El Constitucional avala la retirada de sus cargos p¨²blicos a los acusados del ¡®proc¨¦s¡¯

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por unanimidad avalar el art¨ªculo de la ley de Enjuiciamiento Criminal que permiti¨® privar de todo cargo p¨²blico a los acusados del proc¨¦s, seg¨²n fuentes del tribunal. Este precepto, el 384 bis de dicha ley, fue muy discutido durante toda la instrucci¨®n, en la medida en que impidi¨® que los procesados pudieran ocupar un esca?o en el Parlament de Catalu?a y luego en las Cortes Generales, a pesar de que resultaron elegidos en las respectivas convocatorias electorales.

De hecho, las defensas sostuvieron la inconstitucionalidad de dicho art¨ªculo, adem¨¢s de entender que no era aplicable a los procesados por rebeli¨®n. El Supremo, en cambio, consider¨® que el citado 384 bis supon¨ªa un mandato claro e ineludible. En esos t¨¦rminos lo aplic¨® el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, mediante resoluci¨®n que luego fue confirmada por la Sala de Apelaciones del Supremo.

El Constitucional, a su vez, ha declinado plantearse si el precepto tiene o no encaje en la Ley Fundamental, por considerar que esa controversia ya se resolvi¨® en una sentencia anterior, aprobada en respuesta a un recurso presentado por el PNV, cuando la norma se reform¨®. La sentencia ha avalado la aplicaci¨®n de dicho precepto considerando simplemente que se llev¨® a cabo de forma razonable y no arbitraria.

El fallo destaca, en este sentido, la gravedad de la acusaci¨®n de rebeli¨®n, que era la formulada por la Fiscal¨ªa y por la acci¨®n popular, ejercida por Vox. El Constitucional estima, en suma, que la decisi¨®n del Supremo de aplicar el 384 bis y no permitir el acceso de los procesados a todo cargo p¨²blico, respondi¨® a una estricta previsi¨®n legal.

Por entenderlo as¨ª, la Sala Penal quiso que fueran las Mesas del Congreso y el Senado las que tomaran la decisi¨®n formal de impedir que los acusados ejercieran como parlamentarios, considerando que eran los ¨®rganos de gobierno de las respectivas C¨¢maras los que deb¨ªan actuar en consecuencia a la vista del mencionado precepto. Las Mesas pidieron informes a los servicios jur¨ªdicos, ante la duda relativa de si la suspensi¨®n deb¨ªa acordarla el Supremo o las propias C¨¢maras, y finalmente aceptaron aplicar directamente la norma y suspender tanto a Junqueras, Rull, Turull y S¨¢nchez en el Congreso como a Ra¨¹l Romeva en el Senado.