Diez temporeras de Huelva denuncian al sindicato que las acogi¨®

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Diez jornaleras marroqu¨ªes, que han llevado a los tribunales episodios de acoso sexual y laboral durante la ¨²ltima campa?a de la fresa en Huelva, han denunciado al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por hacerlas trabajar de manera irregular, usarlas medi¨¢ticamente para promocionar el sindicato y apropiarse de parte del dinero que recibieron de una compatriota.

La denuncia, presentada ante la Guardia Civil el 29 de septiembre por dos abogados de la Asociaci¨®n de Usuarios de la Administraci¨®n de Justicia (Ausaj) que las representan, destaca la ¡°cosificaci¨®n¡± que se ha hecho de las temporeras y argumenta que se trata de un caso de coacciones y delitos contra la esfera patrimonial de las mujeres. Los letrados subrayan que la situaci¨®n se da porque ni juzgados, ni autoridades policiales, auton¨®micas o estatales "han hecho nada por activar el Protocolo Marco en materia de trata o cualquier otro acto de protecci¨®n hacia las denunciantes¡±.

Las diez marroqu¨ªes llegaron a Espa?a en abril en el marco de un convenio de contrataci¨®n en origen que mantienen Espa?a y Marruecos para la recogida anual de la cosecha de frutos rojos en Huelva. Ese mismo mes la publicaci¨®n alemana Corrective.org, con la colaboraci¨®n del medio digital BuzzFeed News, expuso los abusos sexuales y laborales a los que se somet¨ªa a algunas de estas mujeres, todas ellas de origen humilde y rural, con cargas familiares y, en buena parte, analfabetas.

Tras la publicaci¨®n surgi¨® un goteo de denuncias en cuarteles de la Guardia Civil, entre las que se encontraba la de estas diez mujeres, entrevistadas por EL PA?S en junio. Una de ellas, madre de dos hijos, relat¨® c¨®mo uno de sus jefes intent¨® besarla a la fuerza y bajarle el pantal¨®n, mientras ella chillaba y lloraba. En agosto, los abogados llevaron el caso por delitos de lesa humanidad y trata de seres humanos hasta la Audiencia Nacional que a¨²n estudia si tiene competencia para asumir la investigaci¨®n en lugar de los Juzgados de Instrucci¨®n 1 y 3 de Palma del Condado (Huelva).

El SAT abraz¨® la causa, se comprometi¨® por escrito a asumir los gastos de manutenci¨®n y alojamiento de las jornaleras el tiempo que fuera necesario y escondi¨® a las mujeres en una casa de un pueblo de M¨¢laga mientras avanzaba el caso por la v¨ªa penal y laboral. Sin embargo, la denuncia acusa al representante del sindicato en este municipio, Jos¨¦ Blanco Burgos, de aprovecharse de su imagen y de su trabajo y de gastarse parte del dinero del que dispon¨ªan las mujeres para enviar a sus familias. El SAT, a trav¨¦s de su secretario general, ?scar Reina, reivindica que "ha dado apoyo en todo momento a las temporeras" y ha sido gracias a ellos que se ha podido garantizar su alojamiento y manutenci¨®n.

Seg¨²n los abogados de las temporeras, el sindicato sufrag¨® parte de los gastos de las mujeres que se hab¨ªa comprometido a asumir con el trabajo irregular de las propias jornaleras en el pueblo (no fueron dadas de alta, ni su situaci¨®n migratoria en Espa?a lo permitir¨ªa). Una de las marroqu¨ªes, detalla el escrito, fue a trabajar ¡°varios d¨ªas¡± a casa de la propietaria de la vivienda donde se hospedaban, tambi¨¦n denunciada, sin que se le advirtiera de que el dinero que ganar¨ªa se destinar¨ªa a un fondo com¨²n para cubrir las necesidades de las diez mujeres.

