La Junta Electoral Central estudia si destituye ya a Quim Torra en medio de dudas jur¨ªdicas
La ley impide al presidente catal¨¢n presentarse a elecciones tras su condena no firme por desobediencia, pero no aclara si se le puede apartar ya del cargo


La Junta Electoral Central?tiene este viernes en sus manos el futuro pol¨ªtico ¡ªal menos el inmediato¡ª de Quim Torra. El ¨®rgano encargado de velar por la transparencia de los procesos electorales debe decidir si destituye ya al presidente de la Generalitat despu¨¦s de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a le condenara a un a?o y medio de inhabilitaci¨®n por desobediencia el pasado 19 de diciembre. PP, Vox y Ciudadanos reclaman apartar a Torra del cargo antes de que la sentencia sea firme, una posibilidad contemplada en la ley electoral pero cuya aplicaci¨®n suscita dudas jur¨ªdicas. La destituci¨®n se estudia en v¨ªsperas de la investidura de Pedro S¨¢nchez como presidente del Gobierno.
La Junta Electoral Provincial de Barcelona rechaz¨® la pasada Nochebuena el cese fulminante de Torra, pero lo hizo dividida: cuatro de sus miembros optaron por hacer una ¡°interpretaci¨®n restrictiva¡± de la norma que declara ¡°inelegibles¡± a los condenados por rebeli¨®n, terrorismo y delitos contra la Administraci¨®n P¨²blica ¡ªcap¨ªtulo en el que figura la desobediencia¡ª, incluso cuando la sentencia no sea firme. Un quinto miembro, Pablo Nuevo, profesor de Derecho Constitucional, se apart¨® de la mayor¨ªa y formul¨® un voto particular en el que sostiene que Torra debe ser apartado autom¨¢ticamente del esca?o en el Parlament y, en consecuencia, del cargo de president. Torra fue inhabilitado por negarse a acatar una orden, precisamente de la Junta Electoral, para retirar los lazos amarillos de la Generalitat durante la campa?a a las elecciones locales y europeas de mayo.
El debate jur¨ªdico se traslada ahora de Barcelona a Madrid. La Junta Electoral Central, formada por ocho magistrados del Supremo elegidos por sorteo y cinco catedr¨¢ticos nombrados por los partidos con representaci¨®n en el Congreso, estudia esta tarde un caso de enorme trascendencia tanto para la pol¨ªtica catalana como para la investidura de Pedro S¨¢nchez como presidente del Gobierno, que se inicia el s¨¢bado. El asunto presenta muchas aristas.
Se trata de la primera vez que la Junta Electoral Central analiza el cese de un presidente auton¨®mico como consecuencia de una sentencia no firme por desobediencia. Los juristas consultados por este peri¨®dico tienen claro que, de acuerdo con el art¨ªculo 6.2 de la Ley Org¨¢nica de R¨¦gimen Electoral General (Loreg), Torra es ¡°inelegible¡±, esto es, no podr¨ªa presentarse en este momento a unas elecciones.
En lo que mantienen dudas es sobre si esta inelegibilidad sobrevenida por la sentencia por desobediencia deber¨ªa acarrear la salida de Torra del cargo que ocupa actualmente. La Loreg establece que en el art¨ªculo 6.4 que ¡°las causas de inelegibilidad lo son tambi¨¦n de incompatibilidad¡±, es decir, el impedimento o prohibici¨®n legal para ejercer una funci¨®n p¨²blica determinada.
¡°La Loreg anticipa, en determinados casos, la eficacia de una sentencia cuando esta no es firme. El principio de especialidad [el criterio que implica dar preferencia a las normas especiales sobre las normas generales] comporta que la obligaci¨®n de cesar a quien ocupa un cargo p¨²blico se sobreponga al principio general de que las sentencias penales solo son ejecutivas cuando cobran firmeza. Tiene l¨®gica que si no te puedes presentar a unas elecciones no puedas ejercer el cargo electo¡±, razona un magistrado bajo condici¨®n de anonimato.
