El tribunal sentencia que el Govern pag¨® los gastos del refer¨¦ndum del 1-O

La malversaci¨®n de caudales p¨²blicos ha sido, quiz¨¢, el delito que menos atenci¨®n medi¨¢tica ha suscitado de cuantos se han dilucidado en el juicio del proc¨¦s, oscurecido por otros tipos penales m¨¢s rotundos como la sedici¨®n?o la ya descartada rebeli¨®n. Sin embargo, el desv¨ªo de fondos de la Generalitat para la celebraci¨®n del refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017 ¡ªpaso obligado para la declaraci¨®n de independencia¡ª ha supuesto un agravamiento de las penas para algunos de los acusados. La malversaci¨®n se produjo ¡°en concurso medial¡± con la sedici¨®n, es decir que el uso indebido de fondos p¨²blicos fue necesario para el plan independentista.

La sentencia considera probado que ¡°los gastos del refer¨¦ndum relacionados con la publicidad institucional, organizaci¨®n de la Administraci¨®n, confecci¨®n del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales y aplicaciones inform¨¢ticas son expresivos de la consciente y voluntaria desviaci¨®n de destino de los fondos p¨²blicos¡±. El tribunal afirma que este uso de los fondos ¡°supuso gastos ajenos a cualquier fin p¨²blico l¨ªcito¡± y ¡°se ordenaron careciendo de cualquier cobertura presupuestaria¡±.

Los magistrados establecen tras el juicio que los fondos ¡°fueron canalizados a trav¨¦s de la estructura de los departamentos de Vicepresidencia y Econom¨ªa [dirigido por Oriol Junqueras], Presidencia [Jordi Turull], Exteriores [encabezado por Ra¨¹l Romeva], Trabajo [Dolors Bassa], Salud y Cultura¡±.

"Los miembros del Govern finalmente condenados por este delito [malversaci¨®n] no solo ejecutaron actos de manifiesta deslealtad en la administraci¨®n de fondos", afirma la sentencia, "sino que, adem¨¢s, lo anunciaron p¨²blicamente mediante el Decreto de 6 de septiembre de 2017, por el que se aprobaron las Normas Complementarias para la realizaci¨®n del Refer¨¦ndum de Autodeterminaci¨®n de Catalu?a y, de modo especial, mediante el Acuerdo del Govern de fecha 7 de septiembre". En este decreto se autorizaba la disposici¨®n de recursos humanos, materiales y tecnol¨®gicos para el refer¨¦ndum ilegal del 1-O y se establec¨ªa, recuerda el fallo, que las "decisiones y actuaciones nombradas ser¨ªan tomadas de forma colectiva y colegiada por parte de los miembros del Gobierno, y asumidas de manera solidaria". Sin embargo, los jueces solo condenan por malversaci¨®n a los consejeros que materializaron actos de ejecuci¨®n de este acuerdo: Junqueras, Romeva, Turull y Bassa.

La disposici¨®n de fondos p¨²blicos que el tribunal da por acreditada "supera ampliamente la cantidad de 250.000 euros", l¨ªmite que permite aplicar a los condenados el subtipo agravado de malversaci¨®n. Este uso indebido de dinero p¨²blico fue ejecutado "por quienes ten¨ªan la condici¨®n de autoridad", recuerdan los magistrados. "Lo hicieron para conseguir la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum ilegal, respecto del cual carec¨ªan absolutamente de competencias y que, con en el ropaje constituyente con el que fue presentado, implicaba una conculcaci¨®n flagrante de la Constituci¨®n y del propio Estatuto de Autonom¨ªa catal¨¢n", afirma la sentencia. Y lo hicieron, recuerda, pese a haber sido advertidos por el Tribunal Constitucional de su deber de impedir cualquier acto de organizaci¨®n de la consulta ilegal y de las responsabilidades penales en que pod¨ªan incurrir.

El tribunal rechaza la tesis de las defensas de que muchos de los gastos comprometidos no llegaron a suponer un menoscabo en las arcas de la Generalitat porque los proveedores renunciaron a cobrar, y se acoge a la llamada teor¨ªa del devengo: "El momento en el que el acreedor realiza correctamente la prestaci¨®n a su cargo es el momento en el que debe entenderse producido el menoscabo a los caudales o fondos p¨²blicos, desde el punto de vista del procedimiento de ejecuci¨®n del gasto p¨²blico", recuerda el tribunal presidido por Manuel Marchena. "Es ese momento, aun cuando todav¨ªa no pueda hablarse de una salida material de fondos para el abono de las prestaciones ya recibidas, cuando el procedimiento resulta ya irreversible o inevitable para la Administraci¨®n".

El escrito de Fiscal¨ªa manten¨ªa en 2,87 millones de euros la cantidad supuestamente malversada en el proceso independentista. En esta cantidad figura el montante que supuso el uso durante la jornada del 1-O de los m¨¢s de 2.259 locales habilitados como puntos de votaci¨®n y que fue valorado pericialmente por la entidad SEGIPSA en 900.906 euros.

A esta cantidad hay que sumar las campa?as de publicidad del registro de residentes en el exterior (220.253 euros), la campa?a de publicidad del refer¨¦ndum (los anuncios de las v¨ªas del tren emitidos por TV-3, que ascienden a 277.803 euros), las facturas de Unipost por los env¨ªos postales de las tarjetas censales (979.661 euros) y la carteler¨ªa (47.151).

Los gastos de honorarios, viajes y manutenci¨®n de los diferentes grupos de observadores internacionales y estudiosos que acudieron a Catalu?a en la jornada del refer¨¦ndum y en los meses previos ascendieron a 338.607 euros. De esta cantidad, 177.304 euros corresponden al grupo de los 12 ¡°expertos internacionales¡± contratados por Diplocat y liderados por la neozelandesa Helena Catt, ¡°cuya ocupaci¨®n profesional no es conocida¡±, se?alaba la Fiscal¨ªa en uno de los a?adidos m¨¢s ¨¢cidos de su escrito definitivo.

Esta actividad preparatoria del refer¨¦ndum ilegal tambi¨¦n se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a y el Juzgado de Instrucci¨®n 13 de Barcelona, donde se encuentran imputados algunos de los protagonistas secundarios del proc¨¦s, como Josep Maria Jov¨¦, diputado auton¨®mico de ERC y n¨²mero 2 de Oriol Junqueras cuando sucedieron los hechos; Josep Llu¨ªs Salvad¨®, exsecretario auton¨®mico de Hacienda; o Antoni Molons, secretario de Comunicaci¨®n del Govern y la persona sospechosa de ser ¡°el tal Toni¡± que realizaba los encargos del material preparativo del refer¨¦ndum ilegal.

Para la condena por malversaci¨®n ha sido crucial la testifical prestada por cuatro mujeres peritas de Hacienda, que apuntalaron en el juicio del proc¨¦s la tesis de la Fiscal¨ªa de que los preparativos de la consulta independentista del 1-O generaron un compromiso de pago a la Generalitat y, por tanto, un perjuicio en sus arcas p¨²blicas, al margen de que el Govern no pagara luego esos gastos por diversos motivos. Las peritas (tres propuestas por la Fiscal¨ªa y una por la Abogac¨ªa del Estado) cifraron en 917.648 euros (m¨¢s IVA) la suma de gastos que ellas analizaron y cuya vinculaci¨®n con el 1-O consideran acreditado.