Un sector del Supremo ve dif¨ªcil encajar el ¡®proc¨¦s¡¯ en el tipo de rebeli¨®n

Un sector del Tribunal Supremo, cuya sala penal enjuicia a 12 l¨ªderes del proc¨¦s, considera dif¨ªcil encajar la actuaci¨®n de estos en el tipo delictivo de rebeli¨®n, que puede suponer penas de c¨¢rcel de hasta 25 a?os.

Algunos miembros del alto tribunal (que tiene m¨¢s de 75 magistrados) abogan por una reforma del C¨®digo Penal para introducir un nuevo apartado dentro del delito de rebeli¨®n con penas menos duras cuando se desacaten resoluciones de los altos tribunales relacionadas con los fines de la rebeli¨®n. Se configurar¨ªa as¨ª un delito de desobediencia especialmente agravada. Otro togado apunta su inquietud sobre ¡°el n¨²cleo de la cuesti¨®n¡± del juicio: el delito de rebeli¨®n.

La iniciativa de reforma del C¨®digo Penal es incluso anterior al inicio de la vista del proc¨¦s y ha sido discretamente conocida por c¨ªrculos restringidos de la judicatura y de la pol¨ªtica. T¨¦cnicamente consiste en a?adir un art¨ªculo 472bis al actual 472 (el que regula la rebeli¨®n), para castigar a la autoridad o funcionario p¨²blico que de forma ¡°grave¡± o ¡°reiterada¡± desatendiese los requerimientos del Tribunal Constitucional para cualquiera de los fines recogidos en el actual delito de rebeli¨®n (como ¡°declarar la independencia de una parte del territorio nacional¡± o ¡°derogar, suspender o modificar la Constituci¨®n¡±).

La horquilla de penas que se propone de inicio ir¨ªa de tres a siete a?os de c¨¢rcel, seg¨²n ha confirmado este diario de diversas fuentes. La misma reforma se aplicar¨ªa al delito de sedici¨®n (art¨ªculo 544 del C¨®digo Penal, el que la Abogac¨ªa del Estado atribuye a los principales acusados del proc¨¦s).

Los magistrados que abogan por ella consideran que podr¨ªa salir adelante en el Congreso. Las fuentes consultadas explican que en la publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) se podr¨ªa exponer que el cambio viene aconsejado por las dificultades de encaje en los tipos actuales de los comportamientos examinados en este caso. Y responder¨ªa as¨ª a la necesidad de adecuar la legislaci¨®n penal ¡°a las nuevas caracter¨ªsticas de conductas ilegales¡± como las cometidas en el pulso de la Generalitat al Estado, que no est¨¢n actualizadas en el repertorio de la tipificaci¨®n delictiva. En consecuencia, se las castigar¨ªa con penas m¨¢s proporcionadas.

Otra posibilidad ser¨ªa que el propio tribunal, si cuando acabe el juicio y sus deliberaciones considera que esas dificultades existen, incluya esta propuesta de reforma en la sentencia, como una sugerencia expl¨ªcita de los magistrados a las Cortes.

Los jueces del Tribunal Supremo que apoyan la idea recuerdan que ese nuevo tipo podr¨ªa aplicarse a los eventualmente condenados por rebeli¨®n, por conspiraci¨®n a la rebeli¨®n (tipo que supone uno o dos grados de sanci¨®n menos grave) o por sedici¨®n ¡°de forma autom¨¢tica¡± aunque ya se hubiera dictado la sentencia. Todas las normas penales se aplican retroactivamente si son m¨¢s favorables al reo.

Un tercer togado sugiere que el encaje en la rebeli¨®n es una cuesti¨®n ardua en s¨ª misma. Y aconsejar¨ªa a la sala que alcance un consenso de todos sus componentes. No solo por el mayor empaque que siempre exhibe una resoluci¨®n tomada por unanimidad, sino tambi¨¦n para blindar el fallo. En efecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ¡ªcon sede en Estrasburgo¡ª al que sin duda recurrir¨¢n varios de los procesados si el juicio acaba en condena, suele hacer suyos algunos argumentos e incluso la entera literalidad de los votos minoritarios discrepantes, como sucedi¨® en el reciente caso del l¨ªder kurdo Selahattin Demirtas.

Esa pretensi¨®n de unanimidad rebajar¨ªa la posibilidad de que el Supremo acabase dictando una sentencia concordante con la m¨¢xima dureza exhibida en las conclusiones provisionales del ministerio p¨²blico (al principal acusado, Oriol Junqueras, le pide 25 a?os de prisi¨®n). Al no parecer, al menos de momento, todos de acuerdo con la interpretaci¨®n de la Fiscal¨ªa, la conveniencia del consenso empujar¨ªa a la baja las penas e incluso los tipos.

Eso ya ocurri¨® con la Abogac¨ªa del Estado, que troc¨® su acusaci¨®n inicial de rebeli¨®n a la menos punible de sedici¨®n. Aunque el viento puede cambiar en cualquier momento porque, durante el juicio, puede haber nuevas revelaciones o sesgos imprevistos en la pr¨¢ctica de pruebas que asienten la tesis del ministerio p¨²blico a favor de la rebeli¨®n tal y como la recoge hoy el C¨®digo Penal. Las tres semanas ya transcurridas de vista oral no parecen haber modificado los distintos enfoques iniciales de los magistrados. Tampoco de la Fiscal¨ªa. Esta sigue considerando que los nueve acusados que est¨¢n en prisi¨®n preventiva cometieron un delito de rebeli¨®n.

En las primeras sesiones, algunos interrogatorios de los fiscales han llamado la atenci¨®n por resultar poco consistentes y no indagar lo suficiente en las conductas m¨¢s propias de este tipo penal. Los cuatro fiscales de sala (la m¨¢xima categor¨ªa de la carrera) que llevan el caso son profesionales de prestigio reconocido, pero algunos dejaron hace tiempo las ¨¢speras batallas indagatorias propias de tribunales de grado inferior para concentrarse en la discusi¨®n jurisprudencial. Adem¨¢s, conscientes de la preparaci¨®n y oratoria de varios procesados y las dificultades de sorprenderles en renuncios, los fiscales ¡°han preferido no gastar esfuerzos en esta primera fase¡± para ¡°emplearse a fondo en la testifical y la pericial¡±, la que acaba de iniciarse, afirma un miembro de la acusaci¨®n. Con todo, el ministerio p¨²blico cree haber obtenido ya en los interrogatorios de los acusados algunas pruebas favorables a su tesis.