El Gobierno pacta sacar del bono social el¨¦ctrico a las familias numerosas con rentas altas

El acuerdo entre el Gobierno y Podemos sobre los presupuestos de 2019 incluye un cap¨ªtulo dedicado a las medidas energ¨¦ticas. Habla de la preocupante evoluci¨®n del precio de la electricidad y su efecto sobre los ciudadanos, especialmente sobre la poblaci¨®n m¨¢s vulnerable. tambi¨¦n sobre la necesidad de caminar hacia la sostenibilidad medioambiental. Pero el cap¨ªtulo, no obstante, plantea m¨¢s compromisos que acuerdos concretos y se centran sobre todo en modificar el bono social, potenciar las plantas de renovables y elevar el impuesto del di¨¦sel un 30%.

En ese sentido, el acuerdo firmado, de llevarse adelante el Presupuesto de 2019, replantea (otra vez) el bono social el¨¦ctrico, pese a que el real-decreto 15/2018 del pasado 5 de octubre de medidas urgentes aprobado por el Gobierno lo daba por bueno. El objetivo principal que plantean ahora es hacer una reforma profunda del bono social el¨¦ctrico (que se reform¨® en 2017) y crear un bono general (que incluya el bono gasista) con el objetivo de que los hogares puedan realizar un consumo m¨ªnimo de energ¨ªa. La principal novedad es que se podr¨¢ solicitar de manera autom¨¢tica y en cualquier comercializadora el¨¦ctrica (no solo en las llamadas de referencia, como hasta ahora) y, sobre todo, que el ¨²nico criterio para que se adjudique es la renta per c¨¢pita del hogar vulnerable. Es decir, la renta del hogar dividida por el n¨²mero de miembros.

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Esto es: ahora hay colectivos como las familias numerosas que lo pueden recibir, sea cual sea su renta. Sin embargo, en la propuesta pactada hoy, desaparece este criterio de la lista. Se?ala que "la renta per c¨¢pita del hogar vulnerable sea el ¨²nico criterio de adjudicaci¨®n. Como salvedad a esto, se podr¨¢n incluir tambi¨¦n criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como familias monoparentales", se?ala el texto del acuerdo.

Los servicios sociales deben autorizar los cortes

Adem¨¢s se da un plazo para elaborar una nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energ¨¦tica (el Gobierno dijo la semana pasada que se daba seis meses). Para su elaboraci¨®n se contar¨¢ con las comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos, la CNMC, las asociaciones de consumidores, los partidos pol¨ªticos con representaci¨®n en el Congreso de los Diputados, los representantes del tercer sector y las empresas energ¨¦ticas. Asimismo, ser¨¢ un requisito necesario la autorizaci¨®n por parte de los servicios sociales ante cualquier solicitud de interrupci¨®n de suministro a un consumidor acogido al bono social tanto si se trata de consumidor vulnerable como vulnerable severo.

La financiaci¨®n correr¨¢ a cargo de las empresas del sector en base a su volumen de facturaci¨®n ya sea p¨²blica o privada y ser¨¢ posible beneficiarse con la contrataci¨®n de cualquier comercializadora. El documento recoge que "se pondr¨¢ en marcha un fondo de 50 millones de euros para garantizar que las administraciones p¨²blicas y los servicios sociales dependientes de las mismas den la protecci¨®n necesaria a las personas vulnerables".

400 millones para rehabilitaci¨®n de viviendas

El Gobierno y Unidos Podemos quieren tambi¨¦n aprobar un plan de impulso a la repotenciaci¨®n de las plantas renovables existentes. "Es preciso recuperar el atractivo de invertir en renovable", aseguran. Entre otras cosas, se quiere modificar las reglas y convocatorias de las subastas para la asignaci¨®n del r¨¦gimen retributivo a nuevas instalaciones estableciendo como criterio fundamental el coste de generaci¨®n y posibilitando la participaci¨®n de entidades locales, ciudadanas o cooperativas.

En esta misma l¨ªnea, se pondr¨¢ en marcha un plan de ayudas econ¨®micas para el veh¨ªculo el¨¦ctrico, estable e ininterrumpido hasta el a?o 2020. Con esta medida pretenden que las ventas no se concentren en momentos determinados o queden paralizadas hasta la aprobaci¨®n de nuevas ayudas. Este plan contar¨¢ en el a?o 2020 con al menos el 30% de la mayor recaudaci¨®n del impuesto del combustible de los veh¨ªculos di¨¦sel producida por el cambio normativo.

