Villarejo entregaba tel¨¦fonos ¡°de seguridad¡± a sus clientes para evitar escuchas

?l grababa todo, pero quer¨ªa impedir a toda costa ser grabado. Los audios intervenidos al comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo P¨¦rez, encarcelado desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de una trama policial, revelan que entregaba tel¨¦fonos de "seguridad" a algunos de sus clientes para que se comuniquen con ¨¦l por "un medio seguro". As¨ª lo recoge el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n en el auto dictado este lunes por el que impone a Jos¨¦ Manuel Villarejo Gil, hijo del polic¨ªa, medidas cautelares tras imputarle en la llamada pieza Pit, en la que se investigan las actividades irregulares del comisario para impedir la extradici¨®n de un empresario espa?ol a Guatemala, que le reclamaba por corrupci¨®n.

En el escrito, el magistrado tambi¨¦n destaca que el comisario se jactaba de poder regularizar la situaci¨®n en Espa?a de cualquier extranjero mediante su inclusi¨®n en una supuesta "lista de colaboradores del Ministerio del Interior" que les permitir¨ªa acceder f¨¢cilmente a un permiso de residencia. Es el mismo mecanismo que la llamada brigada patri¨®tica, a la que tambi¨¦n pertenec¨ªa Villarejo, ofreci¨® en abril de 2016 a un disidente venezolano a cambio de que declarase contra Podemos y Pablo Iglesias.

El juez toma la decisi¨®n sobre el hijo de Villarejo tras tomar declaraci¨®n este lunes a ¨¦l y a otras dos personas imputadas en la pieza Pit del caso Villarejo: el polic¨ªa jubilado Antonio Bonilla y el exembajador de Guatemala en EE UU Julio Ligorr¨ªa. A todos ellos les ha impuesto como medidas cautelares la prohibici¨®n de salir de Espa?a y la retirada de pasaporte. A Bonilla, adem¨¢s, le fija una fianza de 15.000 euros. El juez acusa a todos de haber participado en la trama creada por el comisario ahora encarcelado?para impedir que Espa?a extraditara al empresario naviero ?ngel P¨¦rez-Maura a Guatemala, donde era reclamado para juzgarlo por asociaci¨®n il¨ªcita, fraude y cohecho por el supuesto pago de comisiones al presidente y la vicepresidenta del pa¨ªs para hacerse con una adjudicaci¨®n p¨²blica. Por esos trabajos, Villarejo iba a recibir 10 millones de euros a trav¨¦s de dos de sus sociedades.

Es, precisamente, en una conversaci¨®n grabada por Villarejo con P¨¦rez-Maura, y cuyo resumen incluye el juez en el auto, en la que los investigadores constatan la supuesta entrega de tel¨¦fonos de "seguridad" por parte del polic¨ªa a varios de los implicados. El encuentro se produjo el 26 de abril de 2016 y en el mismo participaron, adem¨¢s del comisario y el naviero, el hijo de Villarejo, el abogado Rafael Redondo, socio del polic¨ªa, y el empresario Adri¨¢n de la Joya. Estos tres ¨²ltimos formaban parte, supuestamente, del equipo de Villarejo que iba a participar en sus maniobras para impedir la extradici¨®n de P¨¦rez Maura. Seg¨²n recoge el auto del juez, en el transcurso de la conversaci¨®n Villarejo le dice al naviero "que para comunicarse prefieren utilizar un medio seguro y pide a su hijo que le traiga un tel¨¦fono a ?ngel [P¨¦rez Maura]". El polic¨ªa justifica la medida en su "convicci¨®n" de que el CNI est¨¢ escuchando al empresario.

El comisario le detalla que cualquier cosa que necesite llame a otra terminal de seguridad, en poder de su socio, Redondo, tambi¨¦n imputado en la causa. "Villarejo le explica a ?ngel que lo utilice para comunicarse con ellos y que, si lo detuvieran, cuando le pregunte la polic¨ªa, les diga que es para una novia que tiene", se lee en el escrito judicial en el que tambi¨¦n se recoge que el comisario explica a su cliente que "a la polic¨ªa, cuando se le dice que es para un tema de chicas o sexual no suele analizarlo". En ese encuentro, otro de los participantes, Adri¨¢n de la Joya, tambi¨¦n le solicita un tel¨¦fono de "seguridad" al polic¨ªa. El juez recalca que es el hijo de Villarejo quien explica a los dos empresarios el funcionamiento de los terminales. El juez esgrime este episodio, junto a otros, para imputar al Villarejo Gil, que ya estaba encausado en la pieza principal el sumario, en la pieza Pit por los delitos de cohecho y falsedad documental.?

El auto de Garc¨ªa-Castell¨®n tambi¨¦n destaca que en esa misma conversaci¨®n Villarejo ofreci¨® facilitar la renovaci¨®n de su permiso de residencia?a un ciudadano guatemalteco supuestamente implicado en el caso de corrupci¨®n por el que el pa¨ªs centroamericano reclamaba a Espa?a al naviero espa?ol y que se hab¨ªa asentado en Castelldefels (Barcelona). El comisario se jacta ante su cliente que lograr su regularizaci¨®n es "un tema menor" y que buscar¨¢ para ese ciudadano guatemalteco "la cobertura adecuada para ¨¦l". En este punto, propone "incluirlo en la lista de colaboradores del Ministerio de Interior como que es una personas que no est¨¢ dando informaci¨®n" para facilitarle esa documentaci¨®n. Solo unos d¨ªas antes, el 11 de abril de 2016, la entonces c¨²pula del ministerio, que encabeza el popular Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, hab¨ªa otorgado?un permiso extraordinario de residencia en Espa?a a un confidente venezolano clave en la guerra sucia abierta por la polic¨ªa patri¨®tica contra Podemos. Aquel?confidente suministr¨® informaciones no acreditadas contra la entonces tercera fuerza pol¨ªtica del pa¨ªs.