El secesionismo se echa a la calle tras la hist¨®rica condena del Supremo

Casi ocho a?os de proceso secesionista en Catalu?a, culminado con una fallida declaraci¨®n de independencia en 2017, desembocaron este lunes en una condena de entre nueve y 13 a?os de prisi¨®n para sus principales impulsores y la reactivaci¨®n de la euroorden de detenci¨®n para el expresidente huido de la justicia espa?ola, Carles Puigdemont. El Tribunal Supremo dio carpetazo a uno de los procesos m¨¢s complicados a los que se ha enfrentado. Y lo hizo con condenas, s¨ª, pero sobre todo lanzando una carga de profundidad contra los impulsores del movimiento, a los que acusa de haber querido llevar a cabo ¡°una mera quimera¡± y un ¡°artificio enga?oso¡± que lleva condicionando la vida p¨²blica espa?ola desde 2012.

La respuesta del independentismo fue de rechazo absoluto de la sentencia, pero desde los canales institucionales se evitaron las llamadas a la desobediencia. S¨ª hubo protestas de calado en las calles, especialmente con el bloqueo del aeropuerto de Barcelona por parte de miles de manifestantes. La sentencia no colma las expectativas de casi nadie. Qued¨® lejos de las pretensiones de la Fiscal¨ªa al no apreciar el Tribunal Supremo un grado suficiente de violencia que apoyase la existencia de un delito de rebeli¨®n. Obviamente tampoco satisfizo al independentismo, que ya hab¨ªa anunciado de antemano que solo aceptar¨ªa la absoluci¨®n de los ahora condenados. En cambio, s¨ª queda cerca de lo que defend¨ªa la Abogac¨ªa del Estado, que opt¨® por no acusar de rebeli¨®n a los encausados y s¨ª de sedici¨®n y malversaci¨®n de fondos p¨²blicos.

Las condenas, en cualquier caso, motivaron importantes protestas del independentismo en las calles catalanas. El exvicepresidente catal¨¢n Oriol Junqueras afronta la pena m¨¢s alta, 13 a?os, por un delito de sedici¨®n con malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. De los otros ocho acusados que se encuentran en prisi¨®n preventiva, tres exconsejeros (Ra¨¹l Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) fueron condenados por sedici¨®n y malversaci¨®n a 12 a?os de c¨¢rcel. Otros dos (Josep Rull y Joaquim Forn) resultaron absueltos del delito de malversaci¨®n, y el tribunal les impuso 10 a?os y medio de prisi¨®n. La expresidenta del Parlament Carme Forcadell afronta una condena a 11 a?os y medio por sedici¨®n. Por este mismo delito se impuso una pena de nueve a?os a los l¨ªderes de la Assemblea Nacional Catalana y de ?mnium Cultural, Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart. Los ¨²nicos tres procesados que afrontaron el juicio en libertad (los exconsejeros Santi Vila, Carles Mund¨® y Meritxell Borr¨¤s) fueron sentenciados a un a?o y ocho meses de inhabilitaci¨®n especial y 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros.

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La sentencia es firme pero los abogados de los condenados ya se han puesto manos a la obra para agotar las dos posibilidades de revisi¨®n del fallo, ya sea mediante un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneraci¨®n de derechos o una posterior impugnaci¨®n ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Los magistrados del Supremo han procurado hilar muy fino a la hora de atribuir los delitos a cada uno de los acusados y evitar as¨ª la idea de que el del proc¨¦s ha sido una ¡°causa general contra el independentismo¡±, como insisten desde hace meses partidos y entidades secesionistas, comenzando por el Gobierno catal¨¢n. Ello no impidi¨® las habituales soflamas de estos sectores, especialmente del presidente de la Generalitat, Quim Torra, al conocer la sentencia. El jefe del Ejecutivo catal¨¢n tild¨® de ¡°antidemocr¨¢tica¡± la decisi¨®n del Tribunal Supremo y dijo que la considera ¡°un insulto a la democracia y un menosprecio a los catalanes¡±. Pese a la dureza de estos mensajes evit¨® cruzar la l¨ªnea roja que supondr¨ªa poner en pr¨¢ctica la ¡°desobediencia civil e institucional¡± que s¨ª hab¨ªa citado en anteriores discursos. Tampoco quiso entrar en el debate de si acata o no la sentencia. Este lunes se limit¨® a decir que la ¡°rechaza¡±.

Torra logr¨® con este discurso aunar el mensaje de su Gobierno, cada vez m¨¢s tensionado por los partidarios de la l¨ªnea dura y la confrontaci¨®n con el Estado, de la que ¨¦l es en teor¨ªa el m¨¢ximo representante en Catalu?a, y los defensores de un cierto pragmatismo que evite mayores desastres. En el trasfondo est¨¢ la advertencia del Ejecutivo central en las ¨²ltimas semanas sobre una hipot¨¦tica nueva intervenci¨®n del autogobierno a trav¨¦s del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n o aplicando la ley de Seguridad Nacional para hacerse con el control de los Mossos. Hoy por hoy, en la Generalitat nadie da muestras de querer arriesgarse a eso. Otra cosa son los m¨²ltiples grupos de agitaci¨®n que manejan los hilos del independentismo y que nada m¨¢s conocerse la sentencia llamaron a echarse a la calle e incluso a colapsar infraestructuras clave como el aeropuerto de Barcelona.