Como reclam¨® en varias ocasiones el grupo confederal, ambas partes han acordado un Plan de Rehabilitaci¨®n de Viviendas a partir de 2019, con una duraci¨®n de cuatro a?os y una inversi¨®n de 400 millones cada a?o. "Incluir¨¢ ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en las zonas y colectivos vulnerables, a los cuales se destinar¨¢ una cantidad que supondr¨¢ hasta el 20% del total".

Grupo de trabajo para las renovables

El objetivo, dice el documento, es llegar al 100% renovable que requiere otras medidas y reformas legislativas que necesitan consenso parlamentario. Ante eso se ha acordado crear "de manera inmediata" un grupo de trabajo, formado por representantes del Gobierno y del grupo Unidos Podemos, que elabore un proyecto de Ley de Cambio Clim¨¢tico y Transici¨®n Energ¨¦tica que deber¨¢ presentarse en el Congreso de los Diputados antes de finalizar 2018. En el mismo plazo, se redactar¨¢ un Plan Nacional Integrado de Energ¨ªa y Clima que tendr¨¢ que ser enviado a la Comisi¨®n Europea.

Con la misma inmediatez, se acuerda negociar las enmiendas al citado real-decreto antes de su convalidaci¨®n. En ese sentido, se incluyen cambios normativos para que las empresas el¨¦ctricas dejen de recibir sobrerretribuci¨®n (conocido como "beneficios ca¨ªdos del cielo" en terminolog¨ªa de Unidos Podemos) a energ¨ªas como las nucleraes o la hidr¨¢ulica. Se propone establecer "un l¨ªmite a lo que determinadas tecnolog¨ªas pueden cobrar en el mercado el¨¦ctrico: la diferencia entre el precio del mercado y ese l¨ªmite se considerar¨¢ un ingreso del sistema el¨¦ctrico y ser¨¢ destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores".

Tambi¨¦n plantea revisar los pagos por capacidad excluyendo la posibilidad de incurrir en ayudas ilegales y modificar la factura de la luz para reducir el porcentaje que representa el t¨¦rmino de potencia en funci¨®n de la energ¨ªa consumida. De esta manera, el coste de los primeros kilovatios/hora (Kw/h) consumidos ser¨¢ inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energ¨¦tica.

El acuerdo plantea "establecer reglamentariamente la retribuci¨®n de la energ¨ªa vertida a la red por las instalaciones de autoconsumo que, deber¨¢ ser, igual al valor del mercado mayoristas de electricidad" y contar con los mecanismos simplificados de compensaci¨®n de la energ¨ªa exportada e importada de la red por las instalaciones de autoconsumo.

Reacci¨®n sectorial

Fuentes del sector el¨¦ctrico, tras compartir la necesidad de una reforma del mercado de generaci¨®n hacia estructuras ya existentes en la Uni¨®n Europea, sostienen que dicha reforma, en l¨ªnea con la postura del entorno comunitario, debe ser general, y no tecnol¨®gica, acompa?ada del desarrollo de mecanismos de capacidad para la generaci¨®n t¨¦rmica que, generar¨¢ cada vez menos pero garantizar¨¢ el suministro.

Sin embargo, a su juicio, "no caben medidas que penalicen a las energ¨ªas libres de emisiones como las que se proponen al respecto de la nuclear y la hidroel¨¦ctrica, en base a argumentos extensibles a todas las energ¨ªas renovables". "Son medidas contrarias a la normativa de la UE, por lo que se generar¨ªa una nueva judicializaci¨®n del sector, en un momento en el que lo que se requiere es recuperar la confianza de los inversores de cara a afrontar la transici¨®n ecol¨®gica", a?aden,

Tambi¨¦n aseguran que esas medidas "van en contra de la acci¨®n clim¨¢tica, desincentivando las inversiones en energ¨ªas limpias, castigando a los agentes que han apostado por estas tecnolog¨ªas limpias y perpetuando los privilegios de aquellas empresas que no creyeron en la necesidad de la energ¨ªa sostenible".

Asimismo, recuerdan que las centrales nucleares no est¨¢n amortizadas (no han llegado al fin de su vida ¨²til) y est¨¢n tan sobrecargadas de impuestos que no son viables. Mientras, las hidroel¨¦ctricas no est¨¢n amortizadas y requieren de cantidades ingentes de inversi¨®n (gran obra civil) que empiezan a dar r¨¦ditos a partir de los 70 a?os del inicio de su funcionamiento. Las quejas no acaban ah¨ª: "Los generadores hidroel¨¦ctricos pagan actualmente m¨¢s del 25% de sus ingresos en impuestos, tan elevados que no tienen parang¨®n con pa¨ªses de nuestro entorno".?