Las cl¨ªnicas abortistas denuncian que hay 17 leyes del aborto, una por cada autonom¨ªa

La Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n del Embarazo (ACAI) ha denunciado hoy que la nueva ley del aborto no ha cumplido con su objetivo de garantizar la igualdad de acceso a esta prestaci¨®n en toda Espa?a porque "hoy existen 17 leyes del aborto, una por cada autonom¨ªa".

Tras cumplirse siete meses de aplicaci¨®n de la norma, ACAI ha constatado en sus 36 centros que las autoridades no est¨¢n ejecutando los "pilares b¨¢sicos" que llevaron a su aprobaci¨®n: equidad, seguridad, gratuidad y confidencialidad en la practica del aborto.

Andaluc¨ªa sigue siendo la regi¨®n que mejor est¨¢ cumpliendo la ley, mientras que Madrid y Catalu?a son las que m¨¢s dificultades est¨¢n presentando para convertir esta prestaci¨®n en un recurso asequible, equitativo, gratuito y desideologizado, ha informado en rueda de prensa Francisca Garc¨ªa, vicepresidenta de ACAI.

El presidente de la asociaci¨®n, Santiago Barambio, ha explicado que la "libertad" que los decretos de desarrollo de la ley otorgan a los Gobiernos auton¨®micos y el "escaso margen de maniobra" que reservan al Ejecutivo hacen "imposible" que se cumpla. Barambio, que ha expuesto este problema a los dirigentes del Ministerio de Sanidad, ha pedido a su titular, Leire Paj¨ªn, que haga uso de la disposici¨®n que contienen los reglamentos para dictar "cuantas medidas sean necesarias para unificar criterios" y ha reclamado a los gestores auton¨®micos que cumplan con sus obligaciones.

De Catalu?a, ha denunciado que se est¨¢n practicando abortos farmacol¨®gicos en los centros de Atenci¨®n Primaria, sin estar acreditados para ello, mientras que se exige a las mujeres el previo pago de la intervenci¨®n. La norma obliga a las Administraciones auton¨®micas a suministrar la informaci¨®n preceptiva y algunas, como la andaluza, no han sido capaces de distribuir regularmente los sobres mientras que la "ideologizaci¨®n" de la documentaci¨®n se observa en Madrid, donde "culpabilizan a la mujer y la dirigen a organizaciones de signo claramente antielecci¨®n". El tema de la confidencialidad tambi¨¦n se ha complicado "tremendamente" con la nueva ley y en Catalu?a, Valencia o Madrid la afectada queda "identificada durante todo el proceso, y su intimidad, expuesta".

Frente a comunidades donde todo el proceso del aborto no dura m¨¢s de una semana -Pa¨ªs Vasco, Valencia, Murcia o Galicia-, en otras como Catalu?a, algunas provincias de Castilla y Le¨®n y Madrid puede prolongarse hasta tres semanas. Seg¨²n la vicepresidenta de ACAI, esto conduce a muchas mujeres a renunciar a la prestaci¨®n gratuita "por agotamiento emocional" o por miedo a superar determinadas semanas de gestaci¨®n.

Las f¨¦minas de Navarra y La Rioja tienen que trasladarse a otras autonom¨ªas porque no se les ofrece otra posibilidad, y algunas de determinadas provincias de Castilla y Le¨®n -Le¨®n, Salamanca, Segovia y Soria- tienen que abandonar no solo su provincia, sino la regi¨®n si quieren que la prestaci¨®n les sea financiada p¨²blicamente.

Barambio ha hecho hincapi¨¦ en la falta de definici¨®n del concepto "gestaci¨®n" que sit¨²a "de nuevo" tanto a la mujer como al profesional en una situaci¨®n de "inseguridad jur¨ªdica", ya que la norma deja a la interpretaci¨®n personal el momento desde el cual se inicia el embarazo.

En ninguna autonom¨ªa, salvo en Andaluc¨ªa, se ha consolidado un modelo de concertaci¨®n p¨²blico para la prestaci¨®n del servicio, lo que fomenta la "desigualdad" y la "opacidad" en el acceso. As¨ª, el porcentaje de intervenciones realizadas con financiaci¨®n p¨²blica es muy alto, por ejemplo en Asturias, con m¨¢s de un 90%, y en algunas provincias relativamente bajo, como el 15% de A Coru?a. La tendencia general se va aproximando a un 60% de intervenciones con dinero p¨²blico y un 30% practicadas de manera privada, ha apuntado el presidente de ACAI.

En cuanto al pago, en unos casos como el catal¨¢n es la mujer la que ha de adelantarlo, lo que resulta muy costoso para mujeres que, en ocasiones, deciden abortar por carecer de recursos. En otras regiones se ha establecido un sistema de facturaci¨®n directa de la cl¨ªnica a la consejer¨ªa u hospital que, seg¨²n Barambio, est¨¢ "asfixiando econ¨®micamente" a los centros acreditados.