El ¨²ltimo jornal de Said Aballa
El caso del inmigrante cuyo cad¨¢ver fue abandonado por su contratador en un centro de salud expone la precariedad de los temporeros
Llueve de forma torrencial sobre la alfombra de 66 millones de olivos que cubre la provincia de Ja¨¦n. El agua encharca los tajos y paraliza la campa?a de recolecci¨®n de la aceituna. Hinojares, con apenas 300 habitantes, parece un pueblo fantasma. En el bar de la plaza del Ayuntamiento cuatro agricultores ocupan su asueto con el tapeo del medio d¨ªa. Entre ellos est¨¢ Francisco Moreno Esc¨¢mez, que evita hacer declaraciones y parece mostrarse ajeno al suceso por el que esta semana ha sido detenido: abandonar en la camilla de un centro de salud el cuerpo de Said Aballa, un temporero saharaui que muri¨® mientras trabajaba para ¨¦l. El hombre, de 31 a?os, falleci¨® de un infarto mientras recog¨ªa aceitunas, seg¨²n revel¨® la autopsia.
Los caminos de Said y este empresario agr¨ªcola de 34 a?os se cruzaron en la vecina localidad de Pozo Alc¨®n (4.700 habitantes), adonde Moreno acudi¨® en busca de braceros para recoger la aceituna de sus olivos. Opt¨® por la v¨ªa m¨¢s r¨¢pida e irregular. Se fue a la plaza del pueblo y reclut¨® a los dos primeros inmigrantes sin papeles que encontr¨®. Uno de ellos era Said Aballa, de 31 a?os y originario del S¨¢hara occidental, que pese a llevar varios a?os en Espa?a (migr¨® en solitario cuando era menor de edad) no ten¨ªa regularizada su situaci¨®n en Espa?a.
¡°Ahora queremos llevarlo cuanto antes al S¨¢hara porque est¨¢ la familia llorando mucho y destrozada, pero m¨¢s tarde claro que vamos a pedir que se investigue m¨¢s en profundidad qu¨¦ ha ocurrido¡±, comenta El Hassan Aiffi, cu?ado de la v¨ªctima, que, junto a su mujer y otra hermana de Said, lleva toda la semana en el Anat¨®mico Forense de Ja¨¦n esperando que acaben los tr¨¢mites burocr¨¢ticos que permitan repatriar el cad¨¢ver. ¡°Y creo que el empresario tambi¨¦n deber¨ªa ayudar en los gastos de repatriaci¨®n [unos 3.000 euros] porque abandon¨® el cuerpo y desapareci¨®¡±, apostilla El Hassan.
En libertad con cargos por un delito contra los derechos de los trabajadores, Francisco Moreno cultiva una actividad pol¨ªtica que ha salido a la luz tras el incidente. Fue apoderado de Vox en las ¨²ltimas elecciones generales y concejal del PP durante varios a?os. Algunos activistas, sindicatos y partidos han se?alado motivaciones ideol¨®gicas en su forma de actuar. ¡°No es un caso aislado, existe mucha insolidaridad y rechazo social hacia los migrantes, que casi siempre vienen a ocupar puestos que no quieren desempe?ar los espa?oles¡±, indica el fiscal Crist¨®bal F¨¢brega, tambi¨¦n portavoz de Red Ja¨¦n Ciudad Abierta, uno de los colectivos que ha denunciado la precariedad laboral a la que se somete a los temporeros. ¡°El caso est¨¢ promovido por los discursos antiinmigraci¨®n de fuerzas pol¨ªticas en auge¡±, dice Juan Francisco Cazalilla, secretario del PCE en Ja¨¦n. La Fiscal¨ªa tendr¨¢ que estudiar si atribuye al empresario una responsabilidad penal por la muerte de Said, como solicita CC OO.
Pozo Alc¨®n ha experimentado durante esta campa?a un incremento inusual de inmigrantes, principalmente magreb¨ªes, en busca de trabajo en el campo. Muchos vecinos denunciaron un aumento de la delincuencia y de la ocupaci¨®n ilegal de viviendas por los temporeros y el alcalde Iv¨¢n Cruz (PSOE) decidi¨® pedir a la Subdelegaci¨®n del Gobierno que reforzara la seguridad en el pueblo. ¡°Ha existido un efecto llamada, pero la situaci¨®n ya parece normalizada¡±, afirm¨® el regidor.
El alcalde conden¨® la acci¨®n del empresario, pero la reacci¨®n del Ayuntamiento a la muerte del temporero fue dejar claro que Pozo Alc¨®n no era un municipio de acogida. As¨ª lo expres¨® el Consistorio en su p¨¢gina de Facebook, donde tambi¨¦n puede leerse que una de las iniciativas adoptadas tras la muerte de Said fue comprar billetes de autob¨²s ¡°para la salida de nuestro pueblo de personas inmigrantes que se encontraban en el municipio sin trabajo y sin recursos¡±. ¡°Pozo Alc¨®n no es un municipio de acogida, ni lo ha sido nunca¡±, se dice en la p¨¢gina.
¡°Todo vale¡±
Tanto los sindicatos como los vecinos asocian la llegada de mano de obra for¨¢nea con una percepci¨®n generalizada de que los empresarios locales emplean sin muchos reparos a inmigrantes en situaci¨®n irregular. Un empresario, que prefiere omitir su nombre, justifica la pr¨¢ctica por el peque?o tama?o de las explotaciones del pueblo, con prevalencia de minifundios, que requieren solo de mano de obra durante unos pocos d¨ªas. ¡°Hoy por hoy todo vale, y los empresarios se est¨¢n aprovechando de ello¡±, censur¨® Capilla Vega, de UGT Ja¨¦n.
Los sindicatos demandan m¨¢s recursos de la Inspecci¨®n de Trabajo contra la precariedad laboral en los tajos. En la provincia, la mayor productora de aceite de oliva del mundo, solo hay una decena de inspectores. En la ¨²ltima campa?a apenas se impusieron medio centenar de sanciones y ninguna relacionada con la explotaci¨®n de inmigrantes.
A los trabajadores en situaci¨®n irregular empleados en el campo de Ja¨¦n se les suele pagar menos de lo que corresponde ¡ªunos 50 euros por siete horas de jornal, frente a los 65 que marca el convenio¡ª y se les expone a una mayor precariedad y explotaci¨®n. Muchos acaban refugiados en soportales, cajeros autom¨¢ticos y en la estaci¨®n de autobuses del pueblo, donde se quejan de sus condiciones laborales y del desinter¨¦s de los empresarios por facilitarles alojamientos dignos durante la campa?a.
Seis a?os sin Tidiany
El caso de Pozo Alc¨®n ha coincidido con el de otro propietario agr¨ªcola de Orcera, tambi¨¦n en Ja¨¦n, acusado de agredir con una navaja a un temporero de Mal¨ª que se neg¨® a recoger la aceituna de una zona en pendiente sin contar con medidas de seguridad. La muerte de Said tambi¨¦n trae a la memoria a Tidiany Coulibaly, un maliense de 22 a?os que desapareci¨® en las Navidades de 2013, tras una discusi¨®n con su patr¨®n. Aunque el cuerpo de Tidiany nunca lleg¨® a aparecer, hace tres a?os se juzg¨® al empresario que lo hab¨ªa empleado, pero la Audiencia Provincial lo absolvi¨® por falta de pruebas. S¨ª fue condenado ¡ªa dos a?os y medio de c¨¢rcel que no lleg¨® a cumplir¡ª por delitos contra los derechos de los trabajadores, de obstrucci¨®n a la justicia y de defraudaci¨®n de fluido el¨¦ctrico.
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