El PP rectifica y acepta recuperar la justicia universal que recort¨® en 2014
El partido acuerda ahora que se pueda juzgar en Espa?a a implicados en cr¨ªmenes de lesa humanidad que no solo sean espa?oles o residentes en territorio nacional
Hasta el PP est¨¢ de acuerdo ahora en rescatar aspectos de la justicia universal recortados durante el Gobierno con mayor¨ªa absoluta de Mariano Rajoy en 2014. Todos los partidos presentes en el Congreso se lo prometieron ayer a un hermano de Jos¨¦ Couso, el reportero de televisi¨®n muerto en Bagdad en 2003 por el Ej¨¦rcito de EE?UU. El PP acepta ahora que se pueda juzgar en Espa?a a implicados en cr¨ªmenes de lesa humanidad que no solo sean espa?oles o residentes en territorio nacional. El Gobierno tambi¨¦n impulsa esa reforma.
El PP, ahora con Pablo Casado al frente, da marcha atr¨¢s en la reforma que determin¨® que no se pudieran investigar ni juzgar en la Audiencia Nacional delitos cometidos contra espa?oles en el extranjero. Representantes de todos los partidos presentes en el Congreso y la presidenta de la C¨¢mara, Ana Pastor, se reunieron este martes con el hermano de Jos¨¦ Couso, el reportero gr¨¢fico de Tele 5 muerto durante la guerra de Irak por disparos de un tanque del Ej¨¦rcito de Estados Unidos, y le prometieron desbloquear la paralizada reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial para corregir esos l¨ªmites.
¡°Esta ma?ana nos hemos llevado una grata sorpresa al ver que se inicia el proceso para recuperar la jurisdicci¨®n universal, al darse un consenso entre los grupos parlamentarios. Estaremos expectantes y vigilando que as¨ª sea¡±, escribi¨® a la salida de la cita David Couso, hermano y portavoz de la familia del c¨¢mara. ERC present¨® hace dos a?os una proposici¨®n de ley para revisar las reformas de la justicia universal aplicadas en los ¨²ltimos a?os por distintos Ejecutivos del PP y del PSOE. La m¨¢s reciente, de 2014, quiso poner freno sobre todo a la posibilidad de que jueces espa?oles pudieran abrir causas relacionadas con la vulneraci¨®n de derechos y libertades en otros pa¨ªses. El Gobierno alegaba que su prop¨®sito era evitar complejos conflictos pol¨ªticos y diplom¨¢ticos internacionales.
La muerte de Couso ha sido uno de los m¨¢s simb¨®licos, por los problemas con que se encontr¨® su familia para solicitar y conseguir declaraciones de mandos y autoridades norteamericanas.
El acuerdo alcanzado por los partidos coincide con el prop¨®sito de la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, una aut¨¦ntica abanderada de la jurisdicci¨®n internacional en su etapa de 25 a?os de trabajo como fiscal de la Audiencia Nacional. El Gobierno, el PSOE y Podemos han incluido esa promesa tambi¨¦n en su acuerdo presupuestario para 2019 y est¨¢n a la espera del dictamen de una comisi¨®n de expertos creada por la ministra Delgado para recoger sus conclusiones.
La diputada del PP Mar¨ªa Jes¨²s Moro, que ha obtenido para esta marcha atr¨¢s la autorizaci¨®n de Casado y del exministro Rafael Catal¨¢, concede que en 2014 su partido fue ¡°demasiado riguroso¡± para evitar ¡°los intentos de juicios e investigaciones urbi et orbi¡± y que se colapsase la Audiencia Nacional cuando algunos procedimientos ya estaban en marcha en tribunales internacionales.
El cambio de postura del PP
En 2009 se realiz¨® una reforma respecto a la jurisdicci¨®n universal, contenida en el art¨ªculo 23 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, que establec¨ªa una serie de requisitos a tener en cuenta que son los que el PP propone recuperar ahora: la relaci¨®n de delitos que ya exist¨ªa en dicho art¨ªculo se aument¨® solamente a?adiendo los delitos de lesa humanidad; aunque ya exist¨ªa una obligaci¨®n gen¨¦rica de perseguir los delitos contenidos en los tratados internacionales, se especific¨® a¨²n m¨¢s, dando especial relevancia a los convenios de derecho internacional humanitario y de protecci¨®n de los derechos humanos.
Tambi¨¦n se establec¨ªan tres condiciones para que pudieran ser perseguidos por la jurisdicci¨®n espa?ola los delitos citados: cuando quedara acreditado que sus presuntos responsables se encontraban en Espa?a o que exist¨ªan v¨ªctimas de nacionalidad espa?ola; cuando se constatase alg¨²n v¨ªnculo de conexi¨®n relevante con Espa?a; y, en todo caso, que en otro pa¨ªs competente o en el seno de un tribunal internacional no se hubiera iniciado un procedimiento que supusiera una investigaci¨®n y una persecuci¨®n efectiva, en su caso, de tales hechos punibles; y, por ¨²ltimo, se fijaba que el proceso penal iniciado ante la jurisdicci¨®n espa?ola se sobreseer¨ªa provisionalmente cuando quedara constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el pa¨ªs o por un tribunal internacional.
En la reforma aplicada por el Gobierno del PP en 2014 se a?adieron una serie de delitos debido a los compromisos internacionales adquiridos por Espa?a y por motivos t¨¦cnicos como los delitos de tortura y contra la integridad mora, la desaparici¨®n forzada, los referidos a la protecci¨®n f¨ªsica de materiales nucleares, violencia contra las mujeres, corrupci¨®n en las transacciones internacionales y falsificaci¨®n de productos m¨¦dicos.
En aquel momento el Ejecutivo de Rajoy se preocup¨® m¨¢s de garantizar el principio de subsidiariedad de la forma y excluy¨® del proceso todos los casos en los que los hechos estuvieran siendo investigados en un tribunal internacional o cuando se hubiera iniciado una investigaci¨®n por un tribunal del lugar donde se cometieron los hechos o en el Estado de nacionalidad del sujeto al que se imputaban los hechos, siempre que dicha persona no se encontrase en territorio espa?ol o se hubiera iniciado procedimiento para su extradici¨®n. El PP valorar¨¢ ahora en el tr¨¢mite de la ponencia los requisitos de 2009 para evitar los problemas que se hubieran podido derivar de los incorporados en 2014, seg¨²n fuentes de su grupo parlamentario implicadas en la negociaci¨®n.
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