Choque entre el fiscal y las defensas por qui¨¦n debe juzgar el ¡®proc¨¦s¡¯
Las defensas de los procesados piden que el caso se juzgue en Catalu?a porque los supuestos delitos se cometieron en esa comunidad
La vista previa del juicio del proc¨¦s anticipa un choque frontal entre las acusaciones y las defensas por cada uno de los detalles que han marcado la investigaci¨®n. El primer enfrentamiento lleg¨® este martes en la sesi¨®n preliminar: la fiscal¨ªa y las defensas se enzarzaron sobre qui¨¦n debe juzgar el caso. Los abogados de los pol¨ªticos presos se aferraron con m¨¢s convicci¨®n que confianza a la ¨²ltima oportunidad que tienen para intentar que el proc¨¦s sea juzgado en Catalu?a en vez de en el Supremo. El ministerio p¨²blico se opuso: el desaf¨ªo independentista ¡°fue un atentado al orden constitucional¡±, arremeti¨® el fiscal.
M¨¢s de un a?o despu¨¦s de que el Tribunal Supremo asumiera la causa abierta por rebeli¨®n contra los l¨ªderes independentistas de Catalu?a, los abogados de los 18 acusados siguen sosteniendo que la investigaci¨®n no correspond¨ªa al alto tribunal sino al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a. El Supremo se ha pronunciado ya sobre este asunto en varias ocasiones y siempre lo ha hecho para ratificar que la competencia es suya: lo que lo previsible es que vuelva a insistir en su tesis tras la vista de ayer. El Constitucional tiene tambi¨¦n pendiente resolver sobre ello, pero cuando lo haga, probablemente, el juicio ya habr¨¢ empezado y hasta puede haber terminado. Con esos antecedentes, los abogados de los acusados defendieron la postura contraria ¡ªque el juicio debe celebrarse en Catalu?a¡ª con convicci¨®n pero escasas expectativas. ¡°Tengo poca confianza en que la sala acepte los argumentos de esta defensa. Tengo la sensaci¨®n de que ya se ha tomado una decisi¨®n¡±, afirm¨® Jordi Pina, abogado de los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y el expresidente de la ANC y actual diputado de Junts per Catalunya Jordi S¨¤nchez.
Los abogados y las acusaciones ¡ªla Fiscal¨ªa, la Abogac¨ªa del Estado y Vox¡ª se vieron este martes frente a frente por primera vez ante el tribunal designado para juzgar el proc¨¦s: los magistrados Manuel Marchena (presidente de la Sala Penal); Andr¨¦s Palomo; Luciano Varela; Andr¨¦s Mart¨ªnez Arrieta; Juan Ram¨®n Berdugo; Antonio del Moral, y Ana Ferrer. Lo hicieron en el Sal¨®n de Plenos, la misma instancia que acoger¨¢ la vista oral a partir de finales del pr¨®ximo mes de enero o principios de febrero si el Supremo ratifica que es competente para juzgar el caso.
A la vista no acudieron los acusados, que s¨ª tendr¨¢n que estar presentes en el juicio. Por lo dem¨¢s, la sesi¨®n sirvi¨® como primera toma de contacto. Y anticipa un juicio largo ¡ªse estiman alrededor de tres meses¡ª en el que los argumentos jur¨ªdicos se mezclar¨¢n irremediablemente con los pol¨ªticos e incluso con los sentimentales.
Todo eso ya ocurri¨® este martes. Las defensas y las acusaciones se explayaron en razones de contenido t¨¦cnico para defender su tesis. Por parte de los abogados hubo un argumento un¨¢nime: los hechos que definen los supuestos delitos de rebeli¨®n y sedici¨®n, los principales que se atribuyen a los dirigentes independentistas, se cometieron en Catalu?a y, por tanto, deben juzgarse en esa comunidad. Judith Gen¨¦, abogada del exconsejero Joaquim Forn, expuso que, tras un a?o de instrucci¨®n, se ha demostrado que los hechos que pudieron haber justificado que el caso se investigara en el alto tribunal ¡°han quedado desacreditados o han pasado a segundo o tercer t¨¦rmino respecto a la instrucci¨®n¡±. ¡°No puede ser que un pago en una sucursal de Bruselas o que la actividad efectuada por las delegaciones en el exterior arrastren la competencia. La instrucci¨®n ha demostrado que el n¨²cleo de los hechos por los que se abrir¨¢ juicio oral sucedieron, se planearon, se ejecutaron desde Catalu?a¡±, se?al¨®.
Las acusaciones, que hablaron despu¨¦s de todas las defensas, mantuvieron la tesis contraria. El fiscal Jaime Moreno record¨® que los fines de la rebeli¨®n eran derogar la Constituci¨®n espa?ola y declarar la independencia. ¡°Derogar la Constituci¨®n est¨¢ en la diana de la estrategia independentista. El resultado afecta a todo el territorio. Es un atentado grave al inter¨¦s general de Espa?a¡±, se?al¨® el fiscal, para quien las consecuencias para todo el Estado determinan que el juicio corresponda al alto tribunal.
Las defensas alegan que la celebraci¨®n del juicio en el Supremo vulnera varios derechos fundamentales de los acusados, entre ellos el derecho al juez ordinario predeterminado por ley, el de contar con la posibilidad de recurrir la sentencia ante una segunda instancia penal (las que dicta el Supremo son firmes) e incluso el de ser expresarse en catal¨¢n (idioma que usar¨¢n Turull, Rull y S¨¤nchez, seg¨²n adelant¨® su abogado).
Pero entre los argumentos expuestos por la defensa se desliz¨® tambi¨¦n otra raz¨®n extrajur¨ªdica que la mayor¨ªa de ellos ha se?alado ya en escritos y comparecencias: los abogados consideran que el alto tribunal tiene una opini¨®n predefinida sobre los delitos que se les atribuyen y eso no garantiza un juicio justo. ¡°La c¨²spide del Poder Judicial es sensible al poder pol¨ªtico y al poder econ¨®mico¡±, asegur¨® Mariona Roig, abogada del expresidente de ?mnium Jordi Cuixart.
Aunque el ¨²nico objetivo de la sesi¨®n era determinar qu¨¦ tribunal debe juzgar el caso, las defensas y las acusaciones ya deslizaron algunos de los argumentos que emplear¨¢n durante la vista oral, cuando lo que se debata no sea la competencia sino si hubo delito durante el pulso al Estado que desemboc¨® en octubre de 2017 en el refer¨¦ndum secesionista y la declaraci¨®n unilateral de independencia. ¡°Votar no es delito¡±, dijo Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Ra¨¹l Romeva. ¡°?C¨®mo vamos a unir una votaci¨®n con un alzamiento violento? ?C¨®mo vamos a vincular la clonaci¨®n de una web con un alzamiento?¡±, cuestion¨® el letrado.
Entre los representantes de las acusaciones, la m¨¢s vehemente fue la abogada del Estado Luc¨ªa Pedre?o, que sustituy¨® en la vista al abogado que ha dirigido la causa, Edmundo Bal, destituido por el Gobierno. ¡°Las reglas de la buena fe procesal rigen para todos¡±, respondi¨® tajante ante las dudas de las defensas sobre la imparcialidad del tribunal.
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