Una tasa a las redes sociales, la ¨²ltima forma de controlar internet en ?frica

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, lleva meses relacionando las redes sociales con la difusi¨®n de mentiras, de amenazas y de chismes y con la extensi¨®n de un clima de violencia y de desestabilizaci¨®n. En 2016, durante unas controvertidas elecciones presidenciales, no tuvo empacho en bloquear internet, para evitar que se difundiesen informaciones falsas, seg¨²n su versi¨®n. El pasado 1 de julio entr¨® en vigor una tasa especial sobre el uso de redes sociales en Uganda.

En agosto, el ministro de Econom¨ªa y Finanzas de Ben¨ªn, Romuald Wadagni, defend¨ªa la imposici¨®n de una nueva tasa a determinadas utilidades de internet. Sus argumentos eran econ¨®micos: gravar el uso l¨²dico del entorno digital para poder abaratar el uso profesional y preservar el valor del mercado para que los operadores puedan seguir ofreciendo mejoras. Sin embargo, le traicion¨® el subconsciente cuando asegur¨®: ¡°Quer¨¦is intercambiar im¨¢genes en whatsapp criticando al Gobierno, sois libres de hacerlo pero ten¨¦is que pagar el precio que es m¨¢s alto¡±. O bien cuando lanz¨® una t¨¦trica advertencia: ¡°Cada uso de internet deja una huella, cuando vosotros us¨¢is Telegram o WhatsApp, eso deja una huella. Sabemos lo que hac¨¦is en internet¡±.

Algunos gobiernos africanos est¨¢n usando el precio para limitar el acceso a la Red y obstaculizar un uso creciente relacionado con el compromiso ciudadano. Los activistas congole?os lo han denunciado; el gobierno tanzano estableci¨® la necesidad de una licencia vinculada a una tasa para los blogueros que a¨²n no se ha aplicado; los activistas chadianos se quejan de los impuestos a las operadoras de telefon¨ªa para aumentar el precio. Sin embargo, la aprobaci¨®n de una tasa espec¨ªfica que grava ciertos servicios, fundamentalmente las redes sociales, supone un salto cualitativo y amenaza con contagiar a otros gobiernos del continente. En Zambia, por ejemplo, se ha anunciado una tasa a las llamadas a trav¨¦s de la red. Por eso, los usuarios y las sociedades civiles afectadas han interpretado estos impuestos como un ataque a la libertad de expresi¨®n y se han puesto en pie de guerra.

#ThisTaxMustGo fue la reacci¨®n de la sociedad civil en Uganda?a los 200 chelines ugandeses (0,05 euros) diarios que ten¨ªan que pagar los usuarios de redes sociales. Teddy Ruge, un activista y emprendedor clave en el panorama digital ugand¨¦s, es firme al respecto: ¡°La tasa crea barreras a la participaci¨®n digital para aquellos que est¨¢n en la base de la pir¨¢mide. Es un impuesto contra los pobres, b¨¢sicamente, porque esa tasa diaria es igual al presupuesto total que mucha gente tiene para conectarse. Se les est¨¢ excluyendo porque se duplica el coste de la conexi¨®n¡±. Pero su doble perfil, activista y profesional, le lleva tambi¨¦n a otro an¨¢lisis: ¡°Somos un pa¨ªs con muchos j¨®venes y muy afectados por el desempleo, as¨ª que el impuesto frena el crecimiento de la econom¨ªa digital justo cuando se necesitaba acelerar¡±.

En un momento en el que el entorno digital ha mostrado una hostilidad hacia Museveni, no extra?a la sospecha de que la medida intenta silenciar la cr¨ªtica. ¡°El origen de todo esto fue sofocar la avalancha digital, pero los ugandeses siempre encontrar¨¢n la manera de conectarse¡±, comenta Ruge. ¡°Ha habido una oleada de uso de redes privadas virtuales (VPN), por ejemplo¡±. Sin embargo, estos sistemas, que camuflan el pa¨ªs de origen de la conexi¨®n encarecen el servicio porque incrementan el uso de datos. A pesar de eso, el emprendedor y activista ugand¨¦s se?ala un ir¨®nico efecto beneficioso de la medida: ¡°Este impuesto es una fuente constante de ingresos, as¨ª que ahora les costar¨¢ m¨¢s bloquear internet, que ha sido el sistema que hab¨ªan utilizado para controlar el discurso en las redes¡±.

