Puigdemont y el juez Llarena chocan en B¨¦lgica en un nuevo cap¨ªtulo de la denuncia contra el magistrado

Bruselas volvi¨® a convertirse este jueves en escenario de la monumental batalla judicial que libran en el exterior los dirigentes independentistas catalanes fugados. Esta vez, ante el tribunal franc¨®fono de primera instancia, los papeles se invirtieron: Carles Puigdemont como acusaci¨®n, Pablo Llarena como acusado. En medio, un debate: ?puede B¨¦lgica juzgar a un juez de otro pa¨ªs? Los l¨ªderes separatistas, ante las crecientes dudas jurisdiccionales, instan a la corte belga a preguntar al Tribunal de Justicia de la UE para que este haga la interpretaci¨®n correcta. La defensa del juez del Supremo no lo ve necesario: rechaza de plano que la justicia belga sea competente para pronunciarse sobre los actos de un magistrado espa?ol, acusa a los denunciantes de tratar de "presionar y desestabilizar" a Llarena con el fin ¨²ltimo de recusarle, y les exhorta a trasladar el litigio a los tribunales espa?oles.

La justicia belga decidir¨¢ antes del 24 de abril entre las tres opciones a su alcance: archivar el caso y cerrar as¨ª la puerta a condenar a Llarena, lanzar la cuesti¨®n prejudicial al TJUE ¡ªlo que supondr¨ªa extenderlo en el tiempo¡ª, o examinar el fondo de la demanda y hacer p¨²blico su dictamen sobre la presunta parcialidad del magistrado espa?ol.

Un a?o y medio despu¨¦s de su inicio, el proceso se ha alargado m¨¢s de lo previsto. En junio de 2018, los cinco dirigentes independentistas huidos en B¨¦lgica y Escocia ¡ªCarles Puigdemont, Meritxell Serret, Llu¨ªs Puig, Toni Com¨ªn y Clara Ponsat¨ª¡ª anunciaron una denuncia civil contra el juez por vulnerar su derecho a un juicio justo y a la presunci¨®n de inocencia tras unas declaraciones en Oviedo en las que afirmaba que no eran presos pol¨ªticos.

Las partes se han reencontrado en Bruselas en una vista ante los tres jueces a cargo del caso. Frente a ellos, han defendido posiciones contrapuestas. Ni Puigdemont ni Llarena estuvieron entre los presentes. Este ¨²ltimo estuvo representado por el abogado belga Hakim Boularbah, que insisti¨® en que los tribunales de su pa¨ªs no pueden asumir un caso contra un juez extranjero. El letrado, contratado por el Gobierno espa?ol, cree que la denuncia solo busca "exportar el conflicto pol¨ªtico ante los tribunales belgas", un entorno inc¨®modo para Llarena por desarrollarse en un sistema legal que desconoce con una lengua de trabajo que no domina.

El toma y daca se prolong¨® durante tres horas por la ma?ana, y continu¨® por la tarde. Los abogados del expresidente catal¨¢n dedicaron su intervenci¨®n inicial, de m¨¢s de media hora, a retroceder en el tiempo para recordar los antecedentes del choque de los l¨ªderes independentistas con el Estado. Un aluvi¨®n de fechas y acontecimientos que supuso una suerte de viaje en el tiempo desde el estatuto de autonom¨ªa catal¨¢n, mutilado en 2010 por el Tribunal Constitucional, hasta la huida de sus clientes a B¨¦lgica.

En la enumeraci¨®n, dibujaron a Llarena como un juez que ha olvidado la frontera entre el poder pol¨ªtico y judicial, apoy¨¢ndose en momentos como su pol¨¦mica cena con el concejal del PP del Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fern¨¢ndez D¨ªaz. Espa?a tampoco sali¨® bien parada: las recurrentes comparaciones con Polonia y Hungr¨ªa subieron un pelda?o m¨¢s para acabar con el abogado Christophe Marchand evocando la tiran¨ªa de Kazajist¨¢n para definir la respuesta espa?ola a la convocatoria del refer¨¦ndum del 1-O.

Los abogados de los independentistas pretenden que Llarena sea condenado a indemnizarles con un euro simb¨®lico a cada uno por su supuesta falta de imparcialidad, aunque m¨¢s all¨¢ de la cuesti¨®n econ¨®mica, son conscientes de que la denuncia tiene escaso recorrido pr¨¢ctico, y buscan una victoria pol¨ªtica que les ayude a cuestionar el funcionamiento de la justicia espa?ola.

Los cinco demandantes afirman que B¨¦lgica tiene competencias para tratar el asunto porque es el pa¨ªs en el que resid¨ªan cuando el juez realiz¨® las controvertidas declaraciones en Oviedo. Pero el argumento est¨¢ lejos de tener validez para los letrados del magistrado, que creen que si B¨¦lgica entrara en el fondo de la cuesti¨®n, se abrir¨ªa la puerta a una situaci¨®n ca¨®tica. "Imaginad que se pudiera abrir un proceso judicial contra otro Estado en cualquier pa¨ªs de la UE cuando no estamos de acuerdo con una decisi¨®n de la justicia", se?alaron. "Si ma?ana B¨¦lgica violara el derecho europeo de forma flagrante estar¨¦ feliz de que jueces espa?oles se le digan", argument¨® Marchand.

Boularbah enmarc¨® las declaraciones de Llarena en el entorno hipermediatizado que sigui¨® al refer¨¦ndum del 1 de octubre. Y justific¨® las palabras de su cliente con la necesidad de dar a conocer su punto de vista sobre lo que estaba ocurriendo en un momento de m¨¢xima tensi¨®n. "Forma parte del deber del magistrado dar informaci¨®n general al p¨²blico. Respondi¨® de forma neutra y general", defendi¨®.

En la sala estuvieron?dos representantes de la embajada espa?ola, dado que el Estado asumi¨® hacerse cargo de la defensa de Llarena, as¨ª como los exconsejeros y eurodiputados Clara Ponsat¨ª y Toni Com¨ªn. Este ¨²ltimo insisti¨® en que se ha vulnerado su presunci¨®n de inocencia y su derecho a un juez imparcial, e ironiz¨® sobre la ausencia de Llarena. "Ven¨ªamos con la ilusi¨®n y la expectativa de que compareciese, ha sido una decepci¨®n", afirm¨® burl¨®n.

Si en el primer cara a cara sobre Llarena en septiembre de 2018 el exterior del tribunal amaneci¨® plagado de lazos amarillos, en esta ocasi¨®n la simbolog¨ªa se limit¨® a las banderas esteladas que portaban varios simpatizantes independentistas.?