Abascal oculta la identidad del comit¨¦ que controla las elecciones internas y la disciplina en Vox

Cinco licenciados en Derecho se encargan de mantener el control de Santiago Abascal sobre Vox, un partido que en los ¨²ltimos meses ha multiplicado por diez sus afiliados. Forman el comit¨¦ de garant¨ªas, que aplica el c¨®digo disciplinario a d¨ªscolos y cr¨ªticos; pero tambi¨¦n integran el comit¨¦ electoral, que controla las elecciones internas. Aunque, seg¨²n los estatutos, ellos son ¡°el garante de la democracia interna en el partido¡±, Vox se niega a revelar sus nombres, como obliga la ley de partidos, no solo a la prensa sino incluso a afiliados.

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Tras el comit¨¦ ejecutivo nacional, el comit¨¦ de garant¨ªas es el ¨®rgano m¨¢s poderoso de Vox. Su funci¨®n es mantener la disciplina entre los afiliados con la aplicaci¨®n de sanciones que pueden llegar hasta la expulsi¨®n del partido. Adem¨¢s, sus miembros son los mismos que forman el comit¨¦ electoral; un ¨®rgano que, seg¨²n los estatutos, ¡°garantiza la transparencia, objetividad y eficacia¡± de los procesos para elegir a los cargos internos, incluido el propio Abascal. De su contol solo queda fuera la elecci¨®n de los candidatos a cargos p¨²blicos,? que designa la ejecutiva nacional tras la reciente supresi¨®n de las primarias.

EL PA?S ha preguntado repetidamente a Vox qui¨¦nes son los miembros del comit¨¦ de garant¨ªas, pero la ¨²nica respuesta que ha obtenido es que se trata de ¡°un grupo externo de abogados cuya identidad no se considera conveniente revelar¡±.

El art¨ªculo 3 de la ley de partidos obliga a estos a publicar en su p¨¢gina web ¡°la composici¨®n de sus ¨®rganos de gobierno y representaci¨®n¡±. El PP, Ciudadanos y Podemos incluyen en su web la lista de integrantes de sus comit¨¦s de garant¨ªas. El PSOE no lo hace, pero alega que est¨¢ reformando su web y ha facilitado sus nombres a este peri¨®dico en cuanto se le ha solicitado.

La opacidad de Vox no se limita a la prensa, sino que afecta a su propia militancia, a pesar de que el art¨ªculo 8 de la ley de partidos es taxativo. Los afiliados tienen derecho, dice, ¡°a ser informados acerca de la composici¨®n de los ¨®rganos directivos y de administraci¨®n¡± del partido al que pertenezcan. Eso incluye al comit¨¦ de garant¨ªas, encargado precisamente de velar por los derechos de los afiliados.

Un afiliado de Almer¨ªa remiti¨® la semana pasada el siguiente mensaje al comit¨¦ de garant¨ªas: ¡°Desear¨ªa que me dijeran los nombres que componen el comit¨¦ de garant¨ªas, ya que tengo que elevarles una queja y para no incurrir en incompatibilidades entre ustedes y la persona [a la que] tengo que denunciar¡±.

El comit¨¦ le contest¨® con evasivas: ¡°Le invitamos a que presente la denuncia que considere pertinente y las posibles cuestiones procesales que puedan surgir referentes a la denuncia ser¨¢n tratadas a lo largo de la tramitaci¨®n del expediente¡±. El afiliado insisti¨®: ¡°?Pero me pueden facilitar, por favor, la identidad de los miembros que componen el comit¨¦ de garant¨ªas? He revisado la documentaci¨®n del partido y no la encuentro¡±. La pregunta sigue esperando respuesta.

Mantener en secreto la identidad de sus miembros impide saber si se cumplen los estatutos de Vox, que proh¨ªben pertenecer a la vez a un comit¨¦ ejecutivo y al comit¨¦ de garant¨ªas, salvo que el afectado se inhiba en los asuntos que le ata?an. Al desconocer qui¨¦nes son quienes les juzgan, los expedientados tampoco pueden recusarlos.

En las comunicaciones remitidas a Francisco, un afiliado del partido en Melilla que fue suspendido temporalmente de militancia a finales del a?o pasado, no figura el nombre de ninguna persona sino que todas van firmadas de forma gen¨¦rica por ¡°El Comit¨¦ de Garant¨ªas de Vox¡±. Palmira, de Madrid, s¨ª fue informada de qui¨¦n era el instructor de su expediente, pero no de los dem¨¢s miembros del comit¨¦ que deb¨ªa votar si sancionarla.

Daniel Molina, expresidente de Vox en Toledo, ya fuera del partido, asegura que ¡°el comit¨¦ de garant¨ªas no existe, son ellos mismos¡±; en alusi¨®n al secretario general, Javier Ortega Smith, y al vicesecretario jur¨ªdico, Pedro Fern¨¢ndez, ambos letrados.

Pese a tener tantos abogados en su c¨²pula, Vox no parece demasiado escrupuloso en el cumplimiento de sus estatutos. El pasado d¨ªa 6 cundi¨® el p¨¢nico en el partido ante la detenci¨®n de su l¨ªder en Lleida, Jos¨¦ Antonio Ortiz Cambray, acusado de abusos sexuales a un discapacitado. Para contener el esc¨¢ndalo, Vox asegur¨® que Ortiz era un simple afiliado y anunci¨® que se le hab¨ªa suspendido de afiliaci¨®n hasta que se aclarasen los hechos.

Seg¨²n sus estatutos, la suspensi¨®n solo se puede aplicar tras un expediente o, como medida cautelar, a los acusados de corrupci¨®n contra los que se haya dictado auto de apertura de juicio oral. En ese momento, Ortiz ni siquiera hab¨ªa sido imputado y menos por corrupci¨®n econ¨®mica.

Lo que s¨ª permiten los estatutos es que la ejecutiva nacional expulse a cualquier afiliado con menos de nueve meses de antig¨¹edad. As¨ª le sucedi¨® a Francisco Jurado, expulsado cuatro d¨ªas despu¨¦s de ganar las primarias al Parlamento andaluz por Almer¨ªa el 25 de octubre pasado. Acusado de doble militancia en el PP, demostr¨® que se dio de baja en el Partido Popular tres semanas antes de pedir el ingreso en Vox. No le sirvi¨® de nada.

Otros se fueron voluntariamente, como la navarra Paloma Zorrilla, que se dio de baja tras confirmarle el coordinador provincial que se le hab¨ªa abierto expediente porque su marido practica abortos. Su marcha le impidi¨® averiguar en qu¨¦ norma se basaban para castigarla a ella por una actividad que correspond¨ªa en exclusiva a su esposo.

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