Madrid y Valencia superan el 50% de las quejas al Defensor del Pueblo sobre Dependencia

Las personas que padecen alg¨²n tipo de dependencia est¨¢n vi¨¦ndose en severos aprietos en las Comunidades de Madrid y de Valencia. Ellas dos acumulan m¨¢s de la mitad de las quejas que ha recibido el Defensor del Pueblo en 2008. Quejas de ciudadanos a nivel individual. Reclaman que se les reconozcan los derechos establecidos en la Ley de Dependencia desde 2006 y algunos piden ayuda porque nadie en la administraci¨®n regional les informa sobre c¨®mo va la tramitaci¨®n de la solicitud que presentaron hace meses.

La normativa que estas dos comunidades han desarrollado para tramitar las solicitudes de los ciudadanos alarga los tr¨¢mites y deja en algunos casos a la gente en una completa indefensi¨®n. En Madrid algunos se han agrupado y han buscado la asistencia de abogados, que han denunciado esta normativa regional. El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad ha admitido a tr¨¢mite su queja. En Valencia tambi¨¦n se han organizado los ciudadanos, que han contado con la colaboraci¨®n del Colegio de Abogados, que ha destinado un turno de oficio s¨®lo para atender y cursar las reclamaciones de los ciudadanos. Les asesoran gratuitamente y les hacen los recursos previos a la v¨ªa judicial. As¨ª que, una ley prevista para ofrecer ayuda a los m¨¢s necesitados se ha convertido en algunas comunidades en un descalabro para muchos usuarios.

En la Comunidad Valenciana se reconoce que han dejado en suspenso los tr¨¢mites de algunos ciudadanos cuando percib¨ªan que su grado de dependencia era moderado o leve y por tanto, no estaban obligados a conceder la ayuda en 2008. Y se dejaba el caso apartado sin comunicar nada al ciudadano. El Defensor recuerda la "obligaci¨®n" que tiene la Administraci¨®n de dictar resoluci¨®n expresa sobre las solicitudes que formulen las personas sin que puedan aplicar el silencio administrativo para resolver ese expediente o dejar de hacerlo. Y recuerda las posibilidades que tiene esta ley si se gestiona de forma eficaz para proporcionar toda una cantera de nuevos puestos de trabajo.

Problemas hay en todas las comunidades, aunque algunas presenten una gesti¨®n de la ley manifiestamente mejorable. El Defensor detecta las carencias que desde el inicio present¨® el programa inform¨¢tico que puso en marcha el Gobierno, llamado por sus siglas, el SISAAD, que cost¨® 22 millones de euros y pretende ser tan capaz como el que maneja los datos de Hacienda o el de la Seguridad Social. Pero los sistemas con los que ya operaban las comunidades eran a veces incompatibles con ¨¦ste. Los problemas los recoge el Defensor, quien habla de "duplicaci¨®n de tareas" y de "numerosos errores".

El Informe destaca "el significativo n¨²mero de interesados que han fallecido a lo largo del proceso" de solicitud y recepci¨®n de ayudas. Por si eso fuera poco, pr¨¢cticamente cada comunidad act¨²a de una forma distinta cuando esto ocurre: unas pagan a los herederos (siempre que se trate de una prestaci¨®n econ¨®mica lo que correspond¨ªa al solicitante) con efecto retroactivo, otras no, como La Rioja, donde entienden que cuando el beneficiario ha fallecido "no existe un derecho consolidado, sino una expectativa de derecho". Y entre las que pagan, no todas lo hacen desde el mismo momento: algunas reembolsan desde que se curs¨® la solicitud, otras desde que se prescribi¨® la ayuda. Hay meses de diferencia entre todo eso.

El Informe recoge tambi¨¦n dificultades cuando el solicitante se traslada de una comunidad a otra en pleno proceso de reconocimiento de su grado de dependencia. Estos casos son comunes entre los ancianos que tienen hijos viviendo en distintos sitios de Espa?a, los llamados abuelos golondrina. El Defensor recomienda que se "exporten" las prestaciones que recibe el cuidador familiar que en cada periodo atienda al dependiente.

Las comunidades tambi¨¦n encuentran dificultades para recabar datos econ¨®micos de los posibles usuarios de la Dependencia y establecer as¨ª la aportaci¨®n que ha de hacer el ciudadano al servicio que reciba (el copago). La Administraci¨®n se enreda con datos que posee ella misma.

La mayor¨ªa de las comunidades lamentan, seg¨²n recoge el Informe del Defensor, la escasa y poco estable financiaci¨®n que recibe esta ley y que las obliga a aportar mucho m¨¢s dinero del que se preve¨ªa.