La Fiscal¨ªa recurre las imputaciones a periodistas por informar sobre el sumario de los ¡®cdr¡¯

La Fiscal¨ªa Provincial de Madrid ha recurrido este viernes el auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 41 de Madrid en la que citaba en calidad de investigados a una docena de periodistas ¡ªde ocho medios diferentes¡ª por publicar informaciones sobre el sumario de los cdr cuando estaba bajo secreto de sumario. El titular de este juzgado, Juan Carlos Peinado, imput¨® a los ocho reporteros?(entre ellos dos redactores de EL PA?S, ?scar L¨®pez-Fonseca y Fernando J. P¨¦rez)?por publicar noticias de los sumarios que se filtraron de "forma masiva" sobre la detenci¨®n de los miembros de los?Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica (CDR), acusados de un delito de terrorismo. Peinado considera que los periodistas pudieron?hubieran incurrido en alg¨²n tipo de responsabilidad penal por la divulgaci¨®n de datos relativos a actuaciones procesales declaradas secretos.

Para el representante del ministerio p¨²blico no existen indicios de que los profesionales de la informaci¨®n de EL PA?S, cadena SER, Abc, El Confidencial Digital S.L, El Mundo, La Vanguardia, El Espa?ol y RTVE hubieran cometido delito alguno y pide por ello al juez que deje sin efecto las citaciones previstas para el pr¨®ximo 29 de noviembre. "No siendo responsables de la infracci¨®n penal que es objeto de la instrucci¨®n de la presente causa, no cabr¨ªa dirigir el procedimiento contra los mismos en calidad de investigados", escribe la Fiscal¨ªa.

La imputaci¨®n de los reporteros lleg¨® despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional pidiera remitir a los juzgados madrile?os de Plaza de Castilla la solicitud de las defensas de miembros de los CDR de que se investigara la "filtraci¨®n masiva" a algunos medios de comunicaci¨®n sobre la causa contra ellos a pesar de que estaba bajo secreto de sumario.?Las defensas de los miembros de los CDR solicitaron que se investigase si esa "filtraci¨®n masiva procede de la Guardia Civil o de la Fiscal¨ªa", a las que se?alaban en su denuncia. Criticaban, adem¨¢s, que mientras ellos no ten¨ªan "el m¨¢s m¨ªnimo conocimiento de los hechos" y solo conoc¨ªan la imputaci¨®n provisional que se atribu¨ªa a sus defendidos, los medios hab¨ªan publicado de forma "exhaustiva" los autos, incluidos v¨ªdeos de la Guardia Civil sobre los registros practicados. Las defensas, en fin, pidieron?la incoaci¨®n de pieza separada encaminada a averiguar la autor¨ªa de las filtraciones denunciadas.

El juez remiti¨® entonces el escrito de las defensas al Juzgado Decano de Madrid. La causa recay¨® en el Juzgado de Instrucci¨®n 41, que acord¨® la incoaci¨®n de diligencias previas. La Fiscal¨ªa recuerda ahora que en esta resoluci¨®n se recoge "¨²nicamente" que las actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia de este juzgado "por un posible delito de revelaci¨®n de secretos por funcionario", sin especificar los art¨ªculos concretos del C¨®digo Penal que considera infringidos y "sin exponer los motivos por los que considera presuntos autores de los hechos a los medios de comunicaci¨®n contra los que dirige la causa".

El recurso de la Fiscal¨ªa se?ala que puesto que el hecho presuntamente delictivo ser¨ªa la filtraci¨®n a los medios de datos de un procedimiento judicial que est¨¢ declarado secreto. Tambi¨¦n considera que la posible vulneraci¨®n del secreto sumarial afectar¨ªa al art¨ªculo 466 del C¨®digo Penal, que castiga la revelaci¨®n de actuaciones procesales declaradas secretas, pero que solo afecta a abogados, procuradores, jueces, miembros de un tribunal, particulares que intervengan en el proceso, etc., pero no a periodistas.

Aunque el auto solo menciona un delito de revelaci¨®n de secretos por funcionario p¨²blico, la Fiscal¨ªa advierte de que incluso cabr¨ªa que los hechos tambi¨¦n pudieran ser constitutivos de un delito de revelaci¨®n de secretos por afectar a la intimidad de las personas investigadas en la causa. En estos casos la divulgaci¨®n de noticias puede afectar a la intimidad de las personas a las que dichas informaciones se refieren cuando entran en conflictos dos derechos fundamentales: el derecho a transmitir y recibir informaci¨®n veraz y el derecho a la intimidad. Tras citar la reiterada jurisprudencia del Constitucional sobre esta cuesti¨®n, el recurso deja bien claro que con independencia de que la fuente empleada por los medios pudiera estar viciada, "la informaci¨®n publicada cumple con los requisitos constitucionales de informaci¨®n veraz (en ning¨²n momento se pone en duda en las denuncias presentadas que la informaci¨®n divulgada no sea cierta) e inter¨¦s p¨²blico". De ah¨ª que la difusi¨®n de dicha informaci¨®n est¨¦ "plenamente" amparada por el derecho a la informaci¨®n "sin que se pueda exigir responsabilidad penal alguna a los medios de comunicaci¨®n que la han difundido". La Fiscal¨ªa, eso s¨ª, deja la puerta abierta a que el juez cite a los periodistas en calidad de testigos si lo estima necesario para investigar el modo en que obtuvieron la informaci¨®n.

La fiscal general del Estado, Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra, ya adelant¨® este jueves que estaba estudiando la "posibilidad de impugnar" la imputaci¨®n de los periodistas.?"La Fiscal¨ªa, desde la perspectiva y desde la ¨®ptica de la defensa del derecho a la libertad de transmitir informaci¨®n y opini¨®n veraz, va a analizar esa incoaci¨®n y las decisiones que se han tomado para citar como investigados a determinados medios. Las va a analizar desde esa perspectiva y estamos estudiando la posibilidad de impugnar esa resoluci¨®n", precis¨® la fiscal general del Estado.

Entre las informaciones publicadas por EL PA?S est¨¢n las sospechas de que los miembros de los CDR arrestados establecieron un "canal seguro" de enlace entre Torra y Puigdemont, un sistema de comunicaci¨®n a trav¨¦s de la hermana del expresident huido en B¨¦lgica. Este peri¨®dico tambi¨¦n inform¨® sobre los ensayos que los detenidos realizaron sobre posibles acciones en el boicot contra el Consejo de Ministros en Barcelona, o sobre c¨®mo uno de ellos involucr¨® a Torra en el plan de tomar el Parlament.