El Gobierno descarta dejar la elecci¨®n del Poder Judicial en manos de los jueces como piden PP y Ciudadanos

El Gobierno no se plantea cambiar el sistema de elecci¨®n de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que 12 de ellos sean elegidos directamente por los jueces, como exige el PP para sentarse a negociar la renovaci¨®n de este ¨®rgano, cuyos miembros est¨¢n en funciones desde diciembre de 2018. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha descartado esta posibilidad este lunes en su primera comparecencia ante la Comisi¨®n de Justicia del Congreso. El ministro, que ha defendido la ¡°doble legitimaci¨®n¡± que ofrece el modelo actual (los jueces proponen los nombres de aspirantes y, con esa lista, el Congreso y el Senado eligen a los vocales), no se ha cerrado a debatir cambios en este sistema, pero una vez que el actual consejo est¨¦ renovado.

La reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial para que los jueces elijan sin control parlamentario a 12 de los 20 vocales (el resto se elegir¨ªan a propuesta de los partidos) es la condici¨®n fundamental que hab¨ªa puesto hasta ahora el PP para negociar la renovaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces, aunque el presidente del partido, Pablo Casado, sum¨® ayer una bater¨ªa de nuevas condiciones sin relaci¨®n directa con el ¨¢mbito judicial tras su reuni¨®n con el presidente del Gobierno. El PSOE no es partidario del sistema de elecci¨®n que propone el PP (y que tambi¨¦n defiende Ciudadanos) porque considera que esta debe seguir dentro del ¨¢mbito parlamentario, pero el ministro de Justicia acept¨® ayer estudiar modificaciones una vez superado el escollo de la renovaci¨®n pendiente.

El Poder Judicial y otros organismos bloqueados

Son instituciones que exigen amplias mayor¨ªas para elegir a sus responsables. Consulte cu¨¢les son, qui¨¦nes las forman, para qu¨¦ sirven y c¨®mo funcionan.

Campo, que fue vocal del CGPJ que hasta ahora tiene el r¨¦cord de demora en la renovaci¨®n (de 2001 a 2008, los dos ¨²ltimos a?os en funciones), advirti¨® al PP que renovar el ¨®rgano de gobierno de los jueces es un ¡°mandato constitucional¡±. ¡°Despu¨¦s entraremos en debates sobre los mecanismos de selecci¨®n y sobre todo lo que quieran¡±, afirm¨® el ministro que, record¨® que el modelo vigente est¨¢ avalado por una sentencia del Tribunal Constitucional.

El portavoz del PP en la Comisi¨®n de Justicia, Luis Santamar¨ªa, asegur¨® que su partido ¡°no va a entrar en el mercadeo de nombres¡± que, a su juicio, implica el modelo actual de elecci¨®n del CGPJ, en el que los populares han participado hasta ahora. El Gobierno de Mariano Rajoy present¨® en 2012 un proyecto similar al que ahora defiende el PP, pero finalmente renunci¨® y, un a?o m¨¢s tarde, llev¨® las riendas para conformar el Consejo que actualmente est¨¢ en funciones, en el que 13 miembros (incluido el presidente Carlos Lesmes) fueron nombrados a propuesta del PP. Los populares tampoco impusieron este cambio cuando, a finales de 2018, negociaron con el PSOE la renovaci¨®n del Consejo para llevar al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, a la presidencia. El pacto entre los dos principales partidos termin¨® saltando por los aires cuando Marchena renunci¨® despu¨¦s de que se filtrara un mensaje enviado por el portavoz del PP en el Senado en el que se jactaba de que el acuerdo alcanzado permitir¨ªa a los populares seguir controlando ¡°por detr¨¢s" la Sala de lo Penal.

La primera comparecencia de Campo ante la Comisi¨®n de Justicia se prolong¨® durante cuatro horas. El ministro hizo constantes llamadas al "debate" y al "consenso" y tanto PP como Ciudadanos le llegaron a agradecer "el tono" de sus intervenciones. Pero los mensajes que lanzaron unos y otros evidenciaron enormes diferencias en algunos de los proyectos clave que el Gobierno quiere abordar. En otros, Campo y los portavoces de algunos grupos se mostraron optimistas.

Las investigaciones penales, en manos de los fiscales. El Gobierno va a retomar el plan de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para dar a los fiscales la direcci¨®n de la investigaci¨®n penal. Ha sido uno de los anuncios que ha hecho el titular de Justicia, que se ha comprometido a llevar al Consejo de Ministros para su aprobaci¨®n antes de final de a?o el anteproyecto de reforma de la Lecrim.

La modificaci¨®n de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales dirijan las investigaciones penales, como se hace en otros pa¨ªses europeos, es una idea que han compartido en los ¨²ltimos a?os PP y PSOE. Y uno de los ide¨®logos del primer proyecto fue el actual ministro de Justicia, que dirig¨ªa la Secretar¨ªa de Estado de Justicia cuando el ¨²ltimo Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero envi¨® al Congreso un proyecto de ley para abordar esta reforma. Ese proyecto lo retom¨® el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que encarg¨® a un grupo de expertos, encabezados por el ahora presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, un proyecto en el que el PP, por primera vez, asum¨ªa la instrucci¨®n de los fiscales. Pero la reforma se ha ido aplazando por la inestabilidad pol¨ªtica.

