Casado exige a S¨¢nchez que rectifique sobre la ¡°lista negra¡± de empleados de violencia de g¨¦nero de Andaluc¨ªa
La carta con la que S¨¢nchez acus¨® a la Junta informaba a un m¨¦dico forense de que un particular hab¨ªa pedido los datos
El l¨ªder del PP ha pedido este mi¨¦rcoles a Pedro S¨¢nchez una "rectificaci¨®n p¨²blica, oficial" por acusar a la Junta de Andaluc¨ªa ¡ªdonde gobiernan con los apoyos de Ciudadanos y Vox¡ª de alentar una "lista negra" de empleados de las unidades de valoraci¨®n de violencia de g¨¦nero en la comunidad. "S¨¢nchez us¨® a las v¨ªctimas de la violencia machista con fines partidistas. Es algo infame que no vamos a consentir", ha dicho durante un mitin en Sevilla.
Esto fue lo que dijo S¨¢nchez en el debate: "Lo que est¨¢ ocurriendo en Andaluc¨ªa es que acaban de recibir, y acaba de ser denunciado por UGT, cartas los m¨¦dicos, psic¨®logos y tambi¨¦n los trabajadores sociales que luchan contra la violencia de g¨¦nero en Andaluc¨ªa porque se est¨¢n haciendo ya las listas negras impulsadas por el PP y Ciudadanos". La realidad: La Junta de Andaluc¨ªa, a trav¨¦s del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla, ha tramitado una petici¨®n de datos (nombres, apellidos, n¨²mero de colegiado) de trabajadores de las Unidades de Valoraci¨®n Integral de Violencia de G¨¦nero. Lo se?ala la carta que mostr¨® el l¨ªder socialista durante el debate. La Junta lo hace, como aclara tambi¨¦n la misiva, para dar cumplimiento a la petici¨®n de un ciudadano particular amparado por la Ley de Transparencia. Ese particular repite los mismos motivos que redact¨® Vox en su solicitud en el Parlamento, que le fue denegada. Es decir, en ning¨²n caso las listas negras est¨¢n impulsadas por Ciudadanos y PP.
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en el mismo tono que Casado, ha acusado a S¨¢nchez de "utilizar el sufrimiento de miles de v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero para ara?ar un pu?ado de votos". "Esa es la catadura moral del candidato del PSOE. No hay una lista negra de profesionales que luchan contra la violencia de g¨¦nero. Es un fake", ha se?alado en su intervenci¨®n, previa a la del l¨ªder del PP. Tambi¨¦n el vicepresidente andaluz, Juan Mar¨ªn, de Ciudadanos, ha manifestado que las acusaciones de S¨¢nchez son "una mentira como una catedral".
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En la solicitud, datada el 9 de abril, se expon¨ªan los mismos argumentos que esgrimi¨® Vox, el 24 de febrero, en su petici¨®n al Parlamento andaluz en los que exig¨ªa la informaci¨®n personal y el n¨²mero de colegiaci¨®n, si estaban colegiados, de los integrantes de los equipos psicosociales y las Unidades de Valoraci¨®n Integral de Violencia de G¨¦nero (UVIVG) de los juzgados de Familia y Menores, y que fue rechazada por la Mesa de la C¨¢mara por vulnerar el derecho de protecci¨®n de datos. ¡°Nos han llegado denuncias de afectados que aseguran que estos trabajadores no cuentan con las capacitaciones necesarias para ejercer sus funciones en materia de violencia de g¨¦nero o de decisi¨®n sobre las custodias de los menores y de que, en algunos casos, no est¨¢n ni siquiera colegiados¡±, aleg¨® entonces la formaci¨®n de extrema derecha.
Cinco ciudadanos particulares presentaron por las mismas fechas escritos similares ¡ªdos de ellos formularon dos peticiones casi id¨¦nticas, explican desde la Consejer¨ªa de Justicia¡ª, alentados por la reclamaci¨®n de Vox alegando que se hab¨ªan visto afectados por resoluciones judiciales que consideraban influenciadas directamente por los informes de las unidades de violencia de g¨¦nero, pese a que no son vinculantes. De ellos, tres presentaron su escrito en Sevilla y uno en M¨¢laga, seg¨²n los datos facilitados por momento la Uni¨®n de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andaluc¨ªa (USTA). De las solicitudes solo dos reclamaban datos particulares, una referente a todos los empleados de la provincia de Sevilla, que es de la que se da traslado a los profesionales, y otra respecto de un trabajador en concreto.
