Caso ERE: Gri?¨¢n, condenado a seis a?os de c¨¢rcel y Chaves, inhabilitado por nueve a?os

La Audiencia de Sevilla ha condenado este martes al expresidente de la Junta de Andaluc¨ªa Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n a seis a?os de prisi¨®n y 15 de inhabilitaci¨®n por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n continuadas en el caso de los ERE. En una contundente sentencia, los jueces han impuesto a su antecesor, Manuel Chaves, una pena de nueve a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n y censuraron a la exc¨²pula del PSOE andaluz por urdir un ¡°sistema fraudulento¡± dotado con 680 millones que, sin control, reparti¨® fondos a empresas en crisis. En algunos casos el dinero fue a parar a personas que nunca trabajaron en esas compa?¨ªas. La exconsejera y exministra Magdalena ?lvarez y el exconsejero Gaspar Zarr¨ªas han sido inhabilitados por prevaricaci¨®n. El tribunal ha impuesto penas de c¨¢rcel a otros cuatro exconsejeros.

La sentencia, de 1.821 p¨¢ginas, es una brutal reprimenda a las pol¨ªticas de empleo de la Junta andaluza, gobernada por el PSOE durante 36 a?os ininterrumpidos hasta diciembre de 2018. Chaves y Gri?¨¢n, l¨ªderes hist¨®ricos del socialismo andaluz, gobernaron la comunidad durante 23 a?os, periodo en el que se instaur¨® el fondo de los ERE, cuya primera sentencia deja manchada la trayectoria pol¨ªtica de ambos. Solo dos de los 21 procesados han sido absueltos. Las defensas recurrir¨¢n el fallo ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia de Sevilla ha suscrito la tesis acusatoria de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y ha rebajado su petici¨®n global de penas, pero en muy pocos grados. Adem¨¢s de Gri?¨¢n, otros cuatro exconsejeros fueron condenados a prisi¨®n: Antonio Fern¨¢ndez y Jos¨¦ Antonio Viera (Empleo), Francisco Vallejo (Innovaci¨®n) y Carmen Mart¨ªnez Aguayo (Econom¨ªa). La pena m¨¢s alta fue para Fern¨¢ndez, siete a?os y 11 meses. En el caso de Vallejo y Viera, la condena es de siete a?os; y la de Mart¨ªnez Aguayo, de seis.

Ante la crisis industrial que sufri¨® Andaluc¨ªa a finales de los noventa y para atajar las protestas de miles de trabajadores en la calle, la Junta ide¨® una f¨®rmula que de manera ¨¢gil pagara las prejubilaciones de 6.000 empleados. El sistema pretend¨ªa eludir los f¨¦rreos controles de la Intervenci¨®n General, que anteriormente hab¨ªa puesto reparos al modo de reparto del dinero. La Audiencia tilda ese sistema de ¡°fraudulento¡± e ¡°ilegal¡± porque provoc¨® un ¡°descontrol absoluto¡± sobre los 680 millones distribuidos con el prop¨®sito de garantizar la ¡°paz social¡±.

Los dos ¨²nicos absueltos entre los 21 procesados son el ex interventor general de la Junta Manuel G¨®mez y el exjefe de los servicios jur¨ªdicos Francisco del R¨ªo. Al primero se le acusaba de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n, y a Del R¨ªo, solo de prevaricaci¨®n. A estos dos excargos se les suman cuatro antiguos dirigentes acusados tambi¨¦n de ambos delitos y para los que Anticorrupci¨®n ped¨ªa c¨¢rcel, pero que eludir¨¢n la prisi¨®n porque han sido absueltos de malversaci¨®n, aunque inhabilitados por prevaricaci¨®n. Se trata de los ex directores generales de la agencia Idea Jacinto Ca?ete (ocho a?os de inhabilitaci¨®n), y los ex secretarios generales de Empleo Javier Aguado y Juan Francisco S¨¢nchez (nueve a?os), as¨ª como Lourdes Medina (ocho a?os).

Para los jueces, Chaves y Gri?¨¢n eran ¡°plenamente conscientes¡± de la ilegalidad de las decisiones adoptadas sobre el fondo de los ERE. Al primero le achacan conocer que el sistema vulneraba la ley y permitirlo como presidente del Consejo de Gobierno. Al segundo, mientras, le imputan que como exconsejero de Econom¨ªa y Hacienda ignorara las alertas sobre irregularidades de la Intervenci¨®n General, que Gri?¨¢n asegur¨® no haber recibido nunca.

¡°Resulta il¨®gico que decisiones de gran trascendencia, en materias de gran relevancia social e influencia pol¨ªtica, sean desconocidas por el presidente¡±, censuran sobre Chaves los jueces, que creen ¡°impensable¡± que el cambio de modelo en los ERE se tomara sin el visto bueno del jefe del Ejecutivo andaluz.

