As¨ª fue ¡°la insurrecci¨®n violenta¡±, seg¨²n los fiscales

Adem¨¢s de aquella fecha clave del proceso secesionista ¡ª9 de noviembre de 2015, d¨ªa en que el Parlament aprueba las bases del ¡°Estado catal¨¢n independiente¡±¡ª y de la inmediata anulaci¨®n de la resoluci¨®n por parte del Tribunal Constitucional, la cronolog¨ªa de la ¡°insurrecci¨®n violenta¡± tiene otras fechas muy significativas, seg¨²n la fiscal¨ªa.

El 6 de octubre de 2016 se aprobaron en el pleno del hemiciclo catal¨¢n dos propuestas de resoluci¨®n que volv¨ªan a desobedecer las sentencias del Constitucional para instar al Gobierno de Puigdemont a garantizar la financiaci¨®n del proc¨¦s. El Constitucional no solo anul¨® esas dos propuestas de resoluci¨®n, previo recurso de la Abogac¨ªa del Estado, sino que advirti¨® a la presidenta del Parlamento auton¨®mico, Carme Forcadell, al president y al resto de miembros del Govern de que se abstuvieran de realizar actuaciones para cumplir las resoluciones que hab¨ªan sido anuladas por el Constitucional.

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No obstante, el 28 de marzo de 2017, el Parlamento de Catalu?a aprob¨® con los votos de Junts pel S¨ª y la CUP una Ley de Presupuestos que inclu¨ªa partidas para gastos en el proceso referendario sobre el futuro pol¨ªtico de Catalu?a, en cumplimiento de la resoluci¨®n aprobada meses antes en la C¨¢mara auton¨®mica, lo que supon¨ªa un claro incumplimiento de las sentencias y los mandatos del Constitucional. El Gobierno central volvi¨® a recurrir diversos apartados de la Ley de Presupuestos de Catalu?a que inclu¨ªa una partida de 6,2 millones de euros para el refer¨¦ndum independentista, expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional. Este suspendi¨® esos apartados y volvi¨® a advertir a Puigdemont y su Gobierno de que ten¨ªan el deber ¡°de impedir o paralizar cualquier medida que suponga ignorar la suspensi¨®n acordada¡±.

Pese a ello, el Ejecutivo catal¨¢n busc¨® los caminos para celebrar el refer¨¦ndum. El 9 de junio de 2017, Puigdemont se rode¨® de su Gobierno y la mayor¨ªa de diputados de Junts pel S¨ª para anunciar la fecha (1 de octubre) y la pregunta a responder: ¡°?Quiere que Catalu?a sea un Estado independiente en forma de rep¨²blica?¡± En el mismo acto anunci¨® que el Gobierno se compromet¨ªa a aplicar la respuesta que dieran los consultados a esa pregunta.

Resultado vinculante

El 31 de julio de 2017, Junts pel S¨ª y la CUP presentan en el Parlament una proposici¨®n de Ley que regulaba la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum ¡°vinculante sobre la independencia de Catalu?a, las consecuencias en funci¨®n de cu¨¢l sea el resultado y la creaci¨®n de la Sindicatura Electoral¡±. El texto se?alaba que esa Ley ¡°prevalece jer¨¢rquicamente sobre todas las normas que puedan entrar en conflicto en tanto que regula el ejercicio de un derecho fundamental e inalienable del pueblo de Catalu?a¡±.

El 28 de agosto de 2017, los grupos parlamentarios de Junts pel S¨ª y CUP presentan la Ley de Transitoriedad jur¨ªdica y fundacional de la rep¨²blica que pretende dar forma jur¨ªdica a los elementos constitutivos del nuevo Estado y regular el tr¨¢nsito del ordenamiento jur¨ªdico vigente (del Estado espa?ol) al que debe ir creando la Rep¨²blica¡±. La ley se?ala que Catalu?a se constituye en una rep¨²blica de Derecho, democr¨¢tica y social y que la soberan¨ªa nacional reside en el pueblo de Catalu?a, del que emanan todos los poderes del Estado.

El 6 septiembre de 2017, el letrado mayor del Parlamento catal¨¢n y el secretario general de esta instituci¨®n presentan un escrito en el que advierten de que tanto la Ley del Refer¨¦ndum como la Ley de Transitoriedad jur¨ªdica contravienen el mandato del Tribunal Constitucional. Pese a ello, la mesa del hemiciclo tramita ambas iniciativas legislativas.

A ¨²ltima hora del 6 de septiembre de 2017, el Gobierno catal¨¢n aprueba un decreto de convocatoria del refer¨¦ndum el 1 de octubre de 2017, y otro decreto de normas complementarias para la realizaci¨®n del refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n. Al d¨ªa siguiente, el Tribunal Constitucional suspende la Ley catalana del refer¨¦ndum y el decreto de convocatoria. El 17 de septiembre, el Tribunal Constitucional anula los acuerdos del Parlamento catal¨¢n.Todas estas decisiones desencadenaron querellas de la fiscal¨ªa contra los miembros del Gobierno catal¨¢n y de la Mesa del Parlament por los delitos de desobediencia, prevaricaci¨®n y malversaci¨®n.