La instrucci¨®n de los fiscales ha sido una reivindicaci¨®n hist¨®rica de muchos juristas para dar la direcci¨®n de la instrucci¨®n penal a quienes ya llevan el peso de la investigaci¨®n. Sus defensores sostienen tambi¨¦n que ayudar¨ªa a evitar disfunciones que ahora lastran la cooperaci¨®n jur¨ªdica internacional, por la diferencia de competencias entre fiscales espa?oles y los jueces y los fiscales europeos.

El ministro Campo se ha marcado ahora esta reforma como una prioridad para avanzar hacia un proceso penal ¡°moderno, democr¨¢tico y plenamente adaptado a los principios constitucionales¡±. La actual norma, que data de 1882, est¨¢ ¡°desbordada por la realidad procesal¡±, ha afirmado el ministro, que ha calificado este proyecto de ¡°reto nacional¡± y se ha comprometido a abordarlo ¡°escuchando a todos¡± y atendiendo a la experiencia de juzgados y tribunales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. La reforma obligar¨¢ tambi¨¦n a modificar el Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal.

La reforma de la Lecrim forma parte forma parte de la columna vertebral del proyecto de Campo para su ministerio: el Plan de Justicia 2030, un conjunto de medidas destinadas a modernizar la justicia para ¡°convertirla en un verdadero servicio p¨²blico¡±. El proyecto bebe del plan que ya se puso en marcha en tiempos del ministro Francisco Caama?o, de cuyo equipo formaba parte el ahora ministro. Se trata, ha explicado Campo, de garantizar ¡°el derecho a una justicia de calidad, eficaz y sin dilaciones indebidas¡± a trav¨¦s del impulso a ¡°las soluciones extrajudiciales para la resoluci¨®n de conflictos¡± y ¡°reformas procesales para afrontar los pleitos en masa¡±.

El delito de sedici¨®n. El ministro no se ha referido en su primera intervenci¨®n ante la Comisi¨®n de Justicia a la reforma del C¨®digo Penal para modificar el delito de sedici¨®n por el que nueve l¨ªderes independentistas fueron condenados a entre 9 y 13 a?os de c¨¢rcel. Pero s¨ª lo ha hecho en el turno de contrarr¨¦plica despu¨¦s de que PP, Ciudadanos, Vox y Junts per Catalunya, entre otros, se refirieran a este asunto. Campo no ha dado pistas de qu¨¦ quiere modificar el Gobierno, pero ha asegurado que al delito de sedici¨®n ¡°hay que darle una vuelta¡±. ¡°Ya veremos en qu¨¦ t¨¦rminos, para ajustar los ataques a la Constituci¨®n, al orden p¨²blico, a la paz p¨²blica que se puedan producir¡±.

Los tres partidos de derecha han reprochado al Ejecutivo querer abordar la reforma legal para beneficiar a los l¨ªderes del proc¨¦s. ¡°Quieren hacer una reforma a la medida de los condenados¡±, ha sostenido el portavoz del PP, Luis Santamar¨ªa, que ha abogado por agravar las penas de los delitos de rebeli¨®n y sedici¨®n, penalizar la convocatoria de referendos ilegales y reformar la ley para impedir que pr¨®fugos de la justicia puedan presentarse a elecciones. ¡°Ah¨ª es donde nos encontrar¨¢n¡±, ha a?adido el diputado popular.

En las ant¨ªpodas de los tres partidos de la derecha, el diputado de Junts per Catalunya Jaume Alonso Cuevillas, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros l¨ªderes independentistas, ha reclamado directamente al Gobierno ¡°valent¨ªa¡± para no quedarse en ¡°suavizar¡± el delito de sedici¨®n sino para ir un paso m¨¢s all¨¢ y derogarlo.

Atenci¨®n a v¨ªctimas de violencia sexual. Durante su comparecencia, Campo ha avanzado tambi¨¦n este lunes que se va poner ya en marcha un plan de guardias de 24 horas para los m¨¦dicos forenses dependientes de su departamento y que se revisar¨¢n con car¨¢cter urgente los protocolos de intervenci¨®n en casos de violencia sexual. ¡°Las mujeres que han sido agredidas sexualmente no pueden esperar y tenemos que ponerlas en el centro del dise?o del sistema¡±, ha se?alado el ministro, que se ha comprometido tambi¨¦n a reforzar las oficinas de asistencia a las mujeres v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero. El ministro ha avanzado tambi¨¦n que espera ¡°culminar pronto¡± el anteproyecto de ley org¨¢nica de protecci¨®n integral a la infancia y la adolescencia, una iniciativa conjunta de los ministerios de de Justicia y Sanidad.