El Gobierno pone en marcha el proceso para devolver menores marroqu¨ªes

El Gobierno espa?ol y el marroqu¨ª ya han puesto en marcha la devoluci¨®n de menores marroqu¨ªes no acompa?ados acogidos en Espa?a. Una fase inicial del proceso se est¨¢ llevando a cabo con 23 j¨®venes tutelados por la Comunidad de Madrid que han sido convocados en la Fiscal¨ªa de Menores para someterse a una serie de entrevistas por parte de una delegaci¨®n marroqu¨ª. Esta medida supone la reactivaci¨®n de un acuerdo con Marruecos de 2012 que el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez trataba de resucitar tras el importante repunte de entradas irregulares.

Espa?a fue, seg¨²n ACNUR, el pa¨ªs mediterr¨¢neo al que m¨¢s menores no acompa?ados llegaron en 2018, cerca de 5.500. Este verano, dos de las regiones que m¨¢s ni?os acog¨ªan, Andaluc¨ªa y Melilla, se dijeron superadas por el aumento y exigieron soluciones al Gobierno central, entre ellas las devoluciones.

Varios miembros del Ejecutivo llevaron a Marruecos la propuesta, pero hasta octubre las autoridades marroqu¨ªes hab¨ªan evitado colaborar. Pon¨ªan en duda, incluso, la procedencia de los ni?os, a pesar de que seg¨²n el registro oficial, cerca del 70% de los m¨¢s de 11.000 menores acogidos en Espa?a son marroqu¨ªes. Las negociaciones comenzaron a desengrasarse coincidiendo con el anuncio de la Uni¨®n Europea de entregar a Marruecos 140 millones de euros para implementar medidas que pusiesen freno a la inmigraci¨®n. El 26 de febrero se produjo en Madrid la primera reuni¨®n de alto nivel con representantes de ambos pa¨ªses para iniciar los tr¨¢mites. El Gobierno se refiere a esta f¨®rmula como ¡°retorno voluntario¡± y coincide en su aplicaci¨®n con el Partido Popular, que promete en su programa electoral ¡°potenciar prioritariamente el retorno a sus hogares¡± de los menores. La intenci¨®n declarada del Gobierno es ampliar la iniciativa a otras comunidades aut¨®nomas.

El Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez ha mantenido que no se devolver¨¢ a j¨®venes que no quieran regresar a Marruecos y que se analizar¨¢ cada caso individualmente, pero tras conocerse la puesta en marcha de la iniciativa, las organizaciones que trabajan en la protecci¨®n de los ni?os han exigido que se cumplan todas las garant¨ªas. La devoluci¨®n de menores es pr¨¢cticamente inexistente en Espa?a por las exigencias legales que requiere.

La Red Espa?ola de Inmigraci¨®n y Ayuda al Refugiado se ha opuesto a la medida que califica como ¡°el intento de un Gobierno pretendidamente progresista de criminalizar¡± a los menores. ¡°Pedimos a todas las formaciones pol¨ªticas que paralicen inmediatamente esta medida, como as¨ª haremos nosotros ante la Fiscal¨ªa de Menores¡±.

Derecho a un abogado

Las entrevistas, seg¨²n el Ministerio del Interior, tienen el objetivo de identificar a los chicos. En los encuentros, que comenzaron el lunes y terminar¨¢n este mi¨¦rcoles, est¨¢n presentes, adem¨¢s de la delegaci¨®n marroqu¨ª, un educador, un fiscal y un int¨¦rprete, seg¨²n un oficio de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa al ha tenido acceso este peri¨®dico. No se menciona la presencia de abogados. Fundaci¨®n Ra¨ªces recuerda que una sentencia del Tribunal Constitucional de 2008 reconoci¨® el derecho de un menor marroqu¨ª a contar con asistencia letrada cuando el Estado y la Comunidad de Madrid intentaron expulsarlo, sin ¨¦xito, en 2006. Ra¨ªces alerta de la posibilidad de que este proceso se haga en contra de la voluntad de los adolescentes.

La Direcci¨®n General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, tutora de los menores, no ha querido manifestarse sobre el asunto. No ha explicado, por tanto, qu¨¦ criterios se han seguido para seleccionar a los 23 j¨®venes alojados en sus centros de acogida y que son ahora susceptibles de ser devueltos a su pa¨ªs. De la lectura del documento de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa se desprende que entre los elegidos hay algunos que ¡°son objeto de medidas judiciales¡±.

La repatriaci¨®n no es un proceso f¨¢cil y en el Gobierno se asume que esta ser¨¢ una medida principalmente simb¨®lica que no resolver¨¢ los conflictos y el hacinamiento que se suceden en algunos centros de acogida.

La ley establece que ante una repatriaci¨®n debe localizarse a los familiares o a los servicios de protecci¨®n de menores para que se haga responsable de ellos. El menor tiene derecho adem¨¢s a ser o¨ªdo en cualquier procedimiento judicial en el que est¨¦ directamente implicado y que conduzca a una decisi¨®n que afecte a su esfera personal, familiar o social.

Una f¨®rmula similar se llev¨® a cabo en Par¨ªs donde los menores marroqu¨ªes que viven en la calle se han convertido en un asunto de seguridad ciudadana. La misi¨®n, sin embargo, no se sald¨® con la devoluci¨®n de ning¨²n menor. Tres agentes consulares del reino alau¨ª se desplazaron en octubre a las calles del distrito 18? para identificar a los chicos. De los 219 expedientes analizados se identific¨® a 42 menores que ya hab¨ªan cumplido 18 a?os y seis de ellos fueron devueltos a Marruecos, seg¨²n divulg¨® la revista francesa Le Point.