La lucha anticorrupci¨®n naufraga en Galicia

Hubo un tiempo en el que los juzgados gallegos hac¨ªan temblar el suelo de pol¨ªticos y empresarios de buena parte de Espa?a. Entre 2009 y 2015, registros y pinchazos telef¨®nicos ordenados desde la esquina noroeste de la Pen¨ªnsula llevaron al calabozo a siete alcaldes (seis gallegos y un catal¨¢n) y propiciaron la imputaci¨®n de m¨¢s de 450 personas, incluidos polic¨ªas y guardias civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y hasta un ministro. Fueron 12 los sumarios de corrupci¨®n de mayor impacto pero, una d¨¦cada despu¨¦s, los tribunales solo han logrado dictar 22 condenas, entre ellas la de Oriol Pujol en Catalu?a.

Las descomunales investigaciones de la Operaci¨®n Carioca, Campe¨®n, Pok¨¦mon, Pulpo o C¨®ndor, algunas de ellas con ramificaciones en Asturias, Catalu?a y Murcia, han fulminado la carrera pol¨ªtica de quien estaba llamado a suceder a Artur Mas al frente de la Generalitat, de hist¨®ricos regidores e incluso de un candidato del PSOE a la Presidencia de la Xunta. Pero por el camino han tropezado con el d¨¦ficit de medios de los juzgados, delitos prescritos, anulaciones de escuchas y farragosos conflictos de competencias entre ¨®rganos judiciales.

La titular del peque?o juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 1 de Lugo, el que m¨¢s macrocausas ha abierto, acaba de ser sancionada por una demora en su instrucci¨®n que el Consejo General del Poder Judicial considera injustificada. Si se confirma el castigo, la juez, que lleg¨® a pedir sin ¨¦xito al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la imputaci¨®n del presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, por recibir regalos de un relevante empresario, perder¨¢ todos los casos (Carioca, Pok¨¦mon, Pulpo y C¨®ndor) y tambi¨¦n el destino.

El ¨²ltimo gran fiasco se ha producido a casi 200 kil¨®metros de Lugo. Es el desmoronamiento de la Operaci¨®n Orquesta, una causa por ama?o de adjudicaciones de obras que sacudi¨® Costa da Morte en 2011 con tres alcaldes de PP, PSOE y un partido independiente detenidos. De los casi 30 imputados fueron exonerados todos excepto seis, entre ellos el regidor independiente de Cee. Aunque la fiscal¨ªa pide para Ram¨®n Vigo m¨¢s de 20 a?os de c¨¢rcel, la reciente anulaci¨®n de los pinchazos en los que se basaban las acusaciones augura otro archivo.

Lo mismo ocurri¨® con la Operaci¨®n Rei, una presunta trama de sobornos en la provincia de Lugo a cambio de contratos p¨²blicos que explot¨® con la detenci¨®n del alcalde socialista y seis concejales de Castro de Rei y con la entonces vicepresidenta de la Diputaci¨®n de Lugo y actual alcaldesa de la capital, Lara M¨¦ndez (PSOE), retenida durante horas en comisar¨ªa aunque luego liberada de cargos. Las escuchas fueron anuladas y los ocho procesados, absueltos.

Detr¨¢s de este derrumbe de sumarios Juezas y Jueces para la Democracia ve una ¡°insuficiencia¡± de medios de investigaci¨®n y una ley de enjuiciamiento criminal anticuada. Sobre la anulaci¨®n de pinchazos, Sandra Pi?eiro, coordinadora en Galicia de la organizaci¨®n, subraya que la ¡°regulaci¨®n completa¡± de las escuchas no fue introducida en esta norma hasta 2015 y que no es hasta 2017 cuando los instructores reciben del Poder Judicial una gu¨ªa de buenas pr¨¢cticas para afrontar este tipo de casos.

Pi?eiro reclama medidas e inversiones en justicia para resolver problemas como la ¡°falta de preparaci¨®n t¨¦cnica¡± de los funcionarios, la ¡°necesidad de expertos en contabilidad o finanzas¡± y la escasez de profesionales de la magistratura. Apunta que Espa?a cuenta con 12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de media en los pa¨ªses en el Consejo de Europa. Cuanto m¨¢s volumen de asuntos tiene un juez, esgrime, ¡°m¨¢s baja¡± ser¨¢ la ¡°calidad¡± de sus resoluciones y ¡°m¨¢s facilidades¡± tendr¨¢n las defensas de los acusados para atacarlas.

En esta d¨¦cada solo se han celebrado juicios en cinco de las 12 operaciones anticorrupci¨®n m¨¢s importantes. Mientras los casos Orquesta y Rei acabaron en absoluciones generalizadas, en el fraude de subvenciones de la Campe¨®n, sumario en el que llegaron a ser investigados el exministro socialista Jos¨¦ Blanco, una consejera del actual Gobierno de Feij¨®o y un exconsejero del BNG, se conden¨® a 13 personas en Galicia ¡ªun excargo del Gobierno de Alberto N¨²?ez Feij¨®o y un exdiputado del PP, entre ellos¡ª y seis en la rama catalana.

