Cuatro expertas de Hacienda ratifican el uso de fondos p¨²blicos el 1-O

Cuatro peritas de Hacienda han respaldado este mi¨¦rcoles en el juicio del proc¨¦s la tesis con la que la Fiscal¨ªa sustenta las acusaciones de malversaci¨®n contra Oriol Junqueras y el resto de consejeros del Gobierno de Carles Puigdemont: que la prestaci¨®n de servicios relacionados con los preparativos de la consulta independentista del 1 de octubre de 2017 generaron un compromiso de pago a la Generalitat y, por tanto, un perjuicio en sus arcas p¨²blicas, al margen de que el Govern no pagara luego esos gastos por diversos motivos. Las peritas (tres propuestas por la Fiscal¨ªa y una por la Abogac¨ªa del Estado) cifraron en 917.648 euros (m¨¢s IVA) la suma de gastos que ellas analizaron y cuya vinculaci¨®n con el 1-O consideran acreditado. Este dato es menor que los 3,6 millones en los que la Fiscal¨ªa cifra el dinero p¨²blico desviado para el refer¨¦ndum, aunque en esa cifra el ministerio p¨²blico incluye el coste de la cesi¨®n de los centros p¨²blicos usados para el refer¨¦ndum, una partida que tendr¨¢n que aclarar otros peritos citados por el tribunal.

Tres de las cuatro t¨¦cnicas de Hacienda, que han abierto la fase pericial del juicio, fueron las encargadas de analizar todos los expedientes de gastos de la Generalitat para determinar el uso de fondos p¨²blicos a la ¡°organizaci¨®n, preparaci¨®n, log¨ªstica, financiaci¨®n y ejecuci¨®n del refer¨¦ndum". La tercera es la autora de un informe de la Intervenci¨®n General del Estado remitido al Juzgado 13 de Barcelona relacionado con la malversaci¨®n.

Las cuatro han coincidido que en derecho administrativo el criterio de perjuicio econ¨®mico tiene que ver con el devengo, con el compromiso del gasto, no con el gasto efectivo en s¨ª. La existencia o no de facturas sobre esos gastos (no en todos los supuestamente relacionados con el 1-O existen facturas) no es un criterio importante, seg¨²n las t¨¦cnicas, porque el da?o para las arcas p¨²blicas ya se ha producido y la emisi¨®n de las facturas es competencia del adjudicatario del contrato. Es decir, seg¨²n las peritas, los trabajos que las empresas realizaron para el 1-O a petici¨®n de la Generalitat produjeron un gasto p¨²blico independientemente de que la administraci¨®n catalana renunciara a pagarles o de la existencia de facturas en negativo.

El delito de malversaci¨®n se atribuye a todos los miembros del Govern de Puigdemont, aunque durante el juicio las acusaciones han ido centr¨¢ndose en partidas que depend¨ªan de unas Consejer¨ªas concretas, sobre todo Presidencia (Jordi Turull ) y Exteriores (Ra¨¹l Romeva). Los testimonios de las peritas han se?alado tambi¨¦n a los titulares de estos dos departamentos al situar el uso de fondos p¨²blicos relacionados con el 1-O en las campa?as de publicidad y difusi¨®n y en viajes y actos organizados por el Diplocat.

Una de las partidas en las que las acusaciones basan la malversaci¨®n es la emisi¨®n de dos anuncios sobre el refer¨¦ndum emitidos en la Corporaci¨®n Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA, el ente p¨²blico que gestiona TV3 y Catalunya R¨¤dio). La CCMA envi¨® dos facturas (una de 112.747 y otra de 223.396 euros) por la emisi¨®n de la publicidad, pero la Generalitat orden¨® devolverlas al considerar que el encargo se enmarcaba en un acuerdo general por el que los medios p¨²blicos ten¨ªan que hacer publicidad gratuita de las actuaciones del Govern.

Para las peritas, sin embargo, la relaci¨®n de esos anuncios con el 1-O es clara y, por tanto, su emisi¨®n vulnera los requerimientos judiciales y de Hacienda para que no se desviara dinero a la consulta independentista. ¡°Los servicios p¨²blicos no son gratuitos, o los pagan los usuarios o lo pagan los ciudadanos¡±, han se?alado las t¨¦cnicas, que han advertido adem¨¢s de que la interventora general de la Generalitat nunca mencion¨® estas dos facturas en sus comunicaciones con Hacienda.

Sobre otra de las campa?as bajo sospecha, la de Civisme, las t¨¦cnicas han recordado que el exconsejero Turull pidi¨® al Departamento de Econom¨ªa, del que era titular Junqueras, una transferencia del fondo de contingencia de 3,4 millones de euros para esta campa?a que deb¨ªa lanzarse antes del 30 de septiembre. La transferencia se concedi¨® y se puso en marcha el concurso p¨²blico para adjudicarlo, pero qued¨® desierto porque las dos empresas adjudicatarias renunciaron.

Las peritas tambi¨¦n han analizado los gastos del registro de catalanes en el exterior. Han explicado que se trataba de tres expedientes distintos: uno que ten¨ªa por objeto el dise?o del anuncio, otro para la inserci¨®n de la publicidad en prensa escrita y otro para inserci¨®n en redes sociales y medios digitales. Los tres suman 220.000 euros y aunque lo referido al tercer expediento no lleg¨® a abonarse porque los servicios jur¨ªdicos de la Generalitat lo frenaron, las t¨¦cnicas han sostenido que deben computarse como gasto realizado.

La ¨²ltima de las grandes partidas que se?ala la acusaci¨®n, la referida a los observadores internacionales, ha sido ratificada por las peritas en lo relativo al grupo de 13 observadores coordinado por Helena Catt. La propia Catt testific¨® hace unas semanas en el juicio y admiti¨® haber cobrado 8.000 euros de salario m¨¢s gastos de alojamiento y manutenci¨®n. Las t¨¦cnicas han cifrado esta partida en 176.159 del juicio.

La conclusi¨®n principal de las peritas de que el mero compromiso del gasto implica un perjuicio econ¨®mico para las arcas p¨²blicas resulta demoledora para la tesis de las defensas, que f¨ªan gran parte de su estrategia a constatar las renuncias de cobro o las facturas devueltas de muchos de los trabajos. Con todo, los abogados de los l¨ªderes independentistas han intentado contrarrestar las explicaciones de las t¨¦cnicas se?alando que algunos de los contratos que Hacienda vincula al refer¨¦ndum eran similares a otros ejecutados en a?os anteriores o que algunos de los pagos de partidas puestas bajo sospecha se realizaron en enero de 2018, cuando la Generalitat estaba intervenida por el Gobierno en aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n.