El rechazo de la entrega de Puigdemont, una decisi¨®n ¡°sin precedentes¡± seg¨²n los juristas

Expertos en Derecho Penal destacan que la decisi¨®n del juez Pablo Llarena de rechazar la entrega del expresident Carles Puigdemont por el delito de malversaci¨®n ¡°no tiene precedentes¡±, pero s¨ª cierta ¡°l¨®gica¡± en el contexto de un proceso cada vez m¨¢s complejo.

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El aspecto l¨®gico lo explica, entre otros, Manuel Cancio Meli¨¢, catedr¨¢tico de Derecho Penal en la Universidad Aut¨®noma de Madrid. La situaci¨®n actual tiene su ra¨ªz, seg¨²n ¨¦l, en el art¨ªculo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que hasta que un ciudadano no es condenado debe conservar sus derechos pol¨ªticos ¡ªincluidos los de representante del pueblo, cuando es parlamentario¡ª. Solo quedar¨ªan suspendidos esos derechos por delitos de terrorismo o de rebeli¨®n. La traducci¨®n es que ¡°tendr¨ªamos un presidente de la Generalitat en prisi¨®n provisional¡±, subraya Cancio. El jurista critica que Llarena intentase aplicar el delito de rebeli¨®n, lo que llev¨® a que pareciese que Espa?a ¡°ped¨ªa la luna al tribunal alem¨¢n¡±, en vez de perseguir a Puigdemont por la v¨ªa posible. Seg¨²n Cancio, lo ocurrido deja al pa¨ªs en ¡°rid¨ªculo¡± ante a las instituciones europeas.

Adela As¨²a, catedr¨¢tica de Derecho Penal de la Universidad del Pa¨ªs Vasco, tambi¨¦n opina que el juez del Supremo ha sido ¡°consecuente con sus propias indagaciones¡± al rechazar la entrega de Puigdemont. Ahora, b¨¢sicamente, ¡°les ha traspasado la responsabilidad¡± de una decisi¨®n sumamente compleja a la Fiscal¨ªa y al Supremo. A ellos les corresponde decidir si mantienen las acusaciones por rebeli¨®n y si el proceso seguir¨¢ su curso contra los nueve encarcelados en Espa?a. Una paradoja ¡ªPuigdemont, fuera de Espa?a y en libertad, mientras sus socios del proc¨¦s son juzgados¡ª, que tambi¨¦n ve Mar¨ªa Acale, catedr¨¢tica de Derecho Penal de la Universidad de C¨¢diz. Ella no cree que el pol¨ªtico catal¨¢n haya cometido un delito de rebeli¨®n, pero es cr¨ªtica con la postura del tribunal de Schleswig-Holstein. ¡°El juez alem¨¢n ha entrado a valorar cosas que no deber¨ªa. Si existe o no existe ese delito tiene que decidirlo un juez en Espa?a, donde se le va a aplicar el C¨®digo Penal¡±. La decisi¨®n de Llarena, apunta, es ¡°estrat¨¦gica¡± ya que aceptar un juicio al pol¨ªtico solo por malversaci¨®n (m¨¢ximo de 12 a?os de c¨¢rcel) desmontar¨ªa la acusaci¨®n m¨¢s grave (hasta 30).

Algunos aspectos de la opini¨®n de Acale los comparte la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), que Llarena presidi¨®. Para la APM no tendr¨ªa sentido enjuiciar a los dem¨¢s procesados por rebeli¨®n mientras se procesa a Puigdemont solo por malversaci¨®n.

Ignacio Gonz¨¢lez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, ve tambi¨¦n la decisi¨®n como consecuencia ¡°l¨®gica¡± de la postura alemana. ¡°Se habr¨ªa producido un agravio respecto a los procesados que se quedaron en Espa?a. Y en todo caso el tribunal puede emitir una nueva orden de detenci¨®n en cualquier momento, si Puigdemont se desplaza a otro pa¨ªs¡±. Pero reconoce que, sea como sea, este es ¡°un rev¨¦s¡± para el proceso judicial porque ¡°el cabecilla¡± no se podr¨¢ sentar en el banquillo.

La asociaci¨®n de jueces catalanes ?gora Judicial expresa, por su parte, ¡°sorpresa y preocupaci¨®n¡±. No conoce casos en los que la justicia haya retirado una orden europea de detenci¨®n por temor a que sea denegada, o en los que solo la acepte en parte. ¡°La imagen exterior de la justicia espa?ola no se puede permitir este tipo de actuaciones en las que parece que consideraciones estrat¨¦gicas e incluso est¨¦ticas pasen por delante de consideraciones de legalidad estricta, como el deber de todo juez de perseguir delitos¡±, se?al¨® este jueves en un comunicado.