Un acuerdo legal, pero muy el¨¢stico

El pacto entre socialistas y republicanos se inscribe en lo legal. No desborda el marco jur¨ªdico constitucional y estatutario, pero acude a todos sus rincones para aprovechar su elasticidad. Que no es infinita, pero s¨ª amplia. As¨ª que muchos aceptar¨¢n sus conclusiones (el contenido material), incluso aunque les incomode su lenguaje (el continente).

Su validez pol¨ªtica se medir¨¢ por tres baremos: a) si funciona para facilitar la investidura, superando los obst¨¢culos que sin duda provocar¨¢. b) si genera un clima de confianza suficiente para lograr una m¨ªnima estabilidad, en forma de un primer Presupuesto que entra?e una espiral reformista. c) si crea una din¨¢mica que ayude a encauzar la cuesti¨®n catalana.

La investidura, pese a los ruidos, parece ahora muy probable, pues no se avizoran fuerzas suficientes para abortar su cumplimiento; el primer presupuesto, bastante posible, pues aunque ni se menciona, ser¨ªa muy raro que los republicanos facilitasen una investidura para frustrarla solo semanas despu¨¦s; y el encauzamiento de la cuesti¨®n catalana requerir¨¢ toneladas de esfuerzo, paciencia, prudencia y complicidad con otras fuerzas, tambi¨¦n ¡ªno lo olviden los firmantes¡ª las conservadoras.

El esfuerzo de Esquerra es ingente. Aunque el acuerdo recoge que la Mesa de di¨¢logo podr¨¢ acoger cualquier discusi¨®n, no incorpora entre ellas las dos reivindicaciones capitales de su ¨²ltimo programa electoral (autodeterminaci¨®n y amnist¨ªa).

Se hace adem¨¢s responsable de un foro entre Gobiernos, cuando el presidente de uno de ellos (?del que forma parte!), Quim Torra, ha empezado a boicotearlo, asegurando que no se siente concernido, algo muy auspicioso. Y al cabo ese niet certifica que Esquerra da un paso de gigante en su evoluci¨®n al pragmatismo, el realismo y la moderaci¨®n: todos los rebentaires la acusar¨¢n de traidora.

La contenci¨®n socialista es enorme. Sus negociadores han realizado notorias concesiones formales, a cambio de asegurar que los contenidos no desborden la Constituci¨®n. La principal es obviar su nombre y asumir expresiones suced¨¢neas del orden constitucional, pero equivalentes.

As¨ª que se imponen a la actuaci¨®n de la Mesa los ¡°l¨ªmites¡± del ¡°respeto a los instrumentos y principios que rigen el ordenamiento jur¨ªdico democr¨¢tico¡±, lo que plasma el contenido sustancial de la Ley Fundamental. Y las posibles consultas a los ciudadanos sobre los acuerdos que alcance la Mesa se realizar¨¢n ¡°de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jur¨ªdico pol¨ªtico¡±, que no es ni puede ser otro que el constitucional y estatutario.

Las eventuales consultas se celebrar¨¢n ¡°en su caso¡±: o sea, en caso de que ambas partes las acuerden y solo dentro del marco constitucional actual, o tras una reforma de la Constituci¨®n que exigir¨ªa la complicidad de las derechas. Las menciones a los principios de ¡°lealtad institucional¡± y de ¡°bilateralidad¡± que molestar¨¢ a sensibilidades de ambas riberas ya se recogen en el art¨ªculo 3 del vigente Estatut.

Y lo m¨¢s pol¨¦mico, el hecho de que la Mesa no sea parte de la Comisi¨®n Bilateral (de su art¨ªculo 183) u otra instituci¨®n ya existente: apela a un encaje (de fortuna discutible) en ese ¡°hacer uso de los otros medios de colaboraci¨®n que [la Generalitat y el Estado] consideren adecuados¡± (art¨ªculo 175). Tampoco es gloriosa la doble referencia al ¡°conflicto pol¨ªtico sobre el futuro de Catalu?a¡±, como si solo existiese uno (los hay entre los catalanes), pero al menos elude la evocaci¨®n del presunto litigio un¨ªvoco entre Catalu?a y el Estado que tanto place al mundo independentista.

Quiz¨¢ en las cesiones mutuas del acuerdo est¨¦ la clave de su verosimilitud.