A la condena de Chaves por prevaricaci¨®n ¡ªadoptar resoluciones ilegales a sabiendas¡ª, Gri?¨¢n le suma la de malversaci¨®n por haber ejercido una administraci¨®n desleal de los fondos p¨²blicos. Gri?¨¢n conoci¨® los informes de la Intervenci¨®n General, pero no hizo nada para evitar las irregularidades, seg¨²n la sentencia. ¡°Asumi¨®¡±, como consejero de Econom¨ªa, ¡°la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L [el fondo de los ERE] fueran objeto de disposici¨®n con fines ajenos al fin p¨²blico al que estaban destinados¡±. El Supremo instruy¨® en 2015 el caso pero no apreci¨® malversaci¨®n, a diferencia de la Audiencia de Sevilla.

La sentencia reprocha a la Junta que conociera la ¡°patente¡± y ¡°palmaria ilegalidad¡± de las ayudas sociolaborales que concedi¨® con ¡°absoluta falta de control¡±. Y abunda: ¡°El sistema permit¨ªa el enriquecimiento de empresas, a trav¨¦s del ahorro de gastos, y de terceros [en ocasiones personas que ni siquieran trabajaban en esas compa?¨ªas], ajeno a cualquier inter¨¦s social o p¨²blico debidamente acreditado¡±.

La fecha clave es el a?o 2000, cuando el Gobierno andaluz cambi¨® el sistema de ayudas para empresas en crisis. Esta ¡°necesidad pol¨ªtica¡±, advierte el tribunal, llev¨® a los responsables de la Junta de Andaluc¨ªa a establecer una f¨®rmula ¨¢gil, ¡°si bien tal agilidad se consigui¨® eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos¡±. La concesi¨®n de las ayudas radic¨® en la Consejer¨ªa de Empleo, pero la c¨²pula de la Junta dise?¨® el cambio de modelo. ¡°La decisi¨®n de dar estas ayudas no part¨ªa de la Consejer¨ªa de Empleo, sino que era una decisi¨®n del Gobierno en su conjunto¡±, subraya el tribunal.

A partir de 2001, las ayudas las pag¨® directamente la agencia Idea mediante un convenio marco firmado entre su presidente, Antonio Fern¨¢ndez, entonces viceconsejero de Empleo, y el que era m¨¢ximo responsable de este departamento, Jos¨¦ Antonio Viera. Este convenio dejaba en manos del director general de Trabajo, el principal imputado en la causa, Javier Guerrero (condenado a siete a?os y 11 meses de prisi¨®n), la facultad de ordenar a Idea el pago de las ayudas, pese a que ¡°carec¨ªa de competencia legal para la concesi¨®n de subvenciones¡±. Con este nuevo sistema, el Ejecutivo se ahorraba cumplir con los requisitos legales para tramitar los expedientes de subvenciones y as¨ª elud¨ªa la fiscalizaci¨®n de la Intervenci¨®n, lo que favoreci¨® ¡°un descontrol absoluto¡±, afirman los jueces.

En teor¨ªa el tribunal puede ordenar el ingreso en prisi¨®n de los condenados por malversaci¨®n, pero ser¨ªa ins¨®lito, porque el riesgo de fuga es m¨ªnimo y todos poseen arraigo, circunstancias que justificar¨ªan la ejecuci¨®n de la sentencia sin esperar al Supremo. Los condenados no tienen que hacer frente al pago de responsabilidades civiles porque la Junta de Andaluc¨ªa, que ejerci¨® como acusaci¨®n particular al ser la Administraci¨®n perjudicada, se reserv¨® en 2016 el derecho a emprender las acciones civiles para m¨¢s adelante en la causa.

El PSOE aleg¨® que la sentencia ¡°no afecta ni al actual Gobierno ni a la direcci¨®n socialista¡± y la federaci¨®n andaluza defendi¨® ¡°la honorabilidad y honradez de los expresidentes¡±. Las cr¨ªticas llovieron desde el resto de partidos, aunque con distinta intensidad. Mientras Podemos lo defini¨® como ¡°el retrato de una ¨¦poca¡±, el PP exigi¨® a Pedro S¨¢nchez que asuma responsabilidades ¡°por el mayor caso de corrupci¨®n de la historia de Espa?a¡±.

El esc¨¢ndalo de los ERE y del supuesto desv¨ªo de fondos de la Junta ha marcado la pol¨ªtica andaluza desde 2011. Pero la repercusi¨®n del caso ha ido mucho m¨¢s all¨¢ de lo regional, ya que ha sido empleado como ariete habitual del resto de partidos contra los socialistas. La canci¨®n seguir¨¢ sonando al menos hasta que se pronuncie el Supremo.