Lo que mal empieza¡­

El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein ha resuelto este jueves que procede la entrega a Espa?a de Carles Puigdemont exclusivamente por el delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. Este delito forma parte de las infracciones del cat¨¢logo de entrega simplificada de la orden europea. El tribunal constata que en los datos aportados por el magistrado instructor Llarena hay indicios de la comisi¨®n de esta infracci¨®n y no hace falta nada m¨¢s. Business as usual europeo, por tanto, entre Estados de Derecho de la Uni¨®n, ya que ser¨ªa absurdo pensar que en Espa?a vaya a haber un trato discriminatorio por razones pol¨ªticas, dice el tribunal.

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Sin embargo, constata expresamente en su auto que no podr¨¢ ser juzgado por Espa?a por el otro delito por el que se requer¨ªa su entrega, el de rebeli¨®n. Puesto que los hechos que se le reprochan al antiguo presidente de la Generalitat son, en esencia, la convocatoria de la consulta del d¨ªa 1 de octubre, llega a la conclusi¨®n de que este comportamiento no ser¨ªa delito en Alemania y, mucho menos, constitutivo de ¡°alta traici¨®n¡± (el equivalente alem¨¢n de la rebeli¨®n). Se dice expresamente: Puigdemont no es el ¡°hombre de atr¨¢s¡± de hechos violentos. Incluso llega a afirmarse que tampoco se le entrega por el delito de ¡°quebrantamiento de la paz p¨²blica¡± del par¨¢grafo 125 del C¨®digo Penal alem¨¢n, ubicado entre los delitos espa?oles de sedici¨®n y des¨®rdenes p¨²blicos graves.

De acuerdo con el principio de especialidad ¨Cal que Puigdemont no renunci¨®¨C, en principio s¨®lo podr¨¢ ser juzgado por aquel delito por el que entrega Alemania, compartiendo as¨ª su soberan¨ªa con el pa¨ªs requirente ¨C porque estos delitos no est¨¢n en la ¡°zona compartida¡± de los delitos del cat¨¢logo de entrega directa, de modo que el tribunal alem¨¢n hubo de comprobar aqu¨ª si esos mismos hechos ser¨ªan punibles en Alemania.

Esta situaci¨®n conduce a un l¨ªo may¨²sculo en la posterior conducci¨®n del proceso penal en Espa?a: se trata de un colectivo de acusados (del Govern y de ANC y ?mnium) en el que el l¨ªder no podr¨¢ ser juzgado por las infracciones m¨¢s relevantes, generando enormes dificultades para el juicio oral.

?C¨®mo se ha llegado hasta aqu¨ª? ?Por qu¨¦ el instructor se obstin¨® en plantear respecto de esa parte de los hechos solo la rebeli¨®n, con su dramatismo sem¨¢ntico y su pena tan contundente? ?Por qu¨¦ no ha ofrecido a los tribunales de los pa¨ªses requeridos (aparte de Alemania, de momento B¨¦lgica y Escocia) otras alternativas menos radicales (sedici¨®n, des¨®rdenes p¨²blicos) en su solicitud?

Es dif¨ªcil sustraerse a la impresi¨®n de que la existencia del art. 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es parte de la explicaci¨®n. Esta norma establece una regla de excepci¨®n: hasta que un ciudadano no es condenado, debe ser tenido por inocente. Por ello, no es posible suspender los derechos pol¨ªticos del sujeto, por ejemplo, sus derechos como representante del pueblo cuando es parlamentario. Solo en caso de tratarse de delitos de terrorismo o de rebeli¨®n, podr¨¢ suspenderse el ejercicio de los derechos de los acusados, como ha hecho el magistrado instructor esta semana. Este objetivo de la suspensi¨®n parece que ha llevado a pedir la luna al tribunal alem¨¢n. Y tarde o temprano se comprueba que esto, obviamente, no puede ser.