PSOE y Cs tambi¨¦n concluyen en el Congreso que el PP se financi¨® irregularmente

PSOE y Ciudadanos atraviesan por uno de sus momentos m¨¢s cr¨ªticos en sus complicadas relaciones pol¨ªticas, con duros ataques entre sus l¨ªderes, Pedro S¨¢nchez y Albert Rivera, en v¨ªsperas de la inminente campa?a electoral para el 28-A pero apenas discrepan en cuanto a c¨®mo se financi¨® "irregularmente" el PP durante a?os. Los dos partidos han presentado este martes sus conclusiones sobre la comisi¨®n de investigaci¨®n abierta hace casi dos a?os en el Congreso sobre la financiaci¨®n del PP y han sido contundentes: el PP tuvo una caja b, entre otras razones para pagar sobresueldos a muchos de sus cargos, y compiti¨® en varias campa?as dopado ilegalmente. La comisi¨®n se ha cerrado sin un dictamen conjunto por desacuerdos cruzados de ¨²ltima hora entre casi todos los partidos.

El PSOE ten¨ªa pocas dudas sobre cu¨¢les iban a ser sus conclusiones de la comisi¨®n que lleva trabajando en el Congreso desde abril de 2017.Los socialistas determinan as¨ª que el PP mantuvo desde su fundaci¨®n en 1989 "un aut¨¦ntico y eficaz sistema de corrupci¨®n institucional, a trav¨¦s de mecanismos de manipulaci¨®n de la contrataci¨®n p¨²blica central, auton¨®mica y local, con el objeto de financiar irregularmente los gastos ordinarios electorales del partido y de abonar sustanciosos sobresueldos a sus dirigentes".

El balance que hace Ciudadanos de las decenas de comparecencias mantenidas en la comisi¨®n no es muy diferente y lo enlaza con la sentencia del verano pasado de la Audiencia Nacional. Ciudadanos deduce as¨ª que "exist¨ªa una contabilidad paralela en el seno del Partido Popular" y que dicha ¡°contabilidad b operaba como un mecanismo a trav¨¦s del cual se percib¨ªan donaciones por parte de empresas afines al Partido que se beneficiaban de las licitaciones llevadas a cabo en las administraciones gobernadas por el Partido Popular, y que escapaban de esta forma a cualquier tipo de fiscalizaci¨®n".

Podemos, ERC y Bildu tambi¨¦n llegaron a ese mismo punto de destino pero no votaron para permitir que saliese adelante un dictamen de conclusiones porque reclamaron a ¨²ltima hora, como llevan haciendo desde hace dos meses, algunas nuevas presencias en la comisi¨®n que no fueron aceptadas por el PP y el PSOE. Esos partidos, que en su momento apoyaron la moci¨®n de censura contra Mariano Rajoy por la condena de corrupci¨®n en la Audiencia Nacional, reclamaron que el expresidente acudiera al Congreso para explicarse, as¨ª como el actual portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosid¨®, y tambi¨¦n algunos empresarios muy reconocidos, como Florentino P¨¦rez o Juan Miguel Villar Mir. Y como no lo lograron reprocharon "el cierre estrafalario y en falso" de esos trabajos.

La portavoz de Podemos, Carolina Bescansa, exigi¨® esas comparecencias, incluso con el compromiso de que se efectuaran en la nueva legislatura tras las elecciones, y recibi¨® el apoyo de ERC, Bildu y hasta Ciudadanos. Pero no del PP, el PSOE ni del presidente de la comisi¨®n, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias. Esa discrepancia y el adelanto electoral abocaron que la comisi¨®n se haya cerrado este martes sin acuerdo final y con acusaciones por parte de Podemos de un "curioso" pacto entre PP y PSOE contra el partido morado por no asumir las conclusiones finales como si estuvieran al lado del PP.

Pedro Quevedo, que se ha desga?itado para mantener el orden y controlar algunas exposiciones muy pol¨¦micas durante las m¨¢s de 40 comparecencias y 100 horas de trabajo que ha durado la comisi¨®n, se lament¨® con un "profundo malestar" de este final frustrado "y no muy feliz". Eso s¨ª consider¨® que las aportaciones realizadas en la comisi¨®n han servido para determinar que a¨²n hacen falta m¨¢s medidas legislativas para luchar en serio contra la corrupci¨®n.

