deber¨ªa presentar una demanda civil contra los herederos de Carmen Franco Polo, hija del dictador recientemente fallecida, en los juzgados de primera instancia de Betanzos, el partido judicial al que pertenece el municipio de Sada (A Coru?a) que alberga el pazo. ¡°El uso continuado de bienes te¨®ricamente privados para funciones p¨²blicas y mantenido con fondos p¨²blicos genera una serie de derechos que permiten que ese bien pase a patrimonio p¨²blico¡±, resume el presidente de la comisi¨®n autora del informe, el historiador Manoel N¨²?ez Seixas.
Los 12 especialistas que suscriben el estudio, entre los que se encuentran catedr¨¢ticos de Derecho de las tres universidades gallegas, cargos p¨²blicos, notarios y letrados de la Xunta y de otras Administraciones, consideran que el Estado est¨¢ legitimado para reclamar Meir¨¢s porque la finca adquiri¨® la condici¨®n de bien de dominio p¨²blico por usucapi¨®n. Esta figura jur¨ªdica recogida en el actual C¨®digo Civil, que ya estaba vigente en la dictadura pues data del siglo XIX, se refiere a la posesi¨®n de un bien de forma pac¨ªfica, continuada e ininterrumpida durante m¨¢s de 30 a?os, plazo que la Administraci¨®n cumple en el caso del pazo coru?¨¦s.
Las pesquisas realizadas por los expertos en los ¨²ltimos seis meses acreditan en detalle inversiones p¨²blicas en Meir¨¢s por m¨¢s de 20 millones de pesetas solo en reformas financiadas por el Ministerio del Ej¨¦rcito a lo largo de 31 a?os. "En este periodo, el pazo fue mantenido, conservado, rehabilitado y ampliado con fondos p¨²blicos", ha explicado Jos¨¦ Manuel Busto Lago, catedr¨¢tico de Derecho Civil de la Universidad de A Coru?a.
En el Archivo Intermedio Militar Noroeste de A Coru?a consta que las arcas p¨²blicas pagaron en el pazo que Franco registr¨® como suyo no solo estancias para los escoltas del jefe del Estado y las tropas que lo acompa?aban sino tambi¨¦n mejoras no relacionadas con la vida p¨²blica del dictador, como reparaciones en la captaci¨®n de aguas, instalaci¨®n de iluminaci¨®n exterior o construcci¨®n de pozos y redes de alcantarillado. Hasta los presupuestos municipales de varios Ayuntamientos de la comarca recogieron fondos para Meir¨¢s, ha apuntado Emilio Grand¨ªo, profesor de Historia Contempor¨¢nea de la Universidad de Santiago.
En el Archivo General del Palacio del Pardo ha quedado rastro asimismo de c¨®mo el pazo ubicado en el municipio de Sada (A Coru?a), que fue sede de recepciones oficiales y consejos de ministros, funcionaba como residencia oficial de verano al mismo nivel que el Palacio de Aiete de San Sebasti¨¢n, que es propiedad municipal. Los expertos han localizado las instrucciones que se daban en agosto para el traslado a A Coru?a del personal de tropa, cocineros, camareros y electricistas que serv¨ªa en el Palacio del Pardo el resto del a?o. Y otros documentos prueban el pago con dinero p¨²blico de n¨®minas de personal cuyo ¡°centro de trabajo¡± era el pazo de Meir¨¢s.
Desacuerdo en lo que podr¨ªan reclamar los Franco
Tras un mandato un¨¢nime aprobado en el Parlamento gallego, la Conseller¨ªa de Cultura de la Xunta encarg¨® el pasado oto?o a la comisi¨®n de expertos que buscase una v¨ªa judicial para incorporar Meir¨¢s al patrimonio p¨²blico sin tener que pagarles ni un euro a los Franco. El informe advierte, sin embargo, que en caso de presentarse la demanda y de lograr que el pazo fuese reconocido como un bien p¨²blico por sentencia firme, los Franco podr¨ªan presentar una reclamaci¨®n en los tribunales para realizar una liquidaci¨®n por las inversiones que la familia del dictador haya ejecutado en la propiedad entre 1975 y la actualidad.
No todos los expertos de la comisi¨®n coinciden en que los Franco tengan esta posibilidad. El informe esgrime que la familia del dictador podr¨ªa abrir ese procedimiento de liquidaci¨®n en los tribunales porque ocup¨® el pazo desde 1975 ¡°de buena fe¡±, al no haber sido requerida por ninguna Administraci¨®n para devolver el predio. Los representantes del Ayuntamiento de Sada, sin embargo, han emitido un voto particular. ¡°Esa posesi¨®n por parte de los Franco no fue de buena fe, eran conscientes de la nulidad del t¨ªtulo de compraventa¡±, ha subrayado este lunes el concejal Francisco X. Montouto.
El alcalde de Sada, Benito Portela, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, para que, bas¨¢ndose en este informe jur¨ªdico, tome medidas urgentes sobre el pazo de Meir¨¢s como las que ha anunciado para el Valle de los Ca¨ªdos. ¡°El Estado no puede pasar otros 30 a?os mirando para otro lado¡±, advierte el regidor.
Dos caminos judiciales abiertos en solo cuatro meses
La Xunta es la segunda instituci¨®n que encarga un informe jur¨ªdico para buscar una v¨ªa para obligar a los Franco a entregar las llaves del pazo de Meir¨¢s. El estudio presentado el pasado febrero por la Diputaci¨®n de A Coru?a, que lidera un frente de 80 entidades que trabajan para recuperar el pazo, conclu¨ªa que deb¨ªa ser Patrimonio Nacional quien impugnara en los tribunales el contrato de compraventa que firm¨® Francisco Franco en 1941 por ser "simulado".
Los expertos descubrieron que con esa escritura el dictador pretend¨ªa burlar la Ley de Patrimonio que ¨¦l mismo hab¨ªa aprobado un a?o antes y que le obligaba a incorporar la finca gallega a patrimonio p¨²blico por estar al servicio de la Jefatura del Estado. Pero con el PP a¨²n en el Gobierno, fuentes oficiales de Patrimonio Nacional descartaron acudir a los tribunales alegando que no ten¨ªan competencia.
El nuevo dictamen presentado este lunes por encargo de la Xunta llega con el socialista Pedro S¨¢nchez en La Moncloa. "Son dos v¨ªas perfectamente compatibles", ha afirmado N¨²?ez Seixas sobre los dos informes jur¨ªdicos. "Hay una coincidencia de fondo".
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