Los vocales de la Junta Electoral deber¨¢n decidir si los escasos precedentes de la aplicaci¨®n del art¨ªculo 6.2 de la ley electoral ¡ªel apartamiento de un cargo p¨²blico condenado por sentencia no firme por delitos contra la Administraci¨®n P¨²blica¡ª son aplicables al caso de Torra. El m¨¢ximo ¨®rgano electoral se ha pronunciado en cuatro ocasiones entre marzo de 2011 y abril de 2019 sobre la inelegibilidad e incompatibilidad para el cargo de cuatro alcaldes condenados en sentencia no firme por corrupci¨®n. En todos ellos, record¨® que el art¨ªculo 6.2 ¡°debe aplicarse¡±, aunque dej¨® el examen de la posible incompatibilidad en manos del pleno municipal correspondiente.
Derechos fundamentales
En Barcelona, los vocales de la Junta Electoral Provincial ¡ªentre ellos, tres magistrados de la Audiencia Provincial¡ª rechazaron destituir a Torra al entender que hacerlo antes de que la condena por desobediencia sea firme vulnerar¨ªa el derecho fundamental de representaci¨®n pol¨ªtica de los ciudadanos. El sector mayoritario consideraba que la doctrina aplicada por la Junta Electoral Central en el caso de los alcaldes no se puede trasladar a un diputado auton¨®mico que, adem¨¢s, es presidente. Este grupo de expertos tambi¨¦n discriminaba entre los delitos de ¡°corrupci¨®n¡± por los que fueron condenados los regidores y la desobediencia atribuida a Torra, y que tilda de ¡°un delito de car¨¢cter menos grave¡± aunque todos ellos forman parte del ep¨ªgrafe de infracciones contra la Administraci¨®n P¨²blica y la ley electoral no establece distinci¨®n alguna.
La p¨¦rdida de la condici¨®n de diputado por parte de Torra llevar¨ªa aparejada autom¨¢ticamente su cese como president, ya que el Estatut impone tener la condici¨®n de parlamentario auton¨®mico como requisito para ser jefe del Ejecutivo. Tanto la ley electoral como los estatutos de autonom¨ªa tienen rango de ley org¨¢nica. Los vocales electorales catalanes se?alaron que ante dos leyes del mismo peso, y trat¨¢ndose de limitar el derecho de representaci¨®n pol¨ªtica a una persona que mantiene su presunci¨®n de inocencia, hab¨ªa que hacer una ¡°interpretaci¨®n restrictiva¡± de la norma. El vocal discrepante Pablo Nuevo replic¨® que el art¨ªculo de la Loreg que prev¨¦ la incompatibilidad sobrevenida ¡°est¨¢ formulado como una regla de aplicaci¨®n autom¨¢tica¡± y no cesar a Torra equivaldr¨ªa a dejar de aplicar la ley.
El Supremo tendr¨¢ la ¨²ltima palabra
La decisi¨®n que adopte hoy la Junta Electoral Central ser¨¢ recurrible ante la Sala Tercera (de lo Contencioso-administrativo) del Tribunal Supremo. Sin embargo, en el caso de que Torra sea destituido como president, este recurso ante la m¨¢xima instancia judicial no suspender¨ªa los efectos del acuerdo del ¨®rgano electoral, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. En cualquier caso, se?alan estas fuentes, el cese de Torra como diputado auton¨®mico lo deber¨ªa formalizar el Parlament, primero en la comisi¨®n del Estatuto del Diputado y posteriormente en el Pleno de la C¨¢mara catalana, de mayor¨ªa independentista.
El 19 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) conden¨® a Torra a un a?o y medio de inhabilitaci¨®n por desobediencia por negarse a cumplir la orden de la Junta Electoral Central de que retirara, en plena campa?a electoral, pancartas y lazos amarillos a favor de los pol¨ªticos presos del balc¨®n del Palau de la Generalitat.
La Junta Electoral de Barcelona, en el acuerdo del 24 de diciembre por el que rechaz¨® cesar a Torra como president, argumentaba que, seg¨²n la doctrina del Tribunal Constitucional, las juntas electorales no pueden considerarse parte de la Administraci¨® p¨²blica. De ah¨ª que la Junta de Barcelona considerase que la desobediencia por la que fue condenado Torra no deber¨ªa encuadrarse entre los delitos contra la Administraci¨®n P¨²blica que acarrean la destituci¨®n fulminante.
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