El fallo abre una v¨ªa para suavizar el proceso a Trapero

La condena a los 12 l¨ªderes independentistas no pone fin en absoluto a los conflictos judiciales abiertos a cuenta del proc¨¦s, pero s¨ª marca una pauta sobre el desarrollo de esos otros procesos. En especial, el que afronta a partir de enero el exjefe de los Mossos d¡¯Esquadra Josep Llu¨ªs Trapero. Acusado de rebeli¨®n, Trapero recibi¨® este lunes buenas y malas noticias del Tribunal Supremo: la sentencia alaba que advirtiera al Govern sobre el riesgo de violencia el 1-O, pero critica el dispositivo de los Mossos d¡¯Esquadra.

Durante el juicio del proc¨¦s, desfilaron por el Tribunal Supremo decenas de agentes de todos los cuerpos policiales. Los testigos de las defensas ¡ªlos ciudadanos que participaron en el refer¨¦ndum ilegal¡ª aprovecharon para denunciar la actuaci¨®n de los antidisturbios de la Polic¨ªa y de la Guardia Civil por sus cargas. Del mismo modo, estos agentes criticaron la pasividad de los Mossos a la hora de impedir las votaciones. Pero ni unos ni otros estaban siendo juzgados en ese escenario, por m¨¢s que afronten otras causas penales que deben delimitar su responsabilidad en los hechos.

Los magistrados del proc¨¦s explicitan en su sentencia que solo han pretendido juzgar a los 12 l¨ªderes independentistas y a nadie m¨¢s. Por eso destacan su ¡°especial esfuerzo de autocontenci¨®n¡± para no pronunciarse sobre otros protagonistas del oto?o catal¨¢n, m¨¢s all¨¢ de su funci¨®n como testigos. ¡°Nuestro veredicto¡±, subraya la sentencia, ¡°ni predetermina el sentido de otros juicios ni de otras responsabilidades, (...) no vincula a otros tribunales, salvo en la forma que cualquier criterio de un tribunal superior puede ser tomada en consideraci¨®n por tribunales inferiores¡±.

Pero la sentencia redactada por Manuel Marchena sin duda va a influir en algunos juicios que est¨¢n por llegar. Por encima de todos, el que a partir del 20 de enero se celebra en la Audiencia Nacional con la antigua c¨²pula del departamento de Interior de la Generalitat ¡ªcon la excepci¨®n del exconsejero Joaquim Forn¡ª y Josep Llu¨ªs Trapero. El major de los Mossos afronta una petici¨®n de 11 a?os de c¨¢rcel de la Fiscal¨ªa por un delito de rebeli¨®n que el Supremo ya ha descartado para los l¨ªderes independentistas. La misma acusaci¨®n pesa sobre los exjefes pol¨ªticos del cuerpo Pere Soler y C¨¦sar Puig. La intendente de los Mossos, Teresa Laplana, por su parte, se sienta en el banquillo por un delito de sedici¨®n.

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Trapero fue uno de los testigos clave en el Supremo. Para sacudirse las acusaciones de pasividad revel¨®, entre otras cosas, que los Mossos ten¨ªan preparado un plan para detener al expresidente Carles Puigdemont y al resto de miembros del Govern. Al analizar su testimonio, la sentencia del Supremo arroja una de cal y otra de arena. Queda claro en la sentencia que, el 28 de septiembre de 2017, Trapero y sus mandos lanzaron una ¡°advertencia¡± clara al Govern sobre la posibilidad de que se produjeran ¡°graves incidentes entre agentes policiales y ciudadanos¡± el 1-O. A juicio de los Mossos, la ¡°alta probabilidad de enfrentamientos¡± aconsejaba suspender la votaci¨®n. La sentencia no deja en buen lugar a Trapero cuando subraya que ¡°trasladaba todos los informes importantes¡± al exconsejero Forn sobre los criterios de actuaci¨®n de la polic¨ªa catalana. Ni cuando dice que la actuaci¨®n de los Mossos durante el refer¨¦ndum ¡°result¨® funcional a los objetivos pol¨ªticos¡± del dirigente. Los magistrados critican el despliegue en binomios (parejas) de agentes, que les oblig¨® en muchos casos a retirarse.

La Mesa del Parlament

Antes incluso que el de Trapero se celebrar¨¢, en Barcelona, el juicio contra seis miembros de la Mesa del Parlamento catal¨¢n que tramitaron las leyes de desconexi¨®n que amparaban la convocatoria del refer¨¦ndum. Todos ellos iban a ser juzgados inicialmente en el Supremo, que cambi¨® de criterio. A diferencia de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell ¡ªcondenada por sedici¨®n¡ª, estos seis diputados y exdiputados afrontan solo un delito de desobediencia. La Fiscal¨ªa pide para ellos penas de inhabilitaci¨®n para ejercer cargos p¨²blicos; vista la sentencia del proc¨¦s, la condena por este delito se da casi por descontada.

Las protestas del 20 de septiembre de 2017, que aparecen citadas a menudo en la sentencia, tienen su origen en la investigaci¨®n de un juez de Barcelona que trat¨® de impedir el refer¨¦ndum. Esa causa sigue abierta y en ella est¨¢n procesadas una treintena de personas: empresarios y tambi¨¦n altos cargos del Govern que, en muchos casos, estuvieron en primera l¨ªnea de organizaci¨®n del refer¨¦ndum. Ninguno de ellos ha sido procesado por sedici¨®n, pero s¨ª por los delitos de malversaci¨®n, desobediencia, falsedad, revelaci¨®n de secretos y prevaricaci¨®n.