El Tribunal Constitucional deja en suspenso la ley valenciana de custodia compartida

El Tribunal Constitucional ha dejado en suspenso la vigencia y aplicaci¨®n de los preceptos impugnados de la ley valenciana de custodia compartidatras la admisi¨®n a tr¨¢mite, el pasado d¨ªa 19, del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra esta norma, seg¨²n publica hoy el Bolet¨ªn Oficial del Estado.

La ley valenciana, que entr¨® en vigor el pasado 5 de mayo, da prioridad al pacto entre los progenitores, pero en ausencia de acuerdo contempla como regla general la custodia compartida, y regula la relaci¨®n de los menores con sus hermanos, abuelos, otros parientes y personas allegadas.

El Tribunal Constitucional ha admitido a tr¨¢mite el recurso, despu¨¦s de que el Consejo de Ministros decidiera interponerlo por considerar que la norma valenciana vulnera las competencias estatales sobre legislaci¨®n civil, ya que la Constituci¨®n, en su art¨ªculo 149, reserva al Estado la competencia exclusiva sobre esta normativa, "sin perjuicio de la conservaci¨®n, modificaci¨®n y desarrollo por las comunidades aut¨®nomas de los derechos civiles, forales o especiales, donde existan". El Gobierno ha recalcado que esa norma "no puede encontrar amparo" en la competencia exclusiva que reconoce el estatuto de autonom¨ªa (art¨ªculo 49.1.2), "dado que no desarrolla ninguna disposici¨®n del derecho civil de la comunidad aut¨®noma", por lo que exceder¨ªa sus competencias.

Adem¨¢s de la custodia compartida, la ley valenciana regula el Pacto de convivencia familiar, que debe aprobarse judicialmente, en el que los progenitores deben acordar los t¨¦rminos de su relaci¨®n con sus hijos y de ¨¦stos con el resto de la familia, as¨ª como el destino de la vivienda y el ajuar familiar, y la cuant¨ªa y modo de satisfacer los gastos de atenci¨®n a los menores. No obstante, concreta cuestiones en torno al uso de la vivienda, como "una compensaci¨®n" para la persona que tenga que abandonar la residencia familiar, "teniendo en cuenta las rentas pagadas por alquileres de inmuebles similares en la zona".

Tambi¨¦n incluye precisiones sobre el modo de sufragar los gastos educativos y sanitarios de los hijos, al se?alar que aquellos no cubiertos por los sistemas p¨²blicos o cualquier otra mutualidad u organismo al que pudieran estar afiliados los menores, "tendr¨¢n que ser sufragados obligatoriamente por ambos progenitores" en la proporci¨®n que establezca el juez.

La norma introduce tambi¨¦n, como factor a tener en cuenta por la autoridad judicial antes de fijar el r¨¦gimen de convivencia de cada progenitor, "la dedicaci¨®n pasada a la familia, el tiempo dedicado a la crianza y educaci¨®n de los hijos menores y la capacidad de cada progenitor".