Dos a?os en la c¨¢rcel espa?ola entre Taiw¨¢n y China

Dos a?os han pasado ya desde el cierre de la operaci¨®n Wall, un golpe policial contra una organizaci¨®n criminal que estafaba telef¨®nicamente desde Espa?a a ciudadanos en China. Hubo 269 detenciones en Madrid, Barcelona, Alicante, M¨¢laga y Zaragoza que pusieron a prueba la capacidad judicial de la Audiencia Nacional por el volumen del caso: tuvieron que movilizar todas sus secciones de lo penal para poder tramitar la extradici¨®n de los arrestados al gigante asi¨¢tico.? 214 de estos detenidos solicitaron asilo, como taiwaneses y no como chinos, una maniobra que est¨¢ dilatando el proceso mucho m¨¢s de lo que se preve¨ªa.

Este mes vence el plazo m¨¢ximo que pueden estar presos sin sentencia condenatoria, por lo que Audiencia est¨¢ revisando los casos para prorrogar la prisi¨®n preventiva: ya ha conseguido la medida para m¨¢s de 150 de los detenidos y a la cincuentena que resta les espera un destino similar la semana pr¨®xima.?

Los 214 solicitantes de asilo, del total de 269 detenidos, mantienen que son originarios de Taiw¨¢n y que en China no se respetan los derechos humanos. Esta alegaci¨®n ya se realiz¨® para intentar impedir la extradici¨®n? (aprobada en febrero de 2017 por el Consejo de Ministros),?pero la Audiencia la rechaz¨® porque Taiw¨¢n integra la Rep¨²blica Popular de China, no forma parte de la ONU desde 1978 y no mantiene relaciones diplom¨¢ticas con la UE, pues solo se tiene relaci¨®n oficial con otros 23 pa¨ªses en el mundo. Seg¨²n fuentes de la defensa, de los 269 imputados, solo 53 son originarios de la Rep¨²blica Popular China. El resto naci¨® en la Rep¨²blica Nacional China, que es el nombre oficial de Taiw¨¢n.?La Audiencia justifica la pr¨®rroga actual en sus autos por la "falta de arraigo" de los detenidos, que estaban en Espa?a con permisos de turista, al considerar que existe un gran riesgo de fuga.?

Pablo Lightowler, abogado de cuatro de los detenidos, lamenta que las prorr¨®gas se est¨¦n concediendo "de manera casi autom¨¢tica". "Se escudan en que no tienen arraigo, pero para limitarle la libertad a una persona de esta manera hace falta mucho m¨¢s, sobre todo por el tipo de delito que han cometido", asegura el letrado, que considera que los autos de pr¨®rroga de la prisi¨®n preventiva son un "totum revolutum" que no tienen demasiado en cuenta los argumentos de la defensa. Desde la Audiencia Nacional se niega este extremo y aseguran que los autos est¨¢n realizados "de acuerdo con la pr¨¢ctica jur¨ªdica habitual".?

Una vez prorrogada la prisi¨®n preventiva, los detenidos pueden estar otros dos a?os m¨¢s en la c¨¢rcel, hasta un total de cuatro. Desde el Ministerio de Interior, que se encarga de tramitar la solicitudes de asilo, se indica que los expedientes est¨¢n siendo analizados. Las de los chinos o taiwaneses se suman a las m¨¢s de 60.000 solicitudes de peticiones que la Oficina de Asilo y Refugio acumula sin resolver.

Una operaci¨®n in¨¦dita

La operaci¨®n Wall se plane¨® y desarroll¨® en septiembre de 2016 entre la Interpol, la polic¨ªa china y las fuerzas de seguridad espa?olas. Se practicaron 269 detenciones en cinco ciudades distintas contra ciudadanos de origen chino que estafaban a personas de pocos ingresos en su pa¨ªs desde chalets de lujo en los exist¨ªa una seria disciplina de trabajo. Los jefes de la trama se tra¨ªan a operadores desde China y Taiw¨¢n con la promesa de conseguirles luego un permiso de trabajo. Estos "estafadores contratados" hac¨ªan creer a ciudadanos chinos que hab¨ªan cometido un delito y cobraban a cambio de librarles del problema, algo relativamente com¨²n en China por la extensi¨®n de la corrupci¨®n de bajo nivel entre funcionarios y agentes de polic¨ªa.?

Para poder hacer frente a semejante volumen de detenciones y en un dispositivo sin precedentes, la Audiencia Nacional moviliz¨® a cuatro jueces de instrucci¨®n, seis fiscales, 95 abogados de oficio, seis letrados de la administraci¨®n de justicia, casi una treintena de funcionarios, seis int¨¦rpretes y numeroso personal forense y policial para conseguir tomarles declaraci¨®n en plazo y tramitar las extradiciones, que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros y confirmadas por la propia Audiencia hace ahora un a?o.?