Durante el debate de Atresmedia, S¨¢nchez mostr¨® la carta que atribuy¨® a ¡°la Junta de Andaluc¨ªa¡±. ¡°Su Consejer¨ªa manda circulares a los m¨¦dicos, a los psic¨®logos y a los trabajadores sociales para hacer una lista negra no de los potenciales trabajadores, sino de aquellos que luchan contra la violencia de g¨¦nero. Esta es vuestra Consejer¨ªa¡±, dijo dirigi¨¦ndose al candidato de Ciudadanos, Albert Rivera. La nota es una circular remitida por la Consejer¨ªa de Turismo, Regeneraci¨®n, Justicia y Administraci¨®n Local, a los trabajadores, en cumplimiento del art¨ªculo 19.3 de la Ley de Transparencia de Andaluc¨ªa, que exige que se d¨¦ traslados las solicitudes que lleguen a trav¨¦s de esa v¨ªa y que afecten a derechos o intereses de terceros a los interesados. En la nota se da 15 d¨ªas de plazo a los receptores para que presenten alegaciones, si bien no se obliga a los profesionales a que faciliten sus datos.
El vicepresidente andaluz ha emitido esta ma?ana un comunicado explicando el proceder de su Consejer¨ªa en el que se ha mostrado muy duro con S¨¢nchez. ¡°Present¨® un documento que es el protocolo que la Ley de Transparencia obliga a una administraci¨®n como la Junta de Andaluc¨ªa cuando se recibe una petici¨®n por el portal de Transparencia para pedir informaci¨®n sobre alguien. Sab¨ªa que era falso, no hemos facilitado ninguna informaci¨®n, ni hemos violado el art¨ªculo 16 de la Constituci¨®n¡±, se?ala Mar¨ªn. El dirigente de Ciudadanos explica que se dio traslado a los implicados para que tuvieran constancia de que hab¨ªa llegado el escrito pidiendo sus datos. "Cuando esto sucedi¨® se puso en marcha el protocolo y se neg¨® a ella bas¨¢ndonos fundamentalmente en la Ley de Protecci¨®n de Datos y en lo que nuestra Constituci¨®n ampara", dice Mar¨ªn.
Los profesionales afectados por la reclamaci¨®n manifestaron su sorpresa y su repulsa a trav¨¦s de distintos sindicatos. En su momento, USTEA cuestion¨® la aplicaci¨®n del art¨ªculo 19.3 de la Ley de la Transparencia por entender que los receptores antes que terceros, como indica el precepto, son empleados p¨²blicos y como tales, deber¨ªa haber sido la Consejer¨ªa la que deber¨ªa haber respondido directamente y haber alegado que por protecci¨®n de datos no pod¨ªan facilitar los nombres y apellidos. ¡°Entendemos que no deber¨ªa haberse llegado hasta el extremo de pedir un plazo para las alegaciones. Pero se nos ha garantizado por parte de la Consejer¨ªa que no van a facilitar ning¨²n dato personal porque eso es confidencial. Se trata de datos muy sensibles relacionados con menores, con separaciones¡±, explica Rafael Rivero, de USTEA que ha estado asesorando a los profesionales implicados.
Aunque la Mesa del Parlamento andaluz rechaz¨® entregar a Vox el nombre y los apellidos de los trabajadores de las Unidades de Valoraci¨®n Integral de Violencia de G¨¦nero, s¨ª permiti¨® a la formaci¨®n que reformulara su solicitud y accedi¨® despu¨¦s a entregar el n¨²mero de trabajadores. La propia Consejer¨ªa de Justicia inform¨® posteriormente en sede parlamentaria de que el 40% de los profesionales no est¨¢ colegiado. ¡°Es un dato gen¨¦rico pero estamos en contra de que se haya facilitado porque la Administraci¨®n cuando nos contrata no nos exige la colegiaci¨®n¡±, sostiene Rivero.
Mejorar las Unidades de Valoraci¨®n Integral de Violencia de G¨¦nero
El funcionamiento de estas unidades ha sido cuestionado desde casi todas las administraciones auton¨®micas por la falta de homogeneidad en su estructura organizativa. Andaluc¨ªa no es una excepci¨®n. Asociaciones de mujeres, abogados e incluso trabajadores de las propias unidades han criticado la sobrecarga de trabajo y las dificultades para ejercer su trabajo, al no tener claros los par¨¢metros de actuaci¨®n por su dependencia de las instrucciones de los jueces. n cuanto a los equipos psicosociales, fue el Defensor del Pueblo andaluz quien reclam¨® hace unos meses a la Junta la realizaci¨®n de mejoras, entre ellas, una normativa que regule el servicio, los derechos y obligaciones de cada una de las partes as¨ª como mayor homogeneidad en los criterios. Desde la entidad se reconoci¨® que las quejas recibidas eran pocas "pero muy relevantes por su incidencia en los procesos judiciales y en la vida de los menores". El Defensor del Pueblo reclamaba m¨¢s medios para que los profesionales pudieran ejercer mejor sus tareas, nunca eliminar o purgar a los funcionarios.
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