El expresidente de la Diputaci¨®n de Ourense Jos¨¦ Luis Baltar (PP) recibi¨® una pena de nueve a?os de inhabilitaci¨®n por enchufar a un centenar de afines pol¨ªticos y en el caso Multas, que sent¨® en el banquillo a 23 personas por perdonar sanciones de tr¨¢fico en Lugo, entre ellas alcaldes, exdiputados y hasta un exde¨¢n de la catedral, solo se castig¨® a dos acusados. Uno de ellos es el exsubdelegado del Gobierno Jes¨²s Otero (PSOE), para quien la Fiscal¨ªa ped¨ªa siete a?os de prisi¨®n. Fue condenado a tres meses.

Antes de llegar al banquillo se han anulado las actuaciones contra el expresidente de la Diputaci¨®n de Pontevedra Rafael Louz¨¢n (PP) en un caso de supuesto cohecho impropio por unos alquileres. ?l es, sin embargo, el ¨²nico pol¨ªtico que queda entre los 14 investigados en la Operaci¨®n Patos, una supuesta trama de ama?o de contratos p¨²blicos en la provincia de Pontevedra en la que el alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE) lleg¨® a estar entre el medio centenar de imputados.

La plataforma ciudadana Impunidade Carioca naci¨® para combatir el desmoronamiento de la Operaci¨®n Carioca. La mayor investigaci¨®n en Espa?a contra la explotaci¨®n sexual de mujeres y las connivencias entre pol¨ªticos, polic¨ªas y proxenetas desbord¨® los juzgados de Lugo con sus m¨¢s de 80 investigados, entre ellos una veintena de agentes del orden. Diez a?os despu¨¦s de su estallido, han sido archivadas cerca de la mitad del medio centenar de piezas en las que fue troceada la instrucci¨®n, en muchos casos por prescripci¨®n o con pol¨¦micas resoluciones de la fiscal¨ªa.

¡°El nivel de exigencia probatoria es mucho mayor con acusados de relevancia p¨²blica que con delincuentes comunes¡±, sostienen desde Impunidade Carioca. ¡°Son los casos que afectan a personas con poder los que dan pie a las grandes doctrinas sobre garant¨ªas procesales como la de Bot¨ªn o Naseiro¡±. Esta plataforma subraya que la ¡°tremenda¡± falta de medios de los juzgados depende de Administraciones dirigidas por compa?eros de partido de los imputados, por lo que ¡°es una v¨ªa para ahogar las investigaciones¡±: ¡°La sociedad debe evaluar si estos casos no se est¨¢n castigando penalmente porque no hay nada o por estos otros factores¡±.

El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, rechaza que la justicia sea m¨¢s garantista con el delincuente de guante blanco que con el robagallinas. ¡°No nos enga?emos, ser garantista no es dilatar un asunto ni tampoco hacerlo m¨¢s complejo¡±, afirma. ¡°La diferencia est¨¢ en que al delincuente com¨²n lo pillas con las gallinas en la mano y le aplicas penas m¨ªnimas porque es un desamparado social. Pero el delincuente de guante blanco pone sofisticadas trabas para que sea m¨¢s dif¨ªcil pillarlo y para buscar evidencias entran en juego derechos como la intimidad o la protecci¨®n de datos por lo que hay que ser muy cauto¡±.

Juezas y Jueces por la Democracia advierte que la politizada elecci¨®n de los integrantes de las m¨¢s altas instancias judiciales como el Tribunal Supremo o el Constitucional tambi¨¦n influyen en el desenlace de estas causas porque son las que resuelven los recursos y los casos que afectan a aforados. ¡°Su forma de elecci¨®n no responde a los principios de m¨¦rito, igualdad y transparencia y hace que acaben siendo delegaciones de los partidos pol¨ªticos¡±, critica la representante de los jueces.

Varios letrados de quienes est¨¢n o han estado imputados durante a?os se han preguntado p¨²blicamente qui¨¦n repara la ¡°pena del telediario¡±. La ¨²ltima queja la lanz¨® en noviembre Evaristo Nogueira, exdecano de los abogados de Santiago, cuando fueron archivadas las imputaciones en el caso Campe¨®n que llevaron al?exconsejero gallego Fernando Blanco a dejar la pol¨ªtica: ¡°Una instrucci¨®n no puede durar ocho a?os, es inconcebible en un Estado de derecho. Hay unas consecuencias irreparables, pol¨ªticas y personales, que no tienen vuelta atr¨¢s¡±.