Montero afirma que la Junta se limit¨® a aplicar la ley de muerte digna en el caso de Huelva
La enferma estaba en un estado de inconsciencia irreversible.- La delegaci¨®n de Sanidad tuvo que "aclarar" al centro su obligaci¨®n
La delegaci¨®n de la Consejer¨ªa de Salud en Huelva se puso en contacto ayer con el hospital Blanca Paloma de Huelva, para que le retirara la sonda nasog¨¢strica que le pusieron a una mujer el 4 de agosto. La mujer tiene el cerebro destrozado por un infarto cerebral desde el 26 de julio. El 4 de agosto la sondaron y su hijo, Jos¨¦ Ram¨®n P¨¢ez, hab¨ªa reclamado al centro el retiro de la sonda. "La hab¨ªan convertido en una m¨¢quina de bombear sangre. Y eso puede ser viable t¨¦cnicamente, pero no es admisible ni humano", dec¨ªa ayer a este peri¨®dico el hijo por tel¨¦fono antes de conocer la intervenci¨®n de la Junta. Este peri¨®dico intent¨® sin ¨¦xito conseguir la versi¨®n del hospital.
Mar¨ªa Jes¨²s Montero, consejera de Salud, ha negado hoy, sin embargo, que se obligase al hospital Blanca Paloma, de Huelva, concertado con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Montero ha explicado que bast¨® "una aclaraci¨®n" sobre la aplicaci¨®n de la ley auton¨®mica de muerte digna de 2010 para solucionar la situaci¨®n.
Esta norma estipula que "toda persona tiene derecho a rechazar la intervenci¨®n propuesta por los profesionales sanitarios, tras un proceso de informaci¨®n y decisi¨®n, aunque ello pueda poner en peligro su vida". La norma se redact¨® despu¨¦s del caso de Inmaculada Echevarr¨ªa, la mujer que tuvo que batallar meses hasta que en 2007 la Junta acept¨® quitarle el respirador del que depend¨ªa desde hac¨ªa 11 a?os. Despu¨¦s vinieron las leyes de Arag¨®n y Navarra. Este a?o, el Gobierno ha enviado un proyecto de ley similar al Congreso, pero no va a dar tiempo a tramitarlo antes de las elecciones del 20 de noviembre.
"La aplicaci¨®n de la ley de muerte diga se est¨¢ haciendo con total normalidad en todos nuestros centros sanitarios, pero si alguna persona entiende que no se respetan sus derechos o tiene alg¨²n obst¨¢culo para poder desarrollarlos tiene a su disposici¨®n todos los mecanismos para pode reclamarlos y, entre ellos, dirigirse a la propia Administraci¨®n", ha indicado la consejera hoy.
Pese a la ley auton¨®mica, al representante de la mujer no le ha sido f¨¢cil que respetaran su voluntad y la de su madre. "Ella no quer¨ªa vivir amarrada a unos tubos. Dec¨ªa que hab¨ªa disfrutado mucho de la vida", afirma con la voz entrecortada Jos¨¦ Ram¨®n P¨¢ez.
Montero ha recordado hoy que tanto los centros como los profesionales sanitarios tienen 'la obligaci¨®n' de conocer esta ley, "de obligado cumplimiento tanto en centros p¨²blicos como privados". Adem¨¢s, ha recordado que los centros hospitalarios "son los responsables" de arbitrar los mecanismos para el cumplimiento de la ley de muerte digna y ha recomendado que aprueben protocolos de actuaci¨®n para agilizar este tipo de actuaciones y no demorar las peticiones de los pacientes o de sus familiares.
Ha sido casi un mes "de drama", dice el hijo. "El 26, cuando se iba a levantar, a mi madre le dio un infarto cerebral y se cay¨®". En urgencias del hospital le hicieron un TAC, y "nos dijeron que ten¨ªa todo el cerebro afectado, que no sent¨ªa nada, y que en este estado no la iban a sondar para no martirizarla". Pero el hospital Juan Ram¨®n Jim¨¦nez de Huelva deriv¨® a la mujer al concertado Blanca Paloma, y ah¨ª la situaci¨®n cambi¨®. "El 29 de julio el m¨¦dico nos dijo que hab¨ªa que sondarla, que con los sueros solo no era bastante", relata el hijo. ?l intent¨® oponerse, porque sab¨ªa que "no era lo que ella quer¨ªa". "Hasta las mujeres que la cuidaban -dos desde que en mayo se hab¨ªa roto la cadera- se ofrecieron a testificarlo", afirma.
El 4 de agosto, el m¨¦dico "nos dio un ultim¨¢tum". "Nos dijo que no alimentarla estaba castigado por el C¨®digo Penal, lo que es mentira. Que si yo no quer¨ªa, la mandaba a casa. Yo estaba muy confuso, y ced¨ª", recuerda el hijo. Pero luego lo pens¨® mejor. Busc¨® ayuda en la asociaci¨®n Derecho a Morir Dignamente (DMD), de la que hab¨ªa le¨ªdo por el caso de Carmen P¨¦rez, la mujer que est¨¢ en una residencia de Legan¨¦s en una situaci¨®n similar. Volvi¨® al centro, pero el m¨¦dico que hab¨ªa atendido en primer lugar a su madre estaba de vacaciones, y el sustituto, aunque le ha dado la raz¨®n, no tom¨® la decisi¨®n que le ped¨ªan. "No quiero dejarlo mal. El centro es excelente y los cuidados tambi¨¦n, solo me quejo de que no quisieron hacerme caso", dice el hombre ahora que ya sabe que la Junta ha intervenido.
En su lucha, lo m¨¢s que consigui¨® fue que le ofrecieran cambiarla de centro. "Pero mi madre no es una caja para que la tenga para arriba y para abajo", se queja. Cuando vio que de palabra no consegu¨ªa nada, con la ayuda de DMD formul¨® una reclamaci¨®n por escrito. La presentaron en el centro ayer por la ma?ana. Tambi¨¦n la enviaron ante la Junta.
"Lo terrible es que haya que recurrir a estos medios, con cartas y amenazas con sacarlo en la prensa, cuando lo ¨²nico que se pide es un derecho", coment¨® ayer Luis Montes, el m¨¦dico de Legan¨¦s que fue injustamente acusado de practicar eutanasias y que ahora preside DMD.
A media tarde de ayer, le retiraron la sonda a la mujer. Aliviado por hacer la voluntad de su madre, a Jos¨¦ Ram¨®n P¨¢ez ya solo le queda acompa?arla hasta el final.
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