La universidad admite que el instituto del ¡®caso m¨¢ster¡¯ funcionaba sin control desde 2006

Una de las escenas que mejor describe c¨®mo funcionaba el Instituto del Derecho P¨²blico (IDP) se produjo cuando la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) lo intervino tras saltar el esc¨¢ndalo, que ya ha acabado con una presidenta regional y con una ministra del Gobierno, que acecha al l¨ªder del principal partido de la oposici¨®n y que, en fin, ha marcado la pol¨ªtica nacional desde hace casi medio a?o. El rector decidi¨® destituir como director al catedr¨¢tico Enrique ?lvarez Conde, considerado el cerebro de la trama, y nombr¨® al profesor Pablo Acosta para hacerse cargo del centro. Pero, cuando este aterriz¨® en sus despachos, se top¨® con muchas sorpresas. Lo primero, que la labor de administraci¨®n la desarrollaba una "estudiante".

M¨¢s informaci¨®n

La universidad denuncia el borrado de 5.400 ¡®e-mails¡¯ de la cuenta del instituto

El cerebro del ¡®caso m¨¢ster¡¯ se pagaba con las cuentas del instituto

Tambi¨¦n, que no ten¨ªan ni contabilidad ni presupuestos. Y que en 2006 hab¨ªan dejado de presentar sus cuentas a la universidad, seg¨²n relata Acosta en su declaraci¨®n como testigo ante la juez, donde admite que hab¨ªa "una absoluta falta de supervisi¨®n" del instituto por parte de la universidad. ?lvarez Conde hab¨ªa montado un centro docente que manejaba como quer¨ªa y que no se controlaba desde la URJC, seg¨²n se desprende de las pesquisas de los investigadores, de la instructora y del rectorado.??

El IDP empez¨® a funcionar en 2002 y la Comunidad de Madrid le dio el visto bueno en 2005, cuando ejerc¨ªa como rector Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, pr¨®ximo al PP y actual magistrado del Tribunal Constitucional. En ese momento y sin que lo hubiese aprobado la universidad, seg¨²n afirma Acosta, el catedr¨¢tico decidi¨® dirigirse a Hacienda para obtener un CIF para el instituto, lo que le permiti¨® tener personalidad jur¨ªdica propia, abrir cuentas bancarias y firmar convenios de colaboraci¨®n con entidades privadas y p¨²blicas con "total autonom¨ªa".

Eso supon¨ªa que los alumnos de los cursos no oficiales ingresaban el dinero de las matr¨ªculas ¡ªmiles de euros¡ª en las cuentas que manejaba ?lvarez Conde. Tambi¨¦n el de unos convenios muy "problem¨¢ticos", seg¨²n Acosta, porque habr¨ªa recibido una contraprestaci¨®n econ¨®mica a cambio: "Y, si tiene una contraprestaci¨®n, es un contrato y deber¨ªa estar sujeto a la ley de contratos p¨²blicos".

"El instituto no debi¨® tener nunca personalidad jur¨ªdica propia, independiente de la universidad. Sin embargo, operaba como si la tuviera. Y ten¨ªa un reglamento que nunca fue aprobado por consejo de gobierno y publicado en el bolet¨ªn, pero se reg¨ªa por este", admite el delegado del rector, que a?ade que ?lvarez Conde "facturaba y firmaba" por su cuenta.

Miles de correos borrados

El profesor Pablo Acosta llam¨® alarmado a la polic¨ªa el pasado 20 de junio: el rector le hab¨ªa nombrado m¨¢ximo responsable del IDP tras intervenirlo cuando salt¨® el esc¨¢ndalo. Ese d¨ªa, por primera vez, Acosta consigui¨® acceder a la cuenta de correo electr¨®nico del centro docente. Lo que vio le pareci¨® muy sospechoso: hab¨ªan borrado miles de e-mails, seg¨²n relat¨® a la polic¨ªa, a la que no pudo precisar el momento en el que fueron suprimidos "ni si fueron eliminados en bloque o en fechas distintas", seg¨²n resaltan los investigadores en un informe.

Acosta decidi¨® llamar a los agentes porque ya hab¨ªan abierto pesquisas por las "irregularidades" detectadas en las cuentas bancarias del instituto, manejadas por ?lvarez Conde. Este nuevo descubrimiento ahonda en el c¨²mulo de dudas que sobrevuelan la figura del catedr¨¢tico. Citado posteriormente como testigo por la magistrada que instruye el caso m¨¢ster, el delegado del rector tambi¨¦n insisti¨® en que la universidad cree que se han extra¨ªdo documentos de los despachos del IDP. Porque se han "encontrado muy pocos papeles" y porque algunos de esos documentos "salieron publicados en la prensa y no estaban en el instituto".

¡°Sospecho que se han llevado documentaci¨®n", apostill¨® Acosta el pasado 3 de agosto, durante su declaraci¨®n ante la juez, cuando precis¨® ¡ªante la sorpresa de la magistrada¡ª que la Universidad Rey Juan Carlos a¨²n no hab¨ªa entrado en el despacho de ?lvarez Conde, al que se le despoj¨® de la direcci¨®n del centro, pero que mantiene su plaza. Y el despacho segu¨ªa cerrado a principios de agosto: "No s¨¦ si hay documentaci¨®n ah¨ª. No s¨¦ si hay en su casa", admiti¨® Acosta.

Toda esta nueva informaci¨®n estrecha m¨¢s el cerco sobre ?lvarez Conde, calificado por la instructora como el "urdidor" de la trama. Seg¨²n la investigaci¨®n, ?lvarez Conde tambi¨¦n orden¨® al banco que enviara la correspondencia de las cuentas del instituto a su domicilio particular. Adem¨¢s, al revisar los extractos, se ha comprobado que se pag¨® sobresueldos de entre 10.000 y 22.000 euros al a?o; que se hizo transferencias a s¨ª mismo y a sus dos hijos ¡ªque no tienen relaci¨®n con la universidad¡ª; y que us¨® la tarjeta asociada para todo tipo de gastos personales, comidas en restaurantes y compras en supermercados, entre otros.

La URJC ha denunciado al catedr¨¢tico por malversaci¨®n. Una causa que recay¨® en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 34, que se inhibi¨® y la traslad¨® al 51, donde se lleva el caso m¨¢ster. Pero la magistrada rechaz¨® asumirla para evitar aumentar la ¡°complejidad¡± del proceso y evitar dilaciones; y porque, seg¨²n la juez, no se trata de un delito conexo a los investigados por ella.