Contactado por este peri¨®dico, Blanco reconoce que las temporeras trabajaron sin cobertura legal en diversas funciones en el pueblo, como el cuidado de ancianos o servicios de limpieza, pero mantiene que hubo una conversaci¨®n previa con ellas, mediante int¨¦rprete, de la que se desprendi¨® un acuerdo: el salario de las que trabajasen ir¨ªa a un fondo conjunto para pagar gastos de todas, como las recargas telef¨®nicas.

Pagar un m¨®vil prestado

Otra de las denunciantes mantiene que fue obligada a trabajar nueve d¨ªas en el huerto del sindicalista ¡°sin cumplir ning¨²n requisito legal¡± con el fin, dice la denuncia, de recuperar el importe de un tel¨¦fono viejo que Blanco le hab¨ªa prestado y que se rompi¨® por accidente. Esta mujer, ¡°con las manos heridas por el trabajo impuesto¡±, lleg¨® a quejarse y relat¨® a sus abogados que el denunciado, ¡°con una sonrisa ir¨®nica¡±, le respondi¨® que era para que ¡°aprendiese el valor del dinero¡±. Blanco niega rotundamente que dijese esa frase y que fuesen nueve d¨ªas de trabajo, pero s¨ª reconoce que la retribuci¨®n por el servicio se destin¨® a compensar el m¨®vil roto. ¡°Ella ten¨ªa que trabajar para pagar ese m¨®vil. Es l¨®gico, ?no?¡±, cuestion¨® el sindicalista a este peri¨®dico.

La situaci¨®n se complic¨® cuando, en agosto, la asociaci¨®n de los abogados lanz¨® en Internet una campa?a de apoyo a las temporeras con el objetivo de recaudar fondos. El dinero ser¨ªa, esencialmente, para enviar remesas a sus familias. Para la recaudaci¨®n era necesario abrir una cuenta bancaria y se hizo a nombre de una de las mujeres en representaci¨®n del resto. Blanco, que no era promotor de la campa?a, se puso como autorizado.

En esa cuenta en la que el sindicato participaba, una compatriota marroqu¨ª ingres¨® 3.000 euros para que las jornaleras enviasen una ayuda a sus familias la v¨ªspera del Eid al Adha, la principal festividad de los musulmanes. El dinero qued¨® bloqueado durante unos d¨ªas por la ley contra el blanqueo de capitales que exige, a partir de esa cantidad, justificar el origen del dinero. Una vez desbloqueado, el 22 de agosto, el denunciado hizo tres reintegros de la cuenta por valor de 1.380 euros ¡°sin comunicarlo a nadie y desconoci¨¦ndose el destino del dinero¡±, afirma la denuncia. La abogada, Bel¨¦n Luj¨¢n, asegura que tuvo que poner dinero de su bolsillo para viabilizar el env¨ªo a las familias.

Enfrentados por estos hechos, los dos abogados, Bel¨¦n Luj¨¢n y Jes¨²s Formoso, acabaron sacando a las jornaleras del pueblo de M¨¢laga donde se manten¨ªan escondidas y actualmente son ellos los que se encargan de su alojamiento y manutenci¨®n.

El sindicalista confirma que retir¨® ese importe y que, aunque conoc¨ªa el destino deseado de ese dinero, lo us¨® para pagar el alquiler de la vivienda de las mujeres, saldar deudas asumidas por ellas en los comercios locales y otros gastos de manutenci¨®n porque el sindicato no contaba con m¨¢s fondos. Blanco insiste en el ¡°uso leg¨ªtimo¡± de ese dinero y entiende que la manutenci¨®n de las mujeres tambi¨¦n estaba contemplaba en la campa?a de recaudaci¨®n, aunque su sindicato se hubiese comprometido a asumirla y el dinero tuviese un fin espec¨ªfico que no era el de los gastos corrientes. El sindicalista no ha mostrado a este peri¨®dico los recibos que afirm¨® que ten¨ªa para ¡°acreditar hasta el ¨²ltimo c¨¦ntimo¡±.