Jueces y fiscales reclaman al Gobierno que asuma la defensa de Llarena en B¨¦lgica

La petici¨®n al Gobierno de que asuma la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la justicia belga por la demanda que le ha interpuesto Carles Puigdemont aglutina ya a las principales asociaciones de jueces y fiscales, con la ¨²nica excepci¨®n de los magistrados progresistas. La Uni¨®n Progresista de Fiscales, a la que pertenece la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se uni¨® este s¨¢bado a la reclamaci¨®n de que el Estado defienda en la causa a Llarena ante el ¡°inasumible¡± intento de enjuiciar su actuaci¨®n en tribunales extranjeros.

El poder judicial aumenta la presi¨®n al Gobierno para que defienda al juez Llarena en B¨¦lgica, donde est¨¢ citado a declarar el pr¨®ximo 4 de septiembre tras la demanda del expresidente de la Generalitat contra ¨¦l. A las cinco asociaciones de jueces y fiscales que exigieron en la noche del viernes en un comunicado al Ejecutivo que asuma la defensa del magistrado se sum¨® este s¨¢bado la principal asociaci¨®n progresista de fiscales. Solo quedan al margen de momento los jueces progresistas, mientras el Gobierno se resiste a asumir la defensa del juez hasta que no quede claro que el proceso belga se inmiscuya en la causa contra el proc¨¦s.

Las asociaciones de jueces y fiscales piden al Gobierno de Pedro S¨¢nchez que act¨²e para proteger ¡°la soberan¨ªa jurisdiccional de Espa?a¡± ayudando a Llarena a defenderse en la causa belga. Puigdemont y los consejeros huidos de Espa?a han logrado que la justicia de ese pa¨ªs cite al magistrado espa?ol a declarar tras acusarle de vulnerar su derecho a un juicio justo y a la presunci¨®n de inocencia por manifestar opiniones p¨²blicamente. Para ello se apoyan en las declaraciones que realiz¨® Llarena a los medios de comunicaci¨®n en Oviedo el pasado 22 de febrero. En las mismas recalcaba que los pol¨ªticos encarcelados ¡°no son presos pol¨ªticos¡±. La maniobra de los pol¨ªticos catalanes tiene como fin ¨²ltimo lograr su recusaci¨®n por parte del Supremo y que se nombre a otro juez en su lugar.

En el comunicado que firman todas las asociaciones salvo Juezas y Jueces para la Democracia, estos acusan al Ejecutivo de ¡°dejaci¨®n de funciones¡± y le reclaman que se persone en la causa ¡°de forma inmediata¡± y ejerza la defensa del magistrado, algo que es ¡°defender a la justicia espa?ola en su conjunto¡±. Varios medios, entre ellos la agencia Europa Press, han publicado que la Abogac¨ªa del Estado defendi¨® en un informe trasladado al Gobierno que deb¨ªa asumir la representaci¨®n del juez.

El Ministerio de Justicia anunci¨® el pasado jueves que estudia contratar un bufete privado en Bruselas en caso de que la autoridad judicial belga, en el momento de admitir a tr¨¢mite la demanda de Puigdemont contra Llarena, ¡°mencione siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal¡± abierta contra el expresident y otros cuatro exconsejeros de la Generalitat huidos con ¨¦l el pasado 30 de octubre tras declarar la independencia de Catalu?a. Pero el Gobierno dice que sobre las declaraciones privadas de Llarena no puede actuar.

El debate jur¨ªdico radica en si lo que est¨¢ en juego en la causa belga es la honorabilidad del magistrado del Tribunal Supremo o la integridad de la jurisdicci¨®n espa?ola. En ese debate, la asociaci¨®n progresista de fiscales se sum¨® ayer al resto con el argumento de que es ¡°inasumible¡± el intento de los exdirigentes independentistas de ¡°fiscalizar o enjuiciar¡± la actividad de un juez espa?ol ante ¨®rganos judiciales extranjeros. ¡°El solo planteamiento de esta cuesti¨®n supone un grave atentado contra la soberan¨ªa del Estado espa?ol y contra la independencia de sus ¨®rganos jurisdiccionales¡±, esgrimi¨® esta asociaci¨®n, que ha manifestado su ¡°unidad¡± en torno a Llarena y la ¡°necesidad¡± de que el Estado se persone en el procedimiento judicial. Los fiscales progresistas prefirieron emitir su propio comunicado porque no comparten el tono ni el lenguaje del texto de sus colegas.