Espa?a amaga con denunciar a Reino Unido por Gibraltar

Espa?a alza la voz por el control del territorio en Gibraltar. El Ministerio de Exteriores ha enviado una carta a las autoridades brit¨¢nicas en la que amenaza con emprender acciones legales por lo que considera una violaci¨®n del principio de soberan¨ªa por un proyecto urban¨ªstico acometido en Gibraltar. El Gobierno protesta por el en¨¦simo episodio de expansi¨®n de la colonia brit¨¢nica a trav¨¦s de maniobras que implican ¡°ganar terreno al mar de forma ilegal por tratarse de aguas de soberan¨ªa espa?ola¡±, explican fuentes de Exteriores.

La queja, emitida el pasado 19 de febrero, supone elevar un pelda?o el malestar diplom¨¢tico expresado ya en 2017. Entonces, las autoridades del Pe?¨®n idearon un proyecto que contempla 665 viviendas de protecci¨®n oficial repartidas en seis torres de hasta 33 pisos. Exteriores alude ahora a ¡°nuevas informaciones¡± que inducen a pensar que el proyecto sigue en pie. En esas circunstancias, el Gobierno ¡°insta a que se detengan estas operaciones¡±. Si la exigencia no prospera, ¡°se reserva su derecho a emprender las acciones legales que estime m¨¢s apropiadas para defender su posici¨®n¡±, explican a EL PA?S fuentes de ese departamento. Las objeciones han sido expresadas a trav¨¦s de lo que se denomina una nota verbal, la comunicaci¨®n diplom¨¢tica de un Estado a otro para trasladar una queja.

El Ejecutivo esgrime el argumento que emplea en todas las disputas suscitadas respecto a la colonia brit¨¢nica: que el Tratado de Utrecht de 1713, por el que Espa?a cedi¨® ese territorio al reino brit¨¢nico, solo contemplaba la ciudad, el castillo, el puerto y las fortalezas. Ni el istmo, sobre el que se ha construido el aeropuerto, ni las aguas adyacentes estaban incluidos, por lo que Espa?a niega soberan¨ªa a Reino Unido sobre esos territorios. M¨¢s all¨¢ de esa constante en todas las protestas, el ministerio alude a que esos terrenos forman parte de la zona de especial protecci¨®n Estrecho Oriental, protegida seg¨²n la normativa europea de lugares de inter¨¦s comunitario.

Esa referencia a las normas de la UE induce a pensar que la eventual denuncia podr¨ªa presentarse ante la Comisi¨®n Europea y, en ¨²ltima instancia, ante el Tribunal de Justicia de la UE. El Brexit, sin embargo, siembra incertidumbre sobre la viabilidad de ese procedimiento. Porque si Reino Unido abandona el club comunitario ¡ªen principio el pr¨®ximo 30 de marzo, aunque la hip¨®tesis de una pr¨®rroga cobra cada vez m¨¢s fuerza¡ª, ya no se le podr¨¢n pedir cuentas ante la justicia europea, al menos no de manera autom¨¢tica.

Si se cierra la v¨ªa europea, Espa?a podr¨ªa presentar sus quejas ante un tribunal internacional (como el de La Haya), aunque resulta improbable una escalada de ese tipo.

La magnitud del plan programado por las autoridades gibraltare?as ha impulsado a Espa?a a amagar con acciones legales en su protesta. Exteriores ya envi¨® una primera nota verbal a Londres cuando trascendi¨® el plan, a finales de 2017. La nota estaba fechada el 19 de octubre de ese a?o. Ante la falta de reacci¨®n, el Gobierno endurece el tono en la segunda comunicaci¨®n.

Este nuevo choque se produce en un momento clave en la relaci¨®n de Espa?a con la colonia brit¨¢nica. El Brexit ha forzado a Londres a aceptar por primera vez unas m¨ªnimas condiciones que equilibren la conflictiva relaci¨®n entre Espa?a y la colonia. Con el divorcio brit¨¢nico, el Pe?¨®n tambi¨¦n sale de la Uni¨®n Europea, lo que da a Espa?a una posici¨®n m¨¢s ventajosa para exigir mejoras a cambio de mantener el v¨ªnculo con los socios europeos.

El contexto del Brexit

Espa?a ha logrado que el tratado de retirada de Reino Unido incluya un protocolo espec¨ªfico sobre Gibraltar y se ha garantizado el derecho de veto sobre la aplicaci¨®n al Pe?¨®n de cualquier acuerdo futuro entre Bruselas y Londres. En el ¨¢mbito bilateral, ha firmado cuatro memorandos de entendimiento sobre las cuestiones m¨¢s espinosas. Una de ellas es precisamente la medioambiental y el texto compromete a las dos partes a discutir sobre asuntos de alcance, ¡°incluida la recuperaci¨®n de tierras¡±, seg¨²n precisa ese documento. Adem¨¢s de lo ya firmado, Madrid y Londres tienen muy encarrilado un tratado fiscal destinado a evitar las pr¨¢cticas de competencia desleal por parte del Pe?¨®n a cambio de que este territorio salga de la lista espa?ola de para¨ªsos fiscales. Pese a todo, ninguno de estos logros est¨¢ garantizado en caso de Brexit abrupto.

La estrategia gibraltare?a de ganar artificialmente terreno al mar enfrenta a ambas administraciones desde hace a?os. Los grupos ecologistas han denunciado en numerosas ocasiones esa pr¨¢ctica, denominada relleno, por la que Espa?a tambi¨¦n ha presentado denuncias ante la Comisi¨®n Europea por presunta comisi¨®n de delitos medioambientales.