A partir de la entrada en vigor de la tasa la protesta se intensific¨®. A la campa?a en las redes sociales que sirvi¨® de altavoz se unieron organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnist¨ªa Internacional. Las manifestaciones se trasladaron a las calles y a las instituciones. Pero ni siquiera esta generalizaci¨®n de la protesta hizo moverse a Museveni, que sigui¨® insistiendo en que las redes eran un lujo y que no pod¨ªan servir ni para difundir mentiras ni para enriquecer a empresas extranjeras. Lo siguiente es la impugnaci¨®n legal de la medida, que est¨¢n preparando organizaciones sociales ugandesas.

Por otro lado, el 18 de septiembre, Maurice Thantan, periodista y bloguero benin¨¦s, publicaba un tuit en el que dec¨ªa: ¡°A partir de esta medianoche, Ben¨ªn se convierte oficialmente en una dictadura en la que hay que pagar m¨¢s para criticar al Gobierno¡±. Se refer¨ªa a los argumentos que el ministro de Econom¨ªa y Finanzas hab¨ªa utilizado unas semanas antes para justificar la imposici¨®n de una tasa especial de cinco francos CFA (0,01 euros) el megabyte a lo que consideraba ¡°usos l¨²dicos¡± de internet. A partir de ese momento, se intensific¨® la campa?a #TaxePasMesMo. Emprendedores, actores culturales, representantes de organizaciones sociales y usuarios an¨®nimos se sumaron a ella.

Thantan era claro al rechazar la tasa: ¡°El precio de los paquetes de datos se va a disparar y muy poca gente tendr¨¢ acceso a ellos. Las iniciativas ciudadanas perder¨¢n visibilidad, las empresas que operan en el entorno digital perder¨¢n clientes y oportunidades de negocio, las voces cr¨ªticas de periodistas o de otros activistas van a reducirse. As¨ª que, para el Gobierno, es una forma indirecta de reducir la libertad de expresi¨®n en nuestro pa¨ªs¡±. ¡°Este decreto viola la Constituci¨®n que reconoce la libertad de expresi¨®n y de opini¨®n como libertades fundamentales y derechos b¨¢sicos¡±, sentenciaba.

Por su parte, Fid¨¨le Kikan, director de Amnist¨ªa Internacional en Ben¨ªn, muy implicado tambi¨¦n en la campa?a, advert¨ªa de que la medida ¡°restringe o incluso impide el acceso a la libre expresi¨®n y el derecho a la informaci¨®n en las redes sociales porque la mayor parte de los actores de la sociedad civil no tienen demasiados recursos para difundir su mensaje¡±. As¨ª, predec¨ªa ¡°un riesgo de autocensura y por eso es una medida que ataca y censura a los defensores de los derechos humanos¡±, haciendo referencia de nuevo a los amenazadores argumentos del ministro de Econom¨ªa y Finanzas. Kikan recordaba una situaci¨®n concreta: ¡°Si las elecciones presidenciales de 2016 fueron relativamente transparentes fue, en gran medida, por la vigilancia ciudadana que se realizaba desde las redes sociales. Eso es lo que se intenta aplastar¡±.

El 22 de septiembre, tres d¨ªas despu¨¦s de que la tasa entrase en vigor, el Gobierno de Ben¨ªn anunci¨® que se anulaba. En un comunicado reconoc¨ªa haber tenido en cuenta las quejas de los usuarios y que se hab¨ªan percatado de que ¡°el encarecimiento de las tarifas, sobre todo para los consumidores m¨¢s modestos, supone un obst¨¢culo para la democratizaci¨®n de internet que es un objetivo del Gobierno¡±.

La decisi¨®n fue asumida como una victoria del activismo digital y fue compartida por los miembros de las comunidades virtuales de pa¨ªses vecinos. La imposici¨®n de tasas a internet como una forma de controlar el acceso y de limitar ciertos usos se interpreta en el continente como una peligrosa deriva para la libertad de expresi¨®n y para el ejercicio de nuevas formas de ciudadan¨ªa. Pesaba, en estas comunidades, la amenaza de un efecto imitaci¨®n por parte de otros gobiernos. Por ello, la victoria conseguida en Ben¨ªn ha sido valorada en muchos pa¨ªses como una batalla en el casillero de sociedad civil en su lucha contra la censura.