La estafa telef¨®nica china, un test de estr¨¦s para la Audiencia Nacional

Las autoridades chinas han sometido esta semana a la Audiencia Nacional, a la Polic¨ªa y a Instituciones Penitenciarias a un aut¨¦ntico test de estr¨¦s. Cuatro jueces centrales de instrucci¨®n, seis fiscales, otros tantos letrados de la administraci¨®n de justicia, una treintena de funcionarios, seis int¨¦rpretes y 95 abogados de oficio se han coordinado para tramitar la extradici¨®n de 279 ciudadanos chinos detenidos el lunes y supuestamente implicados en una macroestafa telef¨®nica que operaba desde Espa?a y cuyas v¨ªctimas residen en el gigante asi¨¢tico. En apenas cuatro d¨ªas, desde el lunes hasta el jueves, la Audiencia Nacional ha gestionado m¨¢s procedimientos internacionales de entrega que en todo 2015, cuando, seg¨²n la memoria del tribunal, los seis jueces centrales tramitaron un total de 238 extradiciones.

De los 279 detenidos en la llamada Operaci¨®n Wall (Muralla, en ingl¨¦s), una treintena lo fueron en Alicante, y pasaron a disposici¨®n de jueces de aquella provincia tambi¨¦n coordinados con la Audiencia Nacional. Los 239 restantes han ido llegando en tandas en autobuses durante toda la semana a la Audiencia. En total, 234 personas han ingresado en diferentes prisiones de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. El resto ha quedado en libertad. Tres de ellos, supuestamente v¨ªctimas de trata de seres humanos, viv¨ªan encerrados a la fuerza en uno de los aproximadamente 20 chal¨¦s de Madrid desde los que operaba la trama- se han acogido al protocolo de protecci¨®n. La red se extend¨ªa a las provincias de Barcelona, Alicante y Albacete.

La estafa afect¨® a miles de ciudadanos chinos de clase baja. Seg¨²n la documentaci¨®n aportada por China para reclamar la entrega, los supuestos delincuentes hac¨ªan pensar a sus v¨ªctimas que estaban siendo investigados por las autoridades de ese pa¨ªs. El enga?o serv¨ªa para sacarles sus exiguos ahorros. Un joven lleg¨® a suicidarse tras haber entregado a la trama el dinero que ten¨ªa guardado para realizar sus estudios. El bot¨ªn amasado por la red se cifra en 16 millones de euros.

Aunque la petici¨®n de entrega proviene de China, la gran mayor¨ªa de los detenidos, muchos de ellos muy j¨®venes, han asegurado que son naturales de Taiw¨¢n, lo que previsiblemente dificultar¨¢ su extradici¨®n. En los ¨²ltimos a?os, las autoridades chinas han presionado a Espa?a en materia judicial, tanto con el caso de blanqueo atribuido al empresario Gao Ping como con la querella contra los exmandatarios del pa¨ªs asi¨¢tico por el genocidio en T¨ªbet. La influencia de China, poseedora del 20% de la deuda espa?ola, llev¨® al Gobierno del PP en la X Legislatura a reformar la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial para reducir a la m¨ªnima expresi¨®n la justicia universal, es decir, la competencia de los jueces espa?oles para investigar y juzgar delitos cometidas fuera de su territorio.

El encargado de coordinar el dispositivo ha sido el juez Jos¨¦ de la Mata, que ha contado con la colaboraci¨®n de sus compa?eros Santiago Pedraz, Carmen Lamela y Alejandro Abascal a la hora de tomar declaraci¨®n a los detenidos. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, los implicados negaron ser conscientes de estar cometiendo una estafa telef¨®nica desde Espa?a. Muchos de ellos se?alaron que llegaron a este pa¨ªs creyendo que iban a trabajar como gu¨ªas tur¨ªsticas. Una vez en Europa, los detenidos fueron distribuidos por diferentes chalets, donde, seg¨²n su testimonio, recib¨ªan un breve cursillo de teleoperador para realizar m¨¢s eficazmente su trabajo.

Las jornadas de ultrafondo judicial fueron especialmente duras para los funcionarios de los juzgados centrales de instrucci¨®n 5 y 1. Algunos de ellos ha relatado que ante la imposibilidad de salir a comer se tuvo que conformar con el bocadillo que uno de los detenidos hab¨ªa dejado sin probar.

Adem¨¢s de por la procedencia taiwanesa declarada por la mayor¨ªa de detenidos, la causa se complica por las dificultades ling¨¹¨ªsticas y las caracter¨ªsticas del tratado de extradici¨®n entre Espa?a y China. Este convenio, m¨¢s complejo que el habitual, no ha permitido a¨²n preguntar a los detenidos si aceptaban su entrega al gigante asi¨¢tico, donde impera la pena de muerte y los derechos humanos son un tab¨².

Las autoridades chinas disponen de 40 d¨ªas para entregar a Espa?a toda la documentaci¨®n relativa a los reclamados. Ser¨¢n las cuatro secciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia las que se encargar¨¢n de decidir sobre la entrega de los detenidos. En caso de que los jueces rechacen la entrega, el procedimiento quedar¨¢ en v¨ªa muerta. Si, por el contrario, la autorizan, la decisi¨®n ¨²ltima corresponder¨¢ al Gobierno.