La ley de muerte digna consagra el derecho a morir en una habitaci¨®n individual

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, una norma que pretende aclarar los derechos de los pacientes en situaci¨®n terminal y las obligaciones del personal sanitario que los atiende. La ley consagra los derechos a renunciar a un tratamiento m¨¦dico y al uso de sedaciones terminales aun a costa de acortar la agon¨ªa y acelerar la muerte. El texto tambi¨¦n reconoce el derecho del paciente a que, en la etapa final de su vida, se preserve su intimidad y la de su familia, a que est¨¦ acompa?ado y a que se le permita recibir el auxilio espiritual que solicite conforme a sus creencias. La ley establece que, al menos en la fase de agon¨ªa, el enfermo podr¨¢ pasarla en una habitaci¨®n individual.

Hasta ahora, la mayor parte de estos derechos estaban recogidos en la ley de autonom¨ªa del paciente de 2002, pero casos como el de Inmaculada Echevarr¨ªa, que tuvo que esperar seis meses para que la desconectaran del respirador que la manten¨ªa con vida, han aconsejado elaborar otra ley m¨¢s concreta.

La ministra de Sanidad, Pol¨ªtica Social e Igualdad, Leire Paj¨ªn, ha se?alado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno "ha querido dar un paso m¨¢s y pasar de un modelo asistencial a un sistema de derechos y garant¨ªas". La ministra ha dicho que se trata de una norma "muy demandada" por asociaci¨®nes sanitarias y de pacientes, y por los ciudadanos, consensuada con expertos, asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios, y ha confiado en que ese consenso rija tambi¨¦n su tramitaci¨®n parlamentaria.

La Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna no regula la eutanasia ni la ayuda necesaria al suicidio, que siguen estando penalizados. A pesar de que el PSOE hab¨ªa incluido en su programa electoral de 2004 la creaci¨®n de una comisi¨®n parlamentaria para estudiar la eutanasia, el debate no se ha abierto ni se incluy¨® el tema en el plan para su mandato de la legislatura que termina el a?o que viene. En este sentido, Paj¨ªn ha destacado que la ley "no despenaliza ni la eutanasia ni el suicidio asistido. Lo que hace es asegurar que la intervenci¨®n sobre el paciente evite el ensa?amiento terap¨¦utico y el sufrimiento innecesario".

La norma, b¨¢sicamente, pone negro sobre blanco lo que en el ¨¢mbito de la atenci¨®n al final de la vida se considera una buena pr¨¢ctica m¨¦dica: tratar hasta que no hay esperanza y aliviar el sufrimiento a partir de ese momento. Asimismo, se insiste en el derecho a la atenci¨®n domiciliaria y en que tambi¨¦n los menores deben ser atendidos.

Respecto a los profesionales, no se contempla ning¨²n tipo de objeci¨®n, ya que las pr¨¢cticas reguladas est¨¢n consideradas como parte del correcto proceder y son derechos indisputables del paciente. Una encuesta de finales de 2010 recog¨ªa que el 97,3% de los responsables de colegios profesionales estaba de acuerdo en aplicar tratamientos para eliminar el dolor aunque estos acorten la vida del paciente.

Tras el visto bueno del Ejecutivo, el texto se remitir¨¢ al Consejo de Estado y resto de ¨®rganos consultivos, y se presentar¨¢ a las comunidades aut¨®nomas en el marco del Consejo Interterritorial. Tras esto, ya en el mes de junio, se llevar¨¢ nuevamente al Consejo de Ministros para que apruebe el proyecto de ley y pueda iniciarse la tramitaci¨®n parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Seg¨²n las previsiones de Sanidad, el objetivo es que la ley, que entrar¨¢ en vigor un mes despu¨¦s de su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE), pueda aprobarse antes de que acabe el a?o, teniendo en cuenta que la tramitaci¨®n parlamentaria suele demorarse entre cuatro y seis meses.

Tras los pasos de Andaluc¨ªa

Andaluc¨ªa ha sido la primera comunidad aut¨®noma en regular el derecho a una muerte digna. "Una vida digna requiere una muerte digna", establece el pre¨¢mbulo del texto de la norma auton¨®mica, que el Parlamento andaluz aprob¨® por unanimidad el 17 de marzo de 2010.

La ley andaluza, redactada con el acuerdo y las aportaciones de m¨¢s de 60 colectivos, reconoce el derecho a recibir, o no si as¨ª lo desea el paciente, informaci¨®n cl¨ªnica veraz y comprensible sobre su diagn¨®stico, con el fin de ayudarle en la toma de decisiones. Tambi¨¦n se regula el derecho del paciente a recibir tratamiento para el dolor, incluyendo la sedaci¨®n paliativa y cuidados paliativos integrales en su domicilio siempre que no est¨¦n contraindicados. La persona afectada podr¨¢ igualmente rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervenci¨®n, aunque ello pueda poner en peligro su vida.

Arag¨®n tambi¨¦n aprob¨®, el 24 de marzo pasado, una ley auton¨®mica similar. Solo el Partido Popular rechaz¨® la propuesta, por considerar que la norma es una "trampa" hacia la eutanasia y porque no permite la objeci¨®n de conciencia. Este asunto tambi¨¦n preocup¨® al PP andaluz, por miedo a contrariar al ala m¨¢s dura del partido y a la Iglesia, pero finalmente en Andaluc¨ªa optaron por forzar que los art¨ªculos de la norma se votaran por separado, para oponerse solo a tres.