Disparan contra el juez Garc¨ªa-Castell¨®n

Se interviene el tel¨¦fono de un imputado/investigado. En la escucha aparecen todas las conversaciones que mantiene donde se incluyen las que ha sostenido con su abogado. Como en una de ellas se advierte un posible delito, se pide al juez que env¨ªe la transcripci¨®n a otro juzgado por si pudiese haber falsedad de documento p¨²blico. El juez accede.

Sobre estos hechos, que ocurrieron a primeros de 2018, la defensa del presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, imputado por un presunto delito de comisiones en la Operaci¨®n Lezo, no ha resistido a la tentaci¨®n de proyectar un caso Garz¨®n II, el juez que fue condenado e inhabilitado por prevaricaci¨®n en el caso G¨¹rtel a ra¨ªz de la grabaci¨®n de conversaciones de varios investigados en prisi¨®n con sus letrados, algunos, dicho sea de paso, tambi¨¦n imputados en alg¨²n momento de las escuchas.

?C¨®mo montar la operaci¨®n? A trav¨¦s de una doble campa?a: corporativa -que toca la fibra de los abogados con un tema tan sensible como el derecho de defensa- y medi¨¢tica, a trav¨¦s de medios siempre disponibles, contra el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor del caso Lezo en el Juzgado Central n¨²mero 6 de la Audiencia Nacional.

El Colegio de Abogados de Madrid se ha solidarizado con la defensa de Villar Mir y ha denunciado p¨²blicamente el hecho, aunque ha mantenido sus reticencias, producto de la divisi¨®n interna, a la hora de querellarse contra el juez como quiere Carlos Dom¨ªnguez Luis, letrado de Villar Mir. Otros colegios, como el de Barcelona, se han sumado. Y el Consejo General de la Abogac¨ªa.

Nada m¨¢s solidarizarse con la defensa de Villar Mir, la vanguardia, esto es, el Colegio de Abogados de Madrid ha reconocido p¨²blicamente que desconoc¨ªa la existencia de un auto de la Secci¨®n Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional por el cual se desestimaba un recurso de apelaci¨®n de la defensa de Villar Mir en la que cuestionaba la actuaci¨®n del juez en la citada intervenci¨®n telef¨®nica. La secci¨®n validaba tanto la intervenci¨®n telef¨®nica como el env¨ªo de una de las grabaciones a un juzgado de Plaza de Castilla, competente en investigar un delito de posible falsedad de documento p¨²blico.

La intervenci¨®n capt¨®, entre otras conversaciones, las que mantuvo Villar Mir con su letrado Dom¨ªnguez, ex abogado general de la Comunidad de Madrid. En una de ellas acordaban que el empresario, citado a declarar por el juez, no deb¨ªa acudir y para ello solicitar a un m¨¦dico un certificado que simulara enfermedad. En efecto, este plan se consum¨® y el empresario no acudi¨® a declarar.

La intervenci¨®n del tel¨¦fono del imputado Villar Mir ha sido posterior a una media docena que orden¨® en su d¨ªa el juez a cargo de la causa, antes de que se hiciera cargo Garc¨ªa-Castell¨®n. El secretario judicial consult¨® con cada uno de los letrados, en atenci¨®n al derecho de defensa, que quer¨ªan hacer. Todos propusieron la destrucci¨®n de las mismas.

En el caso de Villar Mir, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pidi¨® al juez, sin hacer valoraci¨®n judicial alguna, que se enviase aquella que versaba sobre el certificado m¨¦dico planeado a otro juzgado de la Audiencia Provincial de Madrid por si pod¨ªa revestir delito de falsedad. No existe el pretendido "an¨¢lisis de la estrategia de defensa" del empresario., como pretende la campa?a medi¨¢tico-corporativa. Pero el juez Diego de Egea, que sustitu¨ªa a Garc¨ªa-Castell¨®n durante unos d¨ªas, decidi¨®, en cambio, ordenar la destrucci¨®n de todas las grabaciones.

La fiscal de la causa Lezo, Ana Cuenca, recurri¨® el auto bas¨¢ndose en el art¨ªculo 118.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¡°Todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendr¨¢n car¨¢cter confidencial. Si estas conversaciones o comunicaciones hubieran sido captadas o intervenidas durante la ejecuci¨®n de alguna de las diligencias reguladas en esta ley, el juez ordenar¨¢ la eliminaci¨®n de la grabaci¨®n o la entrega al destinatario de la correspondencia detenida, dejando constancia de estas circunstancias en las actuaciones¡±.

Pero atenci¨®n, tambi¨¦n a?ade: ¡°Lo dispuesto en el p¨¢rrafo primero no ser¨¢ de aplicaci¨®n cuando se constate la existencia de indicios objetivos de la participaci¨®n del abogado en el hecho delictivo investigado o de su implicaci¨®n junto con el investigado o encausado en la comisi¨®n de otra infracci¨®n penal¡­¡±. El juez Garc¨ªa-Castell¨®n admiti¨® el recurso, orden¨® destruir todas las grabaciones y curs¨® a Plaza de Castilla la referida al certificado m¨¦dico, por si pod¨ªa haber delito. El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 archiv¨® sin abrir diligencias de lo enviado. El pasado martes, d¨ªa 24 de julio, por recomendaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, el juez envi¨® nueva documentaci¨®n.

La defensa de Villar Mir, por su parte, present¨® un incidente de nulidad de lo actuado ante la Secci¨®n 4? de lo Penal de la Audiencia Nacional que valid¨® la conducta del juez, incidente que seg¨²n una providencia del pasado 17 de julio, fue desestimado.

A todo esto, despu¨¦s del juicio que conden¨® a Baltasar Garz¨®n, el primer juez instructor del caso G¨¹rtel, ha habido nueva jurisprudencia en la Uni¨®n Europea sobre las intervenciones telef¨®nicas. En particular, la sentencia Versini-Campinchi y Crasnianski contra Franci. Sostiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en primer lugar, que la intervenci¨®n telef¨®nica que denunciaba el demandante hab¨ªa sido ordenada y desarrollada bajo el control de un juez. En segundo lugar, que en el procedimiento originario que se sigui¨®, el tribunal de apelaci¨®n analiz¨® la legalidad de las intervenciones telef¨®nicas desde la perspectiva del derecho de defensa, llegando a expulsar del procedimiento algunas intervenciones que consider¨® no respetuosas con este derecho, aunque no as¨ª la comunicaci¨®n controvertida. Es m¨¢s, el tribunal de apelaci¨®n reiter¨® la posibilidad de utilizar estas escuchas telef¨®nicas cuando se pone de manifiesto actividad delictiva del abogado, aunque lo sea en un procedimiento distinto de aquel en el que la intervenci¨®n de comunicaciones fue autorizada. Este ¨²ltimo caso, aplicado exactamente en sentido contrario, fue el que llev¨® al Tribunal Supremo a archivar en julio de 1992 los cargos de corrupci¨®n contra los acusados del Partido Popular en el caso Naseiro.

Las maniobras de la defensa de Villar Mir, dirigidas a desacreditar y/o amedrentar a jueces de instrucci¨®n y magistrados de la sala de lo Penal, con ayuda de algunos medios de comunicaci¨®n, deber¨ªan tener alg¨²n coste.