Los que s¨ª presentaron en cualquier caso informe final de conclusiones fueron Ciudadanos y PSOE, que no fueron votados. Y fueron muy similares.

"El PP dispuso de una estructura financiera y contable paralela a la oficial, una aut¨¦ntica caja B, nutrida mayoritariamente con fondos opacos vinculados a los favores otorgados a trav¨¦s de contrataci¨®n p¨²blica, ajena a la legislaci¨®n sobre financiaci¨®n de partidos y no fiscalizada por el Tribunal de Cuentas", se?alan los socialistas en sus conclusiones, supervisadas por la portavoz, Adriana Lastra, y elaboradas fundamentalmente por el diputado Artemi Rallo. En otro punto se mantiene que "la doble contabilidad del PP ha amparado el pago de generosos sobresueldos a dirigentes del partido", que, como cargos p¨²blicos, "incurr¨ªan en incompatibilidad" con el salario p¨²blico que percib¨ªan.

Ciudadanos, por su parte, sostiene tras las comparecencias en la comisi¨®n de los extesoreros del Partido Popular, de los empresarios citados y de los cargos que acudieron que "la finalidad ¨²ltima y principal de la contabilidad b del PP (m¨¢s all¨¢ de otorgar sobresueldos a sus dirigentes) era operar como un mecanismo mediante el cual el Partido Popular detra¨ªa fondos p¨²blicos fundamentalmente para perpetuarse en el poder; es decir, para mantener a todos sus cargos p¨²blicos y para mantener tambi¨¦n una gran red clientelar, que en el caso de la Comunidad de Madrid era realmente importante".

El partido de Rivera, que ha tenido como portavoz en esta comisi¨®n a Toni Cant¨®, con intervenciones muy duras contra los dirigentes del PP, infiere de varias de las exposiciones realizadas en el Congreso y en especial de algunos comisarios de la Polic¨ªa Judicial que los populares concurrieron "a distintos procesos electorales con financiaci¨®n extra, no declarada y no cumpliendo con la legislaci¨®n relativa a la financiaci¨®n de las campa?as electorales, algo que tuvo graves efectos sobre el proceso electoral, tales como vulnerar las bases de la competici¨®n electoral y deslegitimar el resultado y las instituciones para las que fueron electos cargos p¨²blicos en dichas convocatorias electorales".

De todas las comparecencias realizadas, Ciudadanos concluye que el PP "dispon¨ªa de una contabilidad no declarada (o caja B)"; que? "gracias a la existencia de esa contabilidad no declarada, repart¨ªa sobresueldos entre los altos cargos del Partido Popular, una pr¨¢ctica que se prolong¨® en el tiempo y que, si bien los principales dirigentes del partido han afirmado no tener conocimiento de ella (aunque algunos s¨ª lo han reconocido), parece dif¨ªcil que pudiera haberse desarrollado sin su concurso; que? "a trav¨¦s de diversos cargos del Partido Popular, influ¨ªa en las licitaciones de obra p¨²blica con el ¨¢nimo de favorecer a aquellas empresas que realizaban donaciones al partido; que por todo ello, "se financiaba de forma irregular"; y, finalmente, que "merced a dicha financiaci¨®n irregular y no sujeta a control alguno, el Partido Popular destinaba a los procesos electorales una cantidad de fondos no fiscalizable y no declaraba, que conduc¨ªa a una desigualdad manifiesta en la competici¨®n electoral y menoscababa la calidad de la democracia espa?ola".

Estas y el resto de las conclusiones de los otros partidos no surtir¨¢n ning¨²n efecto salvo el de la denuncia pol¨ªtica toda vez que no hay ya tiempo para incluir un dictamen final en un pleno del Congreso para su votaci¨®n ya que las Cortes se disolver¨¢n el pr¨®ximo 5 de abril que es el plazo legal para celebrar las elecciones generales el pr¨®ximo 28 de abril.

Ciudadanos aprovech¨® sus conclusiones para recordar y denunciar que en la reuni¨®n de la Mesa de la Comisi¨®n del 13 de febrero de 2019 el PP y el PSOE acordaron vetar la comparecencia de Mariano Rajoy "pese a que ¨¦ste ostentaba el cargo de m¨¢xima responsabilidad (el de presidente del partido) durante los a?os objeto de estudio por parte de la Comisi¨®n".