La fiscal del crimen de Polop califica al exedil acusado como ¡°¨²nico autor intelectual posible¡± del asesinato

Las tres semanas del juicio del crimen de Polop no han desviado en lo m¨¢s m¨ªnimo el rumbo seguido por la fiscal, Lourdes Gim¨¦nez-Peric¨¢s. En sus conclusiones finales, ha mantenido este jueves las tesis establecidas en su escrito de acusaci¨®n inicial, as¨ª como las penas, de 25 a?os por asesinato para los supuestos autores intelectuales y dos m¨¢s por tenencia de armas para los materiales. Lo que s¨ª ha procurado afianzar es la culpabilidad del presunto cabecilla del complot que acab¨® con el alcalde Alejandro Ponsoda en 2007. Seg¨²n la fiscal, el exedil Juan Cano, n¨²mero dos del equipo municipal de la v¨ªctima, es ¡°el ¨²nico autor intelectual posible del asesinato¡±.

Son siete los acusados que han comparecido ante el jurado popular. Cano, el empresario Salvador Ros, el propietario del club de alterne Mesalina, Pedro Hermosilla, y su socio y lugarteniente, Ariel Gatto, como instigadores del crimen. Ra¨²l Montero, Robert Franek y Radim Rakowski, como autores de los tres disparos que recibi¨® Ponsoda. Sin embargo, la representante de la acusaci¨®n p¨²blica ha conseguido articular todo su discurso de forma que solo hubiera un protagonista principal. Tanto en la presentaci¨®n de indicios, como en la defensa de la investigaci¨®n llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la fiscal no ha permitido que el jurado aparte la mirada de Cano. ¡°Todos los caminos conduc¨ªan a ¨¦l¡±, sostiene.

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En primer lugar, Gim¨¦nez-Peric¨¢s ha desgranado todas las desavenencias que, seg¨²n las declaraciones de los testigos, manten¨ªan el concejal de Urbanismo y su ¨²nico jefe, el alcalde asesinado. Asegura la fiscal que exist¨ªan ¡°problemas constantes¡± entre ambos, dado que la ¡°ambici¨®n¡± del edil no era capaz de asumir que ¡°Ponsoda era quien ten¨ªa la ¨²ltima palabra en el Ayuntamiento y tomaba las decisiones¡±. Ha llegado a acusar a Cano de ¡°tratar de controlar¡± el urbanismo polopino mediante un ¡°golpe de Estado¡±, representado por la creaci¨®n de una gestora ajena al consistorio. El m¨®vil es evidente, para la fiscal. ¡°Si Ponsoda desaparec¨ªa, Cano se convert¨ªa en alcalde¡±, subraya.

Posteriormente, la responsable de la acusaci¨®n p¨²blica ha respaldado la investigaci¨®n de la UCO, de quienes dice que no dejaron una sola l¨ªnea de investigaci¨®n por analizar. ¡°Lo estudiaron todo y lo investigaron todo¡±, asegura. Las amenazas recibidas por Ponsoda por parte de ¡°vecinos con conflictos¡±, seg¨²n las calific¨® la fiscal, ¡°fueron descartadas porque no ten¨ªan motivo suficiente¡±. La ¡°vida sentimental¡± de la v¨ªctima tambi¨¦n, ya que Ponsoda ¡°no contaba a nadie cu¨¢l era su cargo¡± y llevaba ¡°esta parcela privada de su vida con absoluta discreci¨®n¡±. Con estos descartes, solo quedaba una posibilidad, insiste la representante del ministerio p¨²blico. ¡°Se intu¨ªa la presi¨®n y la incomodidad¡± que la v¨ªctima del crimen sent¨ªa frente a Cano.

Por ¨²ltimo, la fiscal ha intentado blindar la ¡°credibilidad¡± del testigo protegido, el antiguo mercenario y portero de clubes de Benidorm que situ¨® a Cano al frente la reuni¨®n en el Mesalina en la que, seg¨²n la investigaci¨®n, pact¨® el asesinato de Ponsoda junto a Ros, Hermosilla y Gatto. En su opini¨®n, el testigo fue ¡°sincero¡± en todo momento en su declaraci¨®n ante el jurado y no obtuvo beneficios por el relato que confes¨® a la UCO, sino ¡°perjuicios¡±.

El letrado de la acusaci¨®n particular, Vicente Garri, que defiende los intereses de las dos hijas de la v¨ªctima, ha a?adido en su posterior intervenci¨®n que todos los acusados son ¡°personas sin escr¨²pulos¡± y que la ¡°ambici¨®n personal¡± de Cano aliment¨® su ¡°odio hacia Ponsoda¡±, a quien ¡°humillaba y hac¨ªa la vida imposible¡± antes de que llegara el 19 de octubre de 2007, fecha en la que el alcalde de Polop recibi¨® tres tiros en su coche, justo en la rampa del aparcamiento de su vivienda.

Finalmente, tras los alegatos de las acusaciones, las siete defensas han tratado de que la magistrada, Cristina Costa, disolviera el jurado por la ausencia de pruebas, tal como establece el art¨ªculo 49 de la Ley del Jurado. Sin embargo, Costa ha rechazado esta propuesta conjunta, dado que no considera que los indicios presentados impiden que ¡°exista una total y absoluta ausencia de pruebas¡±, seg¨²n la normativa. Por tanto, tal como est¨¢ previsto, el pr¨®ximo lunes los integrantes del jurado recibir¨¢n el objeto del veredicto y pasar¨¢n a deliberar.