A la espera del alcance de las protestas y de la actuaci¨®n que tenga la Generalitat, el Gobierno de Pedro S¨¢nchez opt¨® por una respuesta contenida pero intentando alejar la idea de un indulto para los condenados, como m¨ªnimo a corto plazo. ¡°El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento, reitero, su ¨ªntegro cumplimiento¡±, dijo S¨¢nchez tras ensalzar la labor del Tribunal Supremo y hacer una encendida defensa de la justicia espa?ola. Consciente de la trascendencia internacional de la sentencia, este lunes por la ma?ana el Ejecutivo difundi¨® un v¨ªdeo con ministros hablando en cinco idiomas para reivindicar la democracia espa?ola y, por la tarde, el ministerio de Exteriores convoc¨® a todos los embajadores acreditados en Espa?a a una sesi¨®n informativa. El jefe del Gobierno en funciones habl¨® por la tarde con el presidente del PP, Pablo Casado, y con los l¨ªderes de Ciudadanos y Podemos, Albert Rivera y Pablo Iglesias.

El Gobierno considera la sentencia pr¨¢cticamente como un espaldarazo a sus postulados. El planteamiento del Supremo coincide con el de la Abogac¨ªa del Estado, que renunci¨® a acusar a los lideres del proc¨¦s de un delito de rebeli¨®n para centrarse en el de sedici¨®n. Los magistrados del Supremo entienden que, aunque hubo violencia en Catalu?a, ¡°el Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza¡±. Y deja claro que ¡°los alzados no dispon¨ªan de los m¨¢s elementales medios¡± para alcanzar su prop¨®sito de la secesi¨®n.

La sentencia, aunque respetada por la oposici¨®n, gener¨® se?ales de incomodidad, especialmente en el PP y Ciudadanos. Pablo Casado opin¨® que el fallo lanza el mensaje de que ¡°quien la hace, la paga¡±, pero al mismo tiempo prometi¨®, en plena precampa?a electoral, endurecer el C¨®digo Penal para casos y condenados de este tipo. El l¨ªder de Cs reclam¨® al Gobierno que haga lo posible para evitar cualquier ¡°privilegio penitenciario¡± a los condenados y se comprometa a que no se les conceder¨¢n indultos.

Es precisamente el futuro de los presos y el grado de cumplimiento de la condena lo que ahora coloca m¨¢s en el foco a la Generalitat. Catalu?a tiene transferidas las competencias de pol¨ªtica penitenciaria, aunque la ley que se aplica es la misma que en el resto de Espa?a. La sentencia abre una puerta a que los condenados puedan, en un breve plazo de tiempo, acceder al tercer grado penitenciario, que implica dormir en prisi¨®n solo de lunes a jueves. Ello ser¨ªa posible porque el Tribunal Supremo rechaz¨® la petici¨®n de la Fiscal¨ªa para hacer constar en la sentencia que los condenados no podr¨ªan acceder a la semilibertad hasta que hubiesen cumplido la mitad de la pena.

Ahora los Servicios Penitenciarios de la Generalitat tienen un plazo m¨¢ximo de dos meses para decidir en qu¨¦ r¨¦gimen deben cumplir la condena los l¨ªderes del proc¨¦s. La decisi¨®n corresponde a las juntas de tratamiento de cada una de las c¨¢rceles, unos ¨®rganos formados por funcionarios. Despu¨¦s el departamento de Justicia de la Generalitat debe decidir sobre la propuesta que le hagan los t¨¦cnicos. Y la decisi¨®n se aplicar¨ªa de modo inmediato, seg¨²n detallan fuentes penitenciarias, que aclaran que de la misma debe ser informada la Fiscal¨ªa. Esta puede recurrirla ante el juez de vigilancia penitenciaria y, en segunda instancia, ante la sala que les sentenci¨®, que ser¨¢ la que tenga la ¨²ltima palabra. La Fiscal General del Estado, Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra, record¨® este lunes que la instituci¨®n puede recurrir ante cualquier progresi¨®n de grado de los condenados.

Pero en las calles catalanas el debate est¨¢ lejos de llegar a este nivel. De momento lo que se visualiz¨® este lunes fue la indignaci¨®n independentista por las condenas. Y las protestas rebasaron ampliamente las que se hab¨ªan vivido en el pasado. El salto cualitativo vino por el colapso perfectamente organizado en el que consiguieron sumir el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Los instigadores del mismo fue el movimiento Tsunami Democr¨¤tic, en teor¨ªa sin l¨ªderes, pero que es constantemente jaleado por los partidos independentistas y las entidades afines. El Tsunami consigui¨® este lunes que miles de personas acudieran al aer¨®dromo barcelon¨¦s, incluso andando, para colapsar los accesos e impedir el normal desarrollo de la actividad. Hubo cargas policiales y enfrentamientos, aunque en esta ocasi¨®n la coordinaci¨®n entre Mossos y Polic¨ªa Nacional no fue discutida ni por el Gobierno ni por la Generalitat. La de ayer fue una m¨¢s de las acciones de bloqueo que los activistas del independentismo llevan semanas planificando con la mirada puesta en las protestas que desde el pasado verano se est¨¢n produciendo en Hong Kong. Sin embargo, y pese al apoyo que estos grupos tienen de dirigentes como Quim Torra, el resto de l¨ªderes pol¨ªticos del independentismo optaron por no secundar la protesta del aeropuerto.