Retrato de desobediente con secuestrador

Un espect¨¢culo, este milhomes. Milhombres, chaval que se hace el machote. El ni?o que aparenta ser hombre. ElTorra que juega a Puigdemont.

Quim Torra. El que env¨ªa a su familia a activar des¨®rdenes y se derrite vi¨¦ndoles por la tele; el que flirtea con no asistir a su juicio y luego acude; el que jura que no retirar¨¢ pancartas partidistas y al cabo se acoquina, pero tarde.

Para defender las conductas gamberras o cercanas a la delincuencia (a¨²n) menor, nada mejor que un condenado por sentencia firme a 14 a?os por delito grave: el abogado Gonzalo Boye, que cooper¨® con ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla.

Claro que este individuo ¡ªque tambi¨¦n defiende al fugado de Waterloo, juega al estratego con su infiltrado en los comuns Jaume Asens, y se le investiga por blanqueo del narcotraficante Sito Mi?anco¡ª alega que su juicio fue injusto: pues haber recurrido, ¨¦l, que alardea de ganar pleitos.

No hay modo de que esta extra?a pareja se gane la vida decente y aplicadamente. Todo su argumentario estuvo (mal) copiado de un art¨ªculo del exmagistrado ¡ªeste s¨ª, honesto a carta cabal¡ª Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn.

Dado que la orden violada de la Junta Electoral Central (JEC) no es una ¡°resoluci¨®n judicial¡± (art¨ªculo 410 del C¨®digo Penal), ¡°la ¨²nica posibilidad ser¨ªa considerarla [a la Junta] como autoridad superior al presidente del Gobierno de una autonom¨ªa, elegido por la voluntad soberana de los ciudadanos, lo que no tiene sustento constitucional ni legal¡±, aduc¨ªa (La Vanguardia, 29-7-2019).

Cuando Torra asegur¨® este lunes: ¡°No cumpl¨ª la orden, s¨ª desobedec¨ª¡±, ven¨ªa a reconocer que la JEC s¨ª pod¨ªa darle ¨®rdenes. Pues desobedecer es ¡°no hacer lo que ordenan las leyes o quienes tienen autoridad¡±, define la RAE. Por eso, para defenderse del delito, dijo el reo que la orden era ¡°ilegal¡±.

M¨¢s all¨¢ del diccionario, la realidad legal nos presenta a la JEC no solo como una autoridad superior sino como la ¨²nica competente en grado m¨¢ximo para ¡°garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad¡±; ¡°resolver las quejas¡±, y ¡°ejercer potestad disciplinaria¡± (Ley Org¨¢nica del R¨¦gimen Electoral General 5/1985 del 19 de junio, art¨ªculos 8, 9 y 19). O sea, para ordenar a Torra desde su estricto ¨¢mbito competencial, que retirase lazos; a la alcaldesa, Ada Colau (que esta s¨ª cumpli¨® a tiempo), lo mismo; o a otro nivel, para amonestar al jefe del Gobierno por celebrar una entrevista electoral en La Moncloa.

Y en cuanto al contenido material del delito de desobediencia, vean la sentencia en casaci¨®n del Supremo 722/2018 (23-1-2018) sobre la actuaci¨®n de Artur Mas el 9-N: ¡°La pregunta que debe responderse para afirmar el dolo penal es: ¡®?Sab¨ªa que su conducta era il¨ªcita?¡¯ y no ¡®?sab¨ªa que su conducta era delictiva?¡±.

Dada la irrelevancia argumental del abogado, es de esperar que la Generalitat no le pague minutas a costa del contribuyente. Ya no por secuestrador. Por vago.