La Junta pone en marcha la supresi¨®n de los aforamientos

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El Gobierno bipartito andaluz de PP y Ciudadanos se mueve en sus primeras cinco semanas de vida entre la denuncia de la herencia ¡°envenenada¡± tras casi 37 a?os de mandatos socialistas y las propuestas de regeneraci¨®n democr¨¢tica. As¨ª van a estar un largo tiempo, admiten fuentes de la Junta, m¨¢s all¨¢ del calendario electoral que alcanza hasta el mes de mayo. Nada de lo que anuncia, por ahora, tiene un efecto inmediato, sino que empieza a rodar. Pero consigue situar al PSOE en una inc¨®moda situaci¨®n, ya que parte de su trabajo de oposici¨®n la consume en defenderse.

Entre las primeras piedras que han empezado a poner, figura la de eliminar los aforamientos para el presidente de la Junta, los consejeros y los 109 miembros del Parlamento de Andaluc¨ªa. Esta promesa ya se recog¨ªa en el acuerdo de investidura firmado por Ciudadanos y PSOE que permiti¨® la investidura de la socialista Susana D¨ªaz como presidenta andaluza en 2015. Nada se hizo y fue uno de los motivos esgrimidos por Ciudadanos para romper su acuerdo con el PSOE y provocar el adelanto electoral.

Todos los partidos dicen estar de acuerdo en eliminar esta prerrogativa que permite que las personas aforadas en Andaluc¨ªa sean juzgadas por el Tribunal Superior de Justicia o por el Tribunal Supremo, en lugar de la jurisdicci¨®n ordinaria. La gran dificultad de esta misi¨®n es que eso obliga a la reforma del Estatuto de Autonom¨ªa para Andaluc¨ªa.

Y no es un camino ni f¨¢cil ni corto. Adem¨¢s del acuerdo pol¨ªtico, para ser aprobada por el Parlamento andaluz, la reforma exige mayor¨ªa de dos tercios (73 de los 109 diputados), tramitaci¨®n mediante ley org¨¢nica en las Cortes y refer¨¦ndum positivo de los andaluces. El PSOE estima una ¡°frivolidad¡± abrir este mel¨®n y es partidario de una regulaci¨®n estatal para todas las comunidades. Tambi¨¦n temen que la hipot¨¦tica reforma no se ci?a a este aspecto, sino a otros muchos. En cualquier caso, los grupos de la izquierda, que suman 50 esca?os, pueden bloquear la modificaci¨®n. La ¨²ltima reforma estatutaria, aprobada en 2007, logr¨® el apoyo del 87,4% de los votos, pero con una abstenci¨®n de casi el 64%.

La otra medida aprobada este martes por el Consejo de Gobierno enfila hacia el combate de la corrupci¨®n. El Ejecutivo andaluz se propone proteger a las personas denunciantes del fraude y la corrupci¨®n y dar una especie de estatus especial a los que avisen de "posibles irregularidades y actuaciones fraudulentas o corruptas por parte de las personas al servicio de la Administraci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa".

La tesis del Gobierno es que hay "reticencias" a las denuncias por este tipo de pr¨¢cticas por temor a represalias. Fuentes del Gobierno aseguraron que a¨²n no est¨¢ claro si se limitar¨¢n a dar protecci¨®n a los funcionarios que denuncien o a personas ajenas a la Administraci¨®n. En cualquier caso, la iniciativa pretende garantizar el derecho de los denunciantes a la protecci¨®n de su identidad, la asistencia jur¨ªdica y psicol¨®gica, y a evitar el da?o en sus condiciones laborales.