La empresa privada ficha en el Consejo de Ministros

¡°Las puertas giratorias existir¨¢n siempre y si no existen es una desgracia que la pol¨ªtica solo pueda contar con pol¨ªticos profesionales que no puedan entrar y salir¡±. Pedro Solbes, exministro socialista de Econom¨ªa y Hacienda, defend¨ªa el a?o pasado en el Congreso la permeabilidad entre el servicio p¨²blico y la empresa privada. Con condiciones ¡°muy bien definidas¡±, precisaba. ?l mismo fich¨® por la el¨¦ctrica italiana Enel ¡ªdue?a de Endesa¡ª y por Barclays en 2011, justo dos a?os despu¨¦s de abandonar el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Respet¨® el periodo de incompatibilidad que marca la legislaci¨®n para los altos cargos. Durante los dos a?os siguientes a su salida no pueden trabajar en empresas sobre las que tomaron decisiones para evitar conflictos de inter¨¦s.

Pasado ese tiempo, libertad absoluta. As¨ª es como presidentes, ministros y secretarios de Estado han engrosado hist¨®ricamente los consejos de Administraci¨®n de los bancos, el¨¦ctricas y grandes constructoras del IBEX. Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en Endesa, Felipe Gonz¨¢lez en Gas Natural, ?ngel Acebes en Iberdrola, Isabel Tocino en Enag¨¢s...

?ltimamente el selectivo espa?ol ficha menos miembros del Gobierno, pero la empresa sigue interesada en estos altos cargos que conocen como pocos las entretelas de la Administraci¨®n. Bufetes, consultoras y empresas de otros sectores han tomado el relevo a los cl¨¢sicos del IBEX. El ¨²ltimo fichaje ha sido el de Rafael Catal¨¢, ministro de Justicia con Mariano Rajoy, que trabaja ya para la empresa de apuestas Codere.

Catal¨¢, como los otros exministros del ¨²ltimo Ejecutivo del PP que se han pasado a la empresa privada, dej¨® el Gobierno hace poco m¨¢s de un a?o, es decir, dentro del periodo de incompatibilidad de 24 meses. Un tercio de los ministros del segundo gabinete de Rajoy ya ha cruzado la puerta giratoria.

Rom¨¢n Escolano, titular de Econom¨ªa, en la consultora Llorente & Cuenca y la auditora Ernst&Young (EY); ??igo de la Serna, ministro de Fomento, en la consultora Amrop Seeliger y Conde; Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, vicepresidenta, en el despacho Cuatrecasas, y F¨¢tima B¨¢?ez, ministra de Empleo, en la CEOE. Ser¨ªan uno m¨¢s de no haberse frustrado el fichaje de la exministra de Defensa, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, por el despacho Hogan Lovells tras hacerse p¨²blicas las grabaciones del caso Villarejo. Actualmente ejerce como abogada del Estado en el Supremo.

Los ministros de Rajoy han tenido que solicitar autorizaci¨®n a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Pol¨ªtica Territorial y Funci¨®n P¨²blica y que cuenta con 22 funcionarios. Esta oficina permite el 98% de los pasos a la privada que le solicitan los altos cargos. A lo largo de m¨¢s de una d¨¦cada, apenas ha vetado a una decena de solicitantes. En ese corto listado de negativas no hay ministros ni secretarios de Estado; solo directores generales, consejeros delegados de empresas p¨²blicas y dos exembajadores, Rafael Mend¨ªvil (Polonia) y Juan Antonio March (Rusia).

La laxitud de la oficina, puesta de manifiesto por un informe del Tribunal de Cuentas de 2016, ha provocado que partidos pol¨ªticos y expertos apuesten por reformar el sistema que controla que las empresas puedan premiar con trabajos bien pagados a los pol¨ªticos que les han podido beneficiar. ¡°La Oficina de Conflictos de Intereses tiene el problema de que no es independiente, adem¨¢s de la falta de medios para investigar si realmente hay incompatibilidades o conflictos de inter¨¦s¡±, asegura la abogada del Estado Elisa de la Nuez, secretaria general de la fundaci¨®n Hay Derecho. De la Nuez asegura que la oficina ¡°b¨¢sicamente se f¨ªa ¡ªo se tiene que fiar porque carece de capacidad¡ª de lo que le dice el alto cargo sobre las labores que va a realizar en la empresa a la que va¡±.

El Tribunal de Cuentas detect¨® en su fiscalizaci¨®n que la oficina no comprobaba la veracidad de las declaraciones de los altos cargos y que, pese a poder pedir colaboraci¨®n a las administraciones tributarias y a la Seguridad Social para verificar datos, nunca lo hab¨ªa hecho.

¡°Es bastante f¨¢cil sortear la legislaci¨®n vigente simplemente afirmando que no se va a dar el supuesto de conflicto de inter¨¦s que prev¨¦ la normativa¡±, asegura De la Nuez. La ley habla de ¡°participar¡± en decisiones que afecten a empresas, una definici¨®n ¡°muy estrecha y muy formalista¡±. Los ministros y secretarios de Estado, asegura, quiz¨¢ no han participado directamente (firmando una licitaci¨®n, por ejemplo), pero ¡°s¨ª sus subordinados, que pueden estar simplemente siguiendo sus directrices¡±.

Caso Pedro Moren¨¦s

¡°La normativa me parece que es insuficiente; pero m¨¢s insuficiente es la administraci¨®n encargada de aplicarlo¡±, coincide Julio Gonz¨¢lez, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Gonz¨¢lez apunta a otro problema, el nulo control sobre la vinculaci¨®n de los ministrables con determinados grupos de inter¨¦s. En un art¨ªculo publicado hace dos a?os se refer¨ªa a un caso reciente, el del ministro de Defensa con Rajoy Pedro Moren¨¦s, que proced¨ªa de la industria armament¨ªstica. Mientras fue ministro, las empresas para las que hab¨ªa trabajado previamente recibieron decenas de millones en contratos.

¡°La vinculaci¨®n de las puertas pol¨ªticas con la corrupci¨®n da?a la percepci¨®n social de la democracia¡±, dice el catedr¨¢tico de Pol¨ªtica Econ¨®mica, Ant¨®n Costas, en su libro El final del desconcierto, que sostiene, sin embargo, que se trata m¨¢s de ¡°un problema de percepci¨®n que una pr¨¢ctica generalizada¡±.

La inestabilidad pol¨ªtica est¨¢ dejando fuera del debate p¨²blico la reforma de los conflictos de inter¨¦s, pero tanto el PSOE como Unidas Podemos incluyen medidas en sus programas electorales para reforzar la normativa. Los socialistas abogan por ¡°endurecer las sanciones por su incumplimiento¡± y Unidas Podemos present¨® en febrero una proposici¨®n de ley que inclu¨ªa penas de c¨¢rcel para quienes tomen decisiones ¡°contaminadas¡± por la actividad privada. Las Cortes se disolvieron diez d¨ªas despu¨¦s por el adelanto electoral y la proposici¨®n decay¨®. Ciudadanos tambi¨¦n fue muy critico con las puertas giratorias en sus primeros a?os de representaci¨®n parlamentaria (tras las elecciones generales de diciembre de 2015) e incluso llev¨® una propuesta para reformar la normativa en su programa electoral de 2016. Sin embargo, en las medidas contra la corrupci¨®n de su programa de 2019 no hay ninguna menci¨®n al respecto.

Si los altos cargos salientes no tienen ofertas o deciden esperar a que pasen los dos a?os de incompatibilidad que marca la ley, no se quedan sin ingresos: tienen derecho a una pensi¨®n indemnizatoria tras el abandono del cargo que equivale al 80% de su retribuci¨®n y que es incompatible con cualquier otro sueldo, p¨²blico o privado.