Espa?a y otros seis pa¨ªses logran bloquear la norma comunitaria que permite el 'turismo sanitario'
Su aplicaci¨®n supondr¨ªa un coste adicional de 2.000 millones de euros anuales para el sistema p¨²blico, seg¨²n el Ministerio de Sanidad
Espa?a y otros seis pa¨ªses de la UE han logrado bloquear un acuerdo sobre la directiva europea de asistencia m¨¦dica transfronteriza, que busca eliminar los obst¨¢culos administrativos para que los ciudadanos comunitarios puedan recibir asistencia sanitaria en otros Estados miembros y obtener el reembolso de esos gastos. Espa?a se opone a esta directiva porque no garantiza una atenci¨®n sanitaria de buena calidad y porque su aplicaci¨®n supondr¨ªa un coste adicional de 2.000 millones de euros anuales para el sistema p¨²blico, entre otros motivos, seg¨²n ha dicho la ministra de Sanidad, Trinidad Jim¨¦nez.
"Hubo una minor¨ªa de bloqueo que hizo imposible el acuerdo pese a que la presidencia present¨® dos nuevas propuestas de compromiso", ha dicho una portavoz de la presidencia sueca de la UE. Ahora ser¨¢ la presidencia espa?ola, durante el primer semestre de 2010, la que trate de lograr un acuerdo sobre la directiva de servicios sanitarios.
Espa?a, junto a Portugal, lidera el rechazo a la directiva desde que fue propuesta por la Comisi¨®n Europea (CE) a mediados de 2008, y ambos han logrado conformar una minor¨ªa de bloqueo -en la que tambi¨¦n figuran Polonia, Grecia, Rumania, Lituania y Eslovaquia- en el Consejo de Sanidad celebrado este martes en Bruselas.
La directiva establece que los europeos no necesitan autorizaci¨®n previa de su pa¨ªs de origen para recurrir al llamado turismo sanitario, por ejemplo, para evitar una lista de espera, y tienen derecho a que se les reembolse el coste del tratamiento a la vuelta. En el caso de los tratamientos hospitalarios y altamente especializados, s¨ª que se permitir¨¢ a los Estados miembros introducir un sistema de autorizaci¨®n previa para sus nacionales que quieran ir a otro pa¨ªs de la UE. Eso s¨ª, deber¨¢n justificar que, sin esta restricci¨®n, podr¨ªa haber riesgos para el funcionamiento de su sistema sanitario. La postura espa?ola es de "una reserva general" ante la directiva, ya que ¨¦sta "va en contra del derecho exclusivo que tiene cada Estado de organizaci¨®n de sus servicios sanitarios", indic¨® Jim¨¦nez a su llegada al Consejo.
La normativa "contempla algunos aspectos que nos parecen preocupantes", subray¨® Jim¨¦nez. En particular, seg¨²n apunt¨®, la calidad de la atenci¨®n sanitaria se ver¨ªa perjudicada por la posibilidad de que una persona acceda a un servicio sanitario concreto "sin que exista la recomendaci¨®n previa de un m¨¦dico". Espa?a tambi¨¦n se opone a que se incluya "cualquier servicio sanitario" -en lugar de s¨®lo los ligados al sistema p¨²blico-, y quiere que se precise si el coste de la asistencia m¨¦dica escogida por el paciente corresponder¨¢ a su pa¨ªs de origen o al de residencia.
La propuesta presentada por la presidencia sueca obliga a la sanidad p¨²blica a pagar el tratamiento de un paciente que acuda a un hospital privado de otro pa¨ªs de la UE, incluso aunque no estuviera concertado. El Gobierno rechaza esta posibilidad y alega que si el mismo ciudadano va a un hospital privado en Espa?a no se le reembolsar¨ªan los costes.
El segundo problema para Espa?a es la definici¨®n del Estado miembro de afiliaci¨®n, sobre todo en el caso de los pensionistas. Los pa¨ªses n¨®rdicos y la presidencia defienden que el Estado miembro de afiliaci¨®n sea el de residencia. Es decir, que si un jubilado alem¨¢n que reside en Mallorca va a tratarse a Alemania, debe ser Espa?a la que le pague los costes. Sin embargo, los pa¨ªses del sur defienden que el Estado de afiliaci¨®n sea aquel donde el pensionista ha contribuido a la seguridad social. Es decir, en el caso anterior, deber¨ªa ser Alemania la que pagara.
El sistema de reembolso tras la prestaci¨®n de servicios m¨¦dicos "aumentar¨ªan de forma importante los gastos" del sistema p¨²blico de salud, y en particular podr¨ªa suponer un coste adicional de hasta 2.000 millones de euros, seg¨²n Jim¨¦nez. Espa?a considera innecesaria la nueva normativa, ya que "hay unos reglamentos de Seguridad Social que ya contemplan la movilidad" de los pacientes dentro de la UE. "Nos hubiera gustado que se planteara una armonizaci¨®n encaminada a buscar una mayor calidad en la prestaci¨®n de servicios como un bien p¨²blico, no como una mercanc¨ªa m¨¢s", concluy¨® Jim¨¦nez.
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