Una juez de Madrid ignora el aforamiento para imputar a tres diputados de Podemos
El partido de Iglesias denuncia una persecuci¨®n de las "cloacas del Estado"
La titular del Juzgado de Instrucci¨®n 25 de Madrid, Raquel Robles, ha citado como investigados por un delito de atentado a la autoridad a los diputados de Unidas Podemos Rafael Mayoral, Antonio G¨®mez-Reino y Yolanda D¨ªaz por su presunta participaci¨®n en los incidentes ocurridos cerca del Congreso durante una manifestaci¨®n de trabajadores de la empresa Alcoa. La citaci¨®n se produce pese a que los tres son aforados en la actualidad y lo eran en el momento de los hechos. Por tanto, solo pueden ser investigados por el Tribunal Supremo.
Los sucesos que investiga la juez madrile?a se remontan el pasado 28 de marzo, cuando cerca de 600 trabajadores de las factor¨ªas de Alcoa en Asturias y Galicia se desplazaron a Madrid para manifestarse junto al Congreso por el cierre de sus f¨¢bricas. Un dispositivo policial ordenado por la Delegaci¨®n del Gobierno impidi¨® que se acercaran a la sede parlamentaria. La protesta, en la que, seg¨²n la polic¨ªa, se lanz¨® numeroso material pirot¨¦cnico, acab¨® con incidentes.
El atestado elaborado por la Polic¨ªa el d¨ªa de aquellos hechos ¡ªal que ha tenido acceso EL PA?S¡ª detalla la supuesta participaci¨®n en de Mayoral, G¨®mez-Reino y D¨ªaz, adem¨¢s de la exdiputada de la misma formaci¨®n ?ngela Rodr¨ªguez. El documento policial ya destacaba entonces, poni¨¦ndolo en may¨²sculas, que todos ellos eran ¡°diputados por el G.P. [grupo parlamentario] confederal de Unidos Podemos-En Com¨² Podem-En Marea¡±. En aquel momento, las Cortes ya hab¨ªan sido disueltas para la celebraci¨®n de las elecciones generales del 28 de abril, pero Mayoral y G¨®mez-Reino formaban parte de la Diputaci¨®n Permanente del Congreso, y D¨ªaz era suplente de la misma, lo que les permit¨ªa mantener el aforamiento. Rodr¨ªguez, sin embargo, ya no era parlamentaria.
A los cuatro, la Polic¨ªa los acusa en el atestado de haber participado ¡°activamente y de forma reiterada en la rotura del vallado¡± que se hab¨ªa instalado en la calle para impedir el acceso de los manifestantes a las cercan¨ªas del Congreso e, incluso, de ¡°arengar¡± a estos para que intentaran superar el cord¨®n de seguridad. El informe tambi¨¦n asegura que los diputados ¡°recriminaron¡± a los agentes su actuaci¨®n cuando estos se enfrentaron a los trabajadores e impidieron que los polic¨ªas pudieran detener a los que hab¨ªan mantenido una actitud m¨¢s violenta. El documento destaca que en el transcurso de los incidentes cinco agentes sufrieron lesiones y tres motocicletas resultaron da?adas.
¡°Indignaci¨®n¡±
La versi¨®n de los parlamentarios sobre aquellos hechos es muy distinta. En una rueda de prensa convocada este jueves en el Congreso, los tres diputados mostraron su ¡°indignaci¨®n¡± y ¡°extra?eza¡± tanto por la citaci¨®n judicial como por el contenido del atestado policial que los se?ala. Los parlamentarios arremetieron contra el Gobierno y, en concreto, contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que achacaron haber reactivado ¡°las cloacas del Estado¡± por razones partidistas contra el partido de Iglesias.
Los diputados de Unidas Podemos rechazaron las acusaciones y tildaron algunos pasajes del atestado policial de ¡°manifiestamente falsos¡±. Por ello, avanzaron que reclamar¨¢n explicaciones oficiales a Marlaska. Interior declin¨® comentar el suceso al ser ya un hecho judicializado. Los tres diputados anunciaron su decisi¨®n de no acudir a la cita judicial: ¡°El procedimiento es completamente irregular de principio a fin¡±.
Competencia exclusiva del Supremo
La decisi¨®n de la titular del Juzgado 25 de Madrid de citar como investigados a tres parlamentarios de Unidas Podemos colisiona con el art¨ªculo 71 de la Constituci¨®n, que regula que los diputados y senadores no podr¨¢n ser inculpados ni procesados sin la previa autorizaci¨®n de la C¨¢mara y que la competencia para investigarles es de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Por eso, cuando un juez de instrucci¨®n se encuentra investigando una causa y sospecha de la implicaci¨®n de un parlamentario, tiene que elevar un escrito al alto tribunal exponiendo los indicios. A partir de ah¨ª, es el Supremo el que decide si investiga al parlamentario. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid admiten que la juez Robles no tiene competencias para citar como investigados a